Diego Badillo
Durante los últimos cuatro años se ha estabilizado la incidencia de muertes violentas de mujeres y se redujo el ritmo de crecimiento que registraron las cifras de 2015 a 2019. Sin embargo es necesario evaluar los programas implementados por el gobierno para contener y erradicar las violencias contra las mujeres, sobre todo porque no han bajado, sólo no han crecido al ritmo que traían, exponen activistas que tienen como causa la defensa de los derechos de las mujeres.
María de la Luz Estrada Mendoza directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) explicó que, debido a que las violencias no solo están suscritas en el ámbito familiar, sino en contextos criminales, tendría que contarse con evidencia que pudieran demostrar cómo están impactando las intervenciones gubernamentales, sobre todo porque en materia de seguridad no ha habido un cambio sustancial respecto de lo hecho en gobiernos anteriores.
“La militarización para nosotros es algo que genera mucho más vulneración a los derechos humanos y las mujeres se encuentran en mayor riesgo. Nosotros no vemos que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto eso funcionara. Si ahora los militares van a respetar los derechos humanos, no lo estamos viendo así, todo lo contrario, es una demanda que los militares tienen que estar fuera de las calles”.
Por su parte Alma Guadarrama Muñoz, investigadora de la Universidad La Salle expuso que con la pandemia de la Covid-19 lo que aumentó no fueron los feminicidios, sino la violencia contra la mujer en sus diversas manifestaciones.
Cuando el mundo regresó a la nueva normalidad volvió a incrementarse el número de feminicidios, sin embargo, destacó que hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones no se tipifica adecuadamente el feminicidio y mencionó que eso se debe a la deficiente capacitación de los ministerios públicos y personal del poder Judicial.
Asimismo, destacó que el feminicidio está tipificado no de una manera homogénea en los diferentes códigos penales estatales, lo cual genera disparidades en cuanto a las sanciones.
En ello coincidió María de la Luz Estrada Mendoza, quien destacó que, además de que
hasta ahora no hay una uniformidad en la clasificación de los casos en los que pierden la vida mujeres ni en los criterios para considerarse como feminicidio, hay lugares en donde la autoridad manifiesta que los va a investigar como feminicidios, pero en los hechos no lo hacen.
Como ejemplo de los problemas que se enfrentan en ese sentido citó el caso de Guanajuato, donde, tan sólo el año pasado, ocurrieron más de 500 asesinatos de mujeres y solo se decidió investigar como feminicidio alrededor de 30. “Lo que ocurre es que no lo están acreditando, porque la autoridad prefiere que aparezca como homicidio porque les pesa que se visibilice que no están garantizando la integridad de las mujeres”.
La activista indicó que no sólo es importante que se abran investigaciones, se clasifiquen correctamente los hechos constitutivos de delitos relacionados con muertes violentas de mujeres, sino que se pueda conocer cuál es el estatus de cada uno de los casos, desde que se abre la carpeta de investigación, hasta que se da la sentencia.
A su vez Alma Guadarrama Muñoz, dijo que el hecho de que haya fiscalías especializadas en atención de delitos cometidos contra mujeres, no garantiza que se realicen buenas investigaciones, que redunden en que se castigue a quienes incurren en ese tipo de delitos.
María de la Luz Estrada Mendoza recalcó que lo grave es que la incidencia no ha bajado. Durante los últimos cuatro años han muerto de manera violenta, en promedio 10 personas diariamente, expuso.
Eso se debe a que las estrategias implementadas por las diferentes instancias de gobierno “no están impactando”, dijo.
Ante esa situación, reiteró, lo importante es evaluar cada uno de los programas, con el fin de cerciorarse de que las intervenciones se están haciendo con base en conocimiento, y están dando los resultados esperados.
La activista dijo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado prioridad a los programas de becas y transferencias monetarias directas.
Recalcó que si bien las organizaciones como las que ella encabeza no están en contra de programas sociales, lo que les preocupa es que debido a ello, se recortó el presupuesto a refugios para mujeres y otros programas de atención.
También llamó la atención en que son pocos los estados que han modificado sus procedimientos de investigación para acreditar el delito de feminicidio, con base en los lineamientos que establece el nuevo sistema de justicia penal, en donde se privilegian las pruebas de los delitos.
Preocupa forma de implementar Alertas de Violencia de Género
Sobre la implementación de las Alertas por Violencia de Género comentó que en ocasiones se determina el rescate de espacios públicos que son considerados que están poniendo en riesgo, sin que realmente lo sean.
Además, no hay una buena coordinación entre las autoridades de los ámbitos federal, estatal y municipal.
Asimismo, existe un enorme rezago en el ámbito estatal en materia de prevención. Siguen queriendo hacer políticas para prevenir violencia como en décadas pasadas, cuando se están dando nuevos contextos de violencia con fenómenos como la desaparición de niñas y mujeres, cuya atención implica intervenciones integrales.
Además recalcó que las Alertas son mecanismos adicionales que no sustituyen al trabajo ordinario que debe hacerse en materia de prevención, atención y sanción de violencia contra las mujeres.
Por otra parte, Alma Guadarrama Muñoz, consideró que la explicación de los altos niveles de violencia feminicida se encuentra desde el ámbito familiar, hasta lo comunitario.
Vivimos en una cultura machista y si bien se ha avanzado en materia legal, los contextos de inseguridad para las mujeres se mantienen en todas sus formas. Los machismos y micromachismos se han recrudecido en nuestro país.
Por su parte Laura Victoria Alvarado Aizpuru, oficial de Desplazamiento Interno de la CMDPDH expuso que si bien no existen cifras oficiales sobre el desplazamiento forzado interno por violencia, es evidente que ha crecido y afecta a un buen número de mujeres.
De acuerdo con el documento “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México” Informe 2021, de la CMDPDH, desde hace al menos una década, México sufre una grave crisis humanitaria causada por el desplazamiento forzado.
El documento refiere que según cifras del Internal Displacement Monitoring Centre, en el país hay alrededor de 379,000 personas desplazadas internas por conflictos y violencia.
Además menciona que un informe de 2020 de la CMDPDH señaló que al menos 58.33% de los eventos de desplazamiento interno forzado registraron que tuvieron presencia de mujeres.
Alvarado Aizpuru subrayó que la responsabilidad y la carga en términos físicos, emocionales y económicos que representan las diferentes tareas de cuidado familiar que han recaído tradicionalmente en las mujeres no solo continúan durante el desplazamiento, sino que se incrementan y se vuelven más pesadas y demandantes cuando las familias se desintegran, se separan o muere alguno de sus miembros.
Destacó que las mujeres en situación de desplazamiento que se convierten en jefas de familia quedan expuestas a múltiples vulnerabilidades pues enfrentan la falta de alimentos y acceso a servicios públicos elementales como de salud y educación.
Además, al estar fuera de sus comunidades huyendo se incrementa exponencialmente la probabilidad de ser víctima de algún tipo de violencia feminicida.
