Andrés Mendoza
Cada vez más menores de edad son procesados por delitos de alto impacto como violación, homicidio y portación de arma.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal 2022, del Inegi, el año pasado tres mil 413 adolescentes enfrentaban cargos, de los cuales 30.2% cumplía sanción en centros de internamiento, mientras que para 56.5% su sanción no implicó encierro.
En contraste, en 2017 el porcentaje de internados era la mitad del actual (17%).
En 2022, los principales delitos por los que los adolescentes contaron con sanción penal fueron: violación (23% de los internados), robo (19%), homicidio (18.6%), portación de arma (14.2%) y posesión de droga (9.1%).
Sin embargo, en 2017 lo que más cometieron los jóvenes sancionados fueron robos (37.8%), homicidios (16.8%) y violaciones (12.5%).
El porcentaje de los sancionados por portación de arma se duplicó.
Para Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, la encuesta revela que las autoridades no están aplicando estrategias preventivas.
Hay una ausencia absoluta del Estado para prevenir y acompañar a quienes están encarcelados o en tratamiento en libertad”, indicó a Excélsior. Además, carecen de espacios de participación. “No los estamos escuchando y al no escuchar no sabemos cuál sería la mejor forma de acompañarlos”, alertó.
Crece cifra de menores infractores
Mientras entre 2017 y 2022 se duplicó el porcentaje de adolescentes en reclusión, la violación reemplazó al robo como el crimen más cometido y se duplicó el número de menores de edad detenidos con armas de fuego
Cada vez más menores de edad son procesados por cometer delitos de alto impacto como violación, homicidio doloso, portación de armas y narcomenudeo, reveló la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (Enasjup) 2022, del Inegi.
El año pasado, tres mil 413 adolescentes enfrentaban cargos por algún delito, de los cuales, mil 30 (30.2%) cumplían sanción en algún centro de tratamiento o internamiento, mientras que tres mil 413 (56.5%) contaban con una sanción que no implicaba detención.
Esto contrasta con las cifras de 2017, cuando el porcentaje de menores de edad internados por algún delito era la mitad del actual, es decir 17%, y la tasa de quienes cumplían su sanción en externación era de 65 por ciento.
La encuesta, levantada en 45 centros de internamiento en las 32 entidades federativas, entre agosto y septiembre pasados, señala que en 2022 los principales delitos por los que los adolescentes ingresaron al sistema penal y contaron con medida de sanción fueron: violación (23%), robo (19%), homicidio (18.6%), portación ilegal de armas (14.2%), posesión ilegal de drogas (9.1%), comercio ilegal de drogas (5.9%) y delitos sexuales (4.7%).
Estos delitos se incrementaron de manera notable en los últimos cinco años, pues de acuerdo con la Enasjup durante 2017 lo que más cometieron los jóvenes sancionados fueron robos (37.8%), homicidios (16.8%) y violaciones (12.5%); es decir, el número de menores de edad procesados por hurto disminuyó 18.8%, los casos de violación aumentaron 10.5% y el porcentaje de los sancionados por portación ilegal de armas se duplicó, ya que en 2017 era de 7.1 por ciento. También se registraron aumentos significativos en posesión de drogas (7.1% en 2017), comercio ilegal de drogas (4.0%) y delitos sexuales (3.4).
Para Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, la encuesta del Inegi revela un deterioro en la juventud que es preocupante, ya que, por ejemplo, el alza en los homicidios ratifica el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos del crimen organizado.
En entrevista con Excélsior, sostuvo que las autoridades no están aplicando estrategias preventivas, ya que hasta 20% de los menores reincide en conductas delictivas, de acuerdo con estudios.
“Hay una ausencia absoluta del Estado para prevenir y acompañar a quienes están encarcelados o en tratamiento en libertad”, indicó.
Consultado sobre si los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro han sido efectivos para evitar que este sector poblacional cometa delitos, el especialista afirmó que los programas de transferencias monetarias llevan 30 años en México y no han cambiado las condiciones de pobreza y marginación de quienes los reciben. “Sólo sirven para generar bases electorales”, sostuvo.
Explicó que el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2022 se señala a Jóvenes Construyendo el Futuro por carecer de líneas de operación, ser opaco y tener alto riesgo de corrupción.
En específico, el análisis, realizado por Gestión Social y Cooperación, una organización de la sociedad civil, alerta que Jóvenes… tiene un nivel de desempeño escaso, con bajos niveles de cobertura de su población potencialmente beneficiaria y avances mediocres en el cumplimiento de sus metas. Recomienda al Poder Legislativo no aplicar un incremento presupuestal. “Se debe hacer una revisión integral de los mismos para incrementar de forma significativa su desempeño antes de pensar en incrementar su cobertura” acota el Índice.
Es una estrategia electoral, no es un programa que esté pensado y evaluado para acompañar a los jóvenes, ni a los que están en riesgo ni a los que cometieron delito ni a los que están en internación. Cumple con la función mediática de decir: ‘vamos a arrancar a los jóvenes de las manos del crimen’, pero la realidad, los indicadores, nos están diciendo que los adolescentes y jóvenes son los más afectados”, señaló Pérez García.
El escenario, consideró, no es nada positivo ya que el deterioro va avanzado y habrá un escenario más crítico con el tema electoral y los crímenes vinculados a estos procesos, como ya se vio en 2018 y 2021, que fueron muy marcados.
“Los jóvenes no tienen ningún espacio de participación electoral, no me refiero a los partidos, sino de participación ciudadana. No los estamos escuchando y al no escuchar no sabemos cuál sería la mejor forma de acompañarlos. Tendríamos que escucharlos sobre qué ven, qué necesitan. Encuestas dicen que los jóvenes tienen incertidumbre sobre el futuro, enfrentan condiciones precarias y, comparado con sus padres y abuelos, no tienen posibilidad de tener una casa, por ejemplo”, advirtió.
LA REALIDAD
En 2022, 47.4% de la población de adolescentes en el Sistema integral de justicia penal tenía entre 18 y 22 años, tasa menor a la de 2017, cuando era de 59.4 por ciento. Se incrementó el porcentaje de los que tienen hijos, al pasar de 21.8% a 24.1% en cinco años.
A nivel nacional, 96.2% de los procesados dijo saber leer y escribir un recado, y 71.7% sólo tenía estudios de educación básica. Más de la mitad no estaba estudiando antes de su detención. De ellos, 26% no estudiaba porque tenía que trabajar y 23.9% porque “no le gustaba, no le interesaba o no se le daba la escuela”.
En los últimos 12 meses a la aplicación de la encuesta, las sustancias psicotrópicas de mayor consumo fueron bebidas alcohólicas, con 48.7% y tabaco, con 41.9 por ciento.
