Rafael Croda
El diario digital salvadoreño El Faro anunció el pasado jueves 13 el traslado de su estructura administrativa y legal a Costa Rica, por las constantes campañas de difamación del gobierno de Nayib Bukele, quien acusó de lavado de dinero al medio que ha documentado con sus investigaciones la deriva autoritaria del mandatario.
Como en México, los periodistas de El Faro han sido espiados con el software Pegasus. Además han enfrentado seguimientos físicos, amenazas, acoso a sus anunciantes y múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda, que ha hecho “acusaciones fabricadas”, según señaló el diario en el editorial en el que anunció el cambio de su sede legal y administrativa a Costa Rica. “Los autócratas no toleran otras narrativas”, señaló al hacer el anuncio.
En Guatemala, los medios independientes han denunciado de manera reiterada una “colusión de autoridades” políticas y judiciales para atacar y hostigar a sus periodistas. El presidente de El Periódico, José Rubén Zamora, fue encarcelado el año pasado por cargos de lavado de dinero, luego de que el diario denunciara varios casos de corrupción gubernamental.
El caso más crítico en la región es el de Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega, considerado por múltiples voces como una “dictadura”, ha cerrado medios y encarcelado a periodistas. Muchos otros tuvieron que huir del país ante la persecución del cuestionado gobernante, quien metió a la cárcel y desterró a todos sus críticos y opositores.
En Honduras han sido asesinados 100 periodistas en la última década, cinco de ellos el año pasado y uno este año. La llegada de la izquierdista Xiomara Castro a la Presidencia, en enero de 2022, generó expectativas en el gremio, pero la libertad de prensa sigue enfrentando amenazas críticas y el mecanismo gubernamental de protección a periodistas se mantiene paralizado.
Intolerancia a la crítica
La directora interina para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, dice a Proceso que la libertad de expresión y asociación es uno de los derechos más amenazados en Centroamérica en los últimos años y eso se debe “a que estamos viendo un déficit democrático” en varios países de la región, aunque con diferentes intensidades.
Taraciuk señala que los principales responsables de esta situación son los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien considera un “dictador”; de El Salvador, Nayib Bukele, y de Guatemala, Alejandro Giammattei.
“En general –afirma–, cuando existen estos líderes autoritarios hay un altísimo nivel de intolerancia a la crítica y a la exposición de asuntos que los incomodan. En una democracia, la respuesta a eso es más información, no menos, y el debate serio y robusto de puntos de vista. Pero cuando se pone en jaque la libertad de prensa, eso no es posible”.
Eso, señala, es lo que está pasado en Centroamérica, a pesar de que las democracias requieren de una prensa “fuerte, independiente, para poder controlar al poder y dar estas discusiones públicas”.
Sin embargo, “estos líderes autoritarios, una vez que llegan al poder le dan la espalda a estas garantías fundamentales, incluyendo a la libertad de prensa y al trabajo de la prensa independiente”.
Sostiene que el traslado de las operaciones administrativas de El Faro a Costa Rica es “justamente la consecuencia del desmantelamiento de la democracia” que se registra en El Salvador con el presidente Bukele, quien “ha desactivado mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”.
El Faro, que mantiene su redacción en El Salvador, y otros medios independientes, como Gato Encerrado y Factum, han denunciado los masivos abusos a los derechos humanos que comete el gobierno de Bukele en el marco del combate a las pandillas o maras, principales responsables de la violencia.
De acuerdo con datos del gobierno que han sido cuestionados por ONG, los homicidios han disminuido de manera significativa. El Faro ha denunciado pactos secretos entre Bukele y las maras para reducir los asesinatos y ha destapado varios casos de corrupción.
Regresión autoritaria
Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la ONG con base en Washington WOLA, considera que la libertad de prensa en la región está “bajo asedio” en un contexto en el que varios medios independientes que apuestan a la investigación han surgido en la región en los últimos años.
Dice que El Faro, que nació hace 25 años, fue el primero y provocó un “efecto dominó” en la región. En Guatemala, surgió Plaza Pública; en Nicaragua, además de La Prensa, que fue cerrado por Ortega, el medio digital Divergentes comenzó a operar desde el exilio, y en Honduras, surgieron Contracorriente y Pasos de Animal Grande.
“Estos medios han tenido que enfrentarse al acoso, al asedio del poder y a ataques de todo tipo, porque hacen un periodismo de investigación crítico y profundo, basado en evidencias y con gran difusión en redes sociales. Lo que tenemos es una prensa en riesgo y, por tanto, a la ciudadanía en riesgo y a la democracia en riesgo”, asegura.
De acuerdo con Méndez Dardón, esto es parte de la “regresión autoritaria” en la región y de las tendencias a ejercer el poder de manera unipersonal, como en los casos de Ortega y Bukele, o de manera autoritaria, como Giammattei en Guatemala, donde confluyen los intereses de una parte de la clase política con los del crimen organizado, un sector del empresariado y la elite militar.
“Ahí hay una responsabilidad compartida en los ataques a la prensa independiente”, dice la directora para Centroamérica de WOLA.
Señala que particularmente Nicaragua, El Salvador y Guatemala atraviesan por una “crisis de gobernabilidad democrática” en la que las prácticas autoritarias que se traducen en la falta de acceso a la información y en la vulneración de la libertad de expresión.
Estamos, dice, frente a “una ola autoritaria que criminaliza, ataca y persigue a operadores de justicia independientes, defensores de derechos humanos y a la prensa, cuyas voces han sido críticas al poder”.
En este contexto, decenas de periodistas centroamericanos se han visto forzados al exilio para proteger sus vidas o evadir el acoso judicial.
En febrero pasado, un juez guatemalteco aceptó la petición de la fiscal Cinthia Monterroso para investigar a nueve periodistas de El Periódico y Prensa Comunitaria por presunta obstrucción a la justicia. Esta decisión se produjo luego de que los medios presentaron denuncias contra funcionarios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Estado de Guatemala evitar utilizar los procesos penales como represalia por informaciones críticas al gobierno y a funcionarios.
Para Claudia Ordoñez, oficial del Programa para Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, ONG que defiende y promueve la libertad de expresión y el acceso a la información, en toda la región se observa una tendencia “a censurar y anular” desde el poder a voces críticas.
“Varios estados están obstaculizando el derecho a la libertad de expresión. Es un sistema que se articula para atacar desde distintos ámbitos, desde lo administrativo, desde lo fiscal y desde lo penal, a los medios independientes. Esto lo vemos en El Salvador, en Guatemala y en la dictadura nicaragüense”, asegura.
Ordoñez dice que también el periodismo independiente en Honduras está “en una situación crítica” y que la llegada de Xiomara Castro al poder “no ha implicado cambios sustanciales en la seguridad y garantía del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.
Señala que Artículo 19 ha denunciado ataques e intimidaciones contra medios de comunicación independientes de Honduras, por parte de “terceros actores” frente a los cuales el gobierno actúa con complacencia.
En Costa Rica, considerado el país más democrático de la región, el presidente, Rodrigo Chaves, ha sido acusado de atacar a la prensa crítica.
“Hay países donde el discurso contra los medios es más matizado, pero en general hay una situación crítica en la región”, señala Ordoñez.
Mal ejemplo
Artículo 19 y WOLA coinciden en que la hostilidad contra la prensa por parte de la mayoría de gobernantes centroamericanos es favorecida por la actuación de otros mandatarios de América Latina que se muestran intolerantes a la crítica y reaccionan con vituperios cuando los medios exhiben casos de corrupción, de abusos de autoridad y de ataques a instituciones democráticas.
La oficial del Programa para Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, Claudia Ordoñez, dice que hay evidencia de que “las prácticas antidemocráticas se van adoptando de un país a otro”.
Por ejemplo, Nicaragua puso en vigor en 2020 una ley de agentes extranjeros que obliga a los ciudadanos de ese país que trabajen para gobiernos, empresas, fundaciones y organizaciones extranjeras a registrarse e informar de sus gastos y sus ingresos provenientes del exterior.
En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro emitió en 2021 un decreto que establece una normativa similar, y Bukele, en El Salvador, intentó impulsar una iniciativa de ese corte que se encuentra latente en el Congreso.
De acuerdo con Ordoñez, las constantes descalificaciones que hace el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la prensa que critica a su gobierno constituye “una mala práctica que sin duda influye en la región, porque México es un referente de Centroamérica en muchos temas políticos, económicos y de garantías de derechos”.
Méndez Dardón señala que las “prácticas antidemocráticas” de López Obrador lo llevan a desperdiciar la oportunidad de jugar un papel de liderazgo regional en defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión, luego de que México jugó un destacado papel para impulsar la paz en países centroamericanos en los ochenta y noventa.
Taraciuk señala que hay un patrón de gobiernos electos democráticamente que le dan la espalda al sistema democrático, independientemente de sus ideologías.
“El libreto de López Obrador en México es bastante parecido al de Bukele en El Salvador o, en su momento, al de (Jair) Bolsonaro en Brasil. Creo que hay un hartazgo de la gente con el statu quo y esto hace que surjan líderes con tendencias autoritarias en varios países”, asegura.
En este sentido, dice, López Obrador “es un ejemplo de lo que no hay que hacer en materia de preservar las instituciones democráticas, y esto va más allá del tema del periodismo, porque usa el aparato Estatal para hostigar a la prensa crítica, a la sociedad civil, a las instituciones autónomas, al Poder Judicial.
“Lo que estamos viendo en México es un deterioro democrático extremadamente preocupante que, definitivamente, no es un modelo a seguir ni por Centroamérica ni por nadie”, afirma Taraciuk.
