Jessica Xantomila
Durante el periodo conocido como guerra sucia, de 1965 a 1990, las víctimas de la represión del Estado también fueron las personas de la diversidad sexual, particularmente las mujeres transexuales y transgénero, que sólo por expresar su identidad, muchas de ellas fueron detenidas de manera arbitraria, vejadas, torturadas sexualmente y asesinadas por agentes del extinto Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal, en las instalaciones de Tlaxcoaque.
Los testimonios de varias de ellas abrieron hoy el Diálogo por la Verdad, zona centro, el segundo que lleva a cabo el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad -el primero fue en Guerrero-, y en el que igualmente participaron integrantes de colonias populares y comunidades indígenas de Hidalgo, Morelos y Puebla que enfrentaron la ocupación militar de sus territorios.
Al inaugurar la sesión, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, quien preside la citada comisión, manifestó que este capítulo de la historia del país tiene que estar plenamente esclarecido y que la verdad sobre lo sucedido, “que se está desenmarañando”, derive en actos de procuración de justicia, que es la más profunda reparación para las víctimas.
Alan García Campos, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), expresó que lo ocurrido entere 1965 y 1990 “son graves violaciones a derechos humanos que no admiten excusa alguna y mucho menos perdón u olvido”.
En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Emma Yessica, mujer trans, compartió que a ella la detuvieron los policías cuando tenía 17 años de edad y se encontraba cerca de su casa. La llevaron a Tlaxcoaque “por estar vestida de mujer, nos dijeron que por eso éramos criminales”. Por ello, “me cortaron el cabello, me golpearon y me violaron tumultuariamente”, denunció.
“Nos tocó vivir en un sistema que nos reprimió, pero no nada más fueron las cárceles y los golpes… a mí a las 13 años me corrieron de la secundaria por llegar con la ceja depilada y el cabello un poco largo”, narró.
Denisse Valverde destacó que “hablar de la violencia contra personas trans es hablar de violencias ignoradas”. Señaló que en las décadas de los 70 y 80 había prácticas como “el carreterazo, donde (en los automóviles de los policías) todo el trayecto éramos robadas, golpeadas y nos dejaban desnudas en despoblados”. Muchas compañeras, dijo, desaparecieron, pues “era muy fácil hacerlo, tirarte en los canales del desagüe”.
En la sesión también participaron sobrevivientes y familiares de víctimas de la represión en la colonia Rubén Jaramillo, en Morelos. Pedro Medrano y Etelberto Benítez compartieron sus testimonios respecto a la ocupación del Ejército en septiembre de 1973.
Benítez expuso cómo por ser maestro fue “secuestrado” y trasladado a Campo Militar número 1 -donde fue torturado física y sicológicamente- por los militares, que “empezaron a capturar a los líderes de nuestro movimiento encabezado por Florencio Medrano, quien lideraba el comité de lucha por recuperar la tierra”.
También dieron su testimonio Juan de Dios Arenas Guatemala, hijo de Marcelo Arenas víctima de desaparición forzada en Yahualica, Hidalgo; José Arriaga Hernández, víctima de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura en Atlapexco, y Luciano Cabrera Vite, sobreviviente de la masacre de Monte Chila, Puebla. Este último manifestó su tristeza por lo sucedido en ese lugar hace 53 años, porque los militares “mataron a cientos de personas, cuyos cuerpos no fueron recogidos, los animales los acabaron, y quemaron las casas”.
A estas denuncias se sumaron las relacionados con la apuesta por la desarticulación comunitaria en Puebla y Morelos, en el que participaron sobrevivientes y familiares de víctimas pobladores de Rancho Nuevo, Xoxocotla y Amilcingo.
Los cuatro integrantes del MEH escucharon todas las participaciones, y Abel Barrera reiteró el compromiso de investigar los hechos “y no permitir que queden sepultados con la bota militar”.
Este encuentro, que continuará mañana, “es para escuchar sus voces, marcadas de dolor, de lagrimas, de indignación, impotencia porque no encontraron a la autoridad para poder investigar estos hechos, porque tampoco encontraron un lugar seguro para vivir, tuvieron que huir de sus comunidades, que resistir”, manifestó.
