Carolina Gómez Mena
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aseguró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al aborto, “no constituye una declaración general de invalidez de los artículos que prohíben el aborto en el Código Penal Federal, puesto que siguen vigentes para el resto de la población; ni representa una obligación para que los Congresos locales se precipiten a despenalizar el aborto en sus Códigos Penales, pero si vuelve evidente una realidad social que debemos entender como pastores y atender con la debida diligencia”.
Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey presidente de la CEM y Ramón Castro Castro obispo de Cuernavaca y secretario general del organismo episcopal, expusieron que “con fundamento en el principio de relatividad de las sentencias de amparo, la mencionada Primera Sala de la SCJN, consideró que las autoridades no le deben aplicar a GIRE la totalidad de los artículos 331 y 332, así como ciertos fragmentos de los artículos 330, 333 y 334 del Código Penal Federal, en materia de aborto. Que imponen sanciones penales a quien practique el aborto y a la madre gestante que consienta a ello.
“Además, llama la atención que la Primera Sala de la SCJN haya determinado que, por tratarse de un caso sui generis y de derechos de naturaleza colectiva, deba entenderse que la inaplicación de los citados artículos a favor del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), sea extensiva a todas las mujeres que GIRE acompañe en sus solicitudes de aborto consentido”.
Recordaron que ayer miércoles 6 de septiembre, los ministros que integran la Primera Sala de la SCJN resolvieron otorgar el amparo y protección de la justicia a la asociación civil GIRE, “a fin de que pueda ejercer de forma plena su objeto social. El cual, implica entre otras cosas, la promoción y defensa del aborto, así como el acompañamiento legal a las personas que quieran realizarlo de manera consentida”.
Añadieron que “junto al esfuerzo por velar en bien de la dignidad amenazada de la persona, afirmamos que la violencia sistemática ejercida en contra de las mujeres es deplorable y debe ser excluida de nuestra cultura, creando normas y leyes que para tal efecto sean verdaderamente justas”
Los jerarcas destacaron que “la concepción y el nacimiento de una nueva vida humana representan un bien cuyo valor es infinito. Su cuidado y protección no es una responsabilidad que concierne solamente a mujer gestante sino a la sociedad en su conjunto que no puede lavarse las manos suprimiendo al más débil, la persona naciente, sino que está llamada a generar las condiciones mejores para acoger la vida y no a descartarla”
Por ello, “nos oponemos a cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, tanto de aquellas que se vean orilladas a acudir al aborto a causa del abandono y de la soledad bajo condiciones de omisión, presión o injusticia, y las más vulnerables, aquellas que se encuentran junto con los niños inocentes aún dentro del vientre de sus madres”.
Sostuvieron que “hay que ser firmes con la verdad, pero comprensivos con las personas y sus circunstancias. El aborto provocado al ser despenalizado normaliza la cultura del descarte y deja sin responsabilidad a las autoridades y a la sociedad en su conjunto del cuidado y protección de toda vida humana”.
Asimismo, “la legalización del aborto desgasta los cimientos del estado de derecho, distorsiona el concepto y la práctica de los derechos humanos, con lo cual se mina el bien común”.
Insistieron que “toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, es digna independientemente de sus condiciones y eventualidades. Las diferentes circunstancias de la vida no aumentan ni disminuyen la dignidad de la persona humana.
“En cambio, cuanto más débil, indefensa y vulnerable es una persona, más requiere de los esfuerzos solidarios y subsidiarios para su cuidado por parte de la sociedad y del Eatado. Tal es la condición particular de las personas humanas nacientes y de las mujeres gestantes, en particular aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad a causa de diversas violencias y desventajas sociales”.
Advirtieron que desde una “mentalidad legalista y el positivismo jurídico se suele considerar la privación de la libertad como la única forma de sancionar el delito; por ello se desconocen o menosprecian la capacidad de la sociedad y del estado para lograr la reinserción, el acompañamiento y la integración de los que inciden en alguna falta penal.
“Consideramos que existen atenuantes para la exención de pena corpórea (privación de la libertad), sin que esto implique la legalización del aborto, ni la negación de su gravedad, ni, menos aún, la reivindicación de su licitud. El aborto provocado nunca será una opción moral, ni legítima.
“En temas tan relevantes como este, es preciso proceder con cuidado a la reflexión, al discernimiento y discusión social sin los cuales se minan los fundamentos de un Estado democrático de Derecho. La interpretación forzada de los derechos humanos sin tomar en cuenta los instrumentos nacionales e internacionales que protegen el derecho a la vida como un derecho universal, es un retroceso jurídico y democrático”.
Lamentaron que, “en estos momentos de violencia lacerante en el país, desde esta instancia Suprema, que debería velar por la justicia, el derecho y la paz social, se contribuya a polarizar a la sociedad e infringir otras fracturas en el tejido social”.
Los prelados sostuvieron que “la violencia y la discriminación no se combaten con más violencia y discriminación. Las soluciones que hoy tenemos que construir entre todos requieren ser máximamente inclusivas, solidarias y democráticas sin hacer prevalecer a una persona sobre otra. Sería lamentable institucionalizar la violencia contra el débil con la permisión de la ley”.
Remarcaron que “una sociedad que acoge la vida debe cuidar todas las vidas, la de la mujer y la de la persona humana naciente, su protección debe ser procurada por el estado y por las instituciones de la sociedad civil. Comenzando por los menos favorecidos. Esto requiere un auxilio solidario y subsidiario a las familias, madres solteras, niños y niñas huérfanas y/o en abandono; de una educación afectiva sexual integral y la búsqueda de ejercicios de paternidad responsables.
Con esto también se reconoce la necesidad de políticas positivas que deben de ser promovidas pluralmente para procurar que siempre se disponga de alternativas concretas, posibles y honrosas al aborto provocado. “De otra manera la legalización del aborto provocado significa el reconocimiento de la impotencia estatal y de la sociedad civil organizada ante las causas que llevan a las mujeres a considerar el aborto como una solución sin atender aquello es el verdadero problema”.
