Leticia Robles de la Rosa
Con el voto de 86 senadores, el pleno del Senado aprobó la llamada Ley Ingrid, que castigará hasta con 15 años de cárcel al servidor público que difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta imágenes, audios, videos y documentos relacionados con las condiciones personales de la víctima menor de edad, mujer o que sea un cadáver, incluyendo casos de feminicidio.
La reforma también establece una pena de seis a 12 años de prisión a las personas, entre ellos comunicadores, que “difundan, entreguen, revelen, publiquen, transmitan, expongan, remitan, distribuyan, videograben, audiograben, fotografíen, filmen, reproduzcan, comercialicen, oferten, intercambien, copien o compartan, a quien no tenga derecho, imágenes, audios, videos, documentos, información, indicios, hallazgos, evidencias, objetos, instrumentos o constancias de una carpeta de investigación o un proceso penal y que, por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sea reservado o confidencial”.
La reforma al Código Penal Federal agrega una fracción XXVII al artículo 225 para prohibir incurrir en estas prácticas y advierte que “se le impondrá pena de prisión de seis a 12 años y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización”.
Además, crea el artículo 225 Bis del Código Penal Federal para ordenar que los servidores públicos no pueden incurrir en este delito.
La sanción se aumentará hasta en una mitad más, cuando las víctimas u ofendidos sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o que la información corresponda a cadáveres”, ordena.
La propuesta plantea garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección, bienestar físico y psicológico de las víctimas u ofendidos, toda vez que la divulgación de información o imágenes de las víctimas de algún delito constituye claramente una lesión a la dignidad de las personas y a la memoria de las víctimas.
Recordarán que en febrero de 2020 se difundieron las fotografías del cuerpo de una víctima de feminicidio en noticieros, diarios, periódicos y hasta en redes sociales, siendo este el caso de Ingrid Escamilla Vargas, y que lamentablemente fuimos testigos de la exhibición pública del material visual del cuerpo de la víctima”, explicó Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia.
