Gustavo Castillo García
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) estableció que es obligatorio que “todo el personal administrativo, incluyendo el de la defensoría pública federal, deberá participar de forma obligatoria en el Programa de sensibilización integral en Materia de Género y Espacios Libres de Violencia, en los términos que establezca la Escuela Judicial”.
El órgano del Poder Judicial de la Federación (PJF) dio a conocer las modificaciones relacionadas con el Programa de Sensibilización Integral en Materia de Género, contempladas en los artículos 22, 26, 87 y 88 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
En el acuerdo signado por el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, secretario ejecutivo del Pleno del CJF, se menciona que “la acreditación de los cursos en materia de género y espacios libres de violencia que actualmente se imparten no deben ser impedimento para que se otorgue a las personas servidoras públicas la prórroga indefinida. Asimismo, instruyó revisar los contenidos y formato de los cursos a fin de generar condiciones objetivas que permitan sensibilizar a las personas servidoras públicas del CJF en los temas de violencia de género”.
Estas modificaciones fueron avaladas el pasado 30 de agosto por unanimidad de votos, por parte de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del CJF y los consejeros, Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Alejandro Sergio González Bernabé, Lilia Mónica López Benítez y Sergio Javier Molina Martínez.
De igual manera se ordena que “todas las personas servidoras públicas con cargos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación deberán participar de forma obligatoria en el Programa de sensibilización integral en Materia de Género y Espacios Libres de Violencia que coordina la Escuela Judicial”.
Estos programas de sensibilización se realizan al considerar que “uno de los pilares de la política pública del CJF relativa a la paridad de género es que todas las personas que integran esta institución -ya sea de carrera judicial o cargos administrativos- cuenten con una base sólida de conocimientos y herramientas para actuar en el ejercicio de sus funciones en los espacios laborales que se desempeñen de conformidad con los derechos humanos”.
El acuerdo considera que con estas modificaciones que hacen obligatoria la participación de todos los servidores públicos que integran el CJF “se contribuirá a la concientización sobre las desigualdades estructurales derivadas de las cuestiones de género y permitirá realizar un seguimiento adecuado y evaluar los resultados obtenidos”.
