Álvaro Aragón Ayala
Por pasarse por “el arco del triunfo” la Constitución y las leyes, Rubén Rocha Moya quedó exhibido como un gobernador autócrata que opera como un mafioso que recompensa a los funcionarios corruptos que se prestan a sus jugadas políticas y jurídicas y a la consumación de sus caprichos. El mandatario estatal implementó el sistema de premios y recompensas a favor de quienes obedecen ciega y anticipadamente sus consignas.
Así, en la línea del capo de tuti capi, a su secretario general de Gobierno con licencia, Enrique Inzunza Cazarez, lo premió con la candidatura de Morena al Senado de la República, pese a que sobre él obran denuncias de acoso, hostigamiento sexual, trata de blancas, pornografía y violencia sexual. La jueza Ana Karina Aragón Cutiño, que enderezó las acusaciones, reveló que penden sobre ella amenazas muerte de parte de Inzunza Cazarez y su esposa.
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Al abogado Adán Alberto Salazar Gastélum, quien por casi diez años violó la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, Rubén Rocha lo recompensó con una magistratura en el Supremo Tribunal de Justicia por “certificar” y darle curso, como juez de control apócrifo, a las falsas demandas construidas para desaforar, destituir de sus cargos e intentar meter a la cárcel a quienes él llama sus enemigos.
En lugar de orientar al Congreso Local para que promoviera su destitución como juez de control, el gobernador premió a Adán Alberto Salazar Gastélum, porque respaldó la persecución política y judicial contra los ahora ex alcalde Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, y Guillermo -El Químico- Benítez, y los «juicios» prefabricados, ilegales, contra los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. No. Adán Alberto no está en la cárcel: ahora despacha como magistrado del STJ.
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Para que le siga ayudando en la construcción de falsas demandas contra los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus opositores políticos de todos los calados y continúe encubriendo la corrupción de heredada por ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, Rocha Moya ordenó al Congreso Local impulsar y avalar el nombramiento por otros siete años de la titular de la Auditoría Superior del Estado Emma Guadalupe Félix Rivera.
Obedeciendo órdenes, pese a que no está dentro de sus facultades o funciones, la auditora del Congreso Local ha intentado auditar los recursos propios de la UAS y ante la negativa de las autoridades fabricó, apoyada por la Fiscal Sara Bruna Quiñónez, el delito de abuso de autoridad que sirvió de argumento al juez Adán Alberto Salazar para vincular a proceso y destituir temporalmente al Rector Jesús Madueña Molina. Jueces federales han emitido una batería de amparos a favor de Madueña y la UAS decretando la incompetencia jurídica de la auditora estatal.
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