Nelly Toche
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito determinó que el personal del Conahcyt y científicos acusados no cometieron delito alguno, por lo tanto, una investigación en su contra resultaría en violaciones graves a sus derechos humanos. Ante este resultado se pone punto final a la persecución que vivieron personas vinculadas con la política científica de este país durante más de dos años.
Esto sucedió el pasado 25 de abril de 2024, donde por mayoría de votos se descartó delito alguno que perseguir. La magistrada Amalia del Carmen Fernández Barquín, resolvió que, al ser cosa juzgada, el caso por ende debía quedar completamente cerrado.
“Este Tribunal Colegiado de Apelación estima válido que el juzgador haya considerado diversas determinaciones dictadas en la misma causa penal (el no ejercicio de la acción penal y el sobreseimiento de la causa penal), respecto de los mismo hechos delictivos imputados a diversos coimputados en los que igualmente sobreseyó de forma parcial; en la causa se confirma la resolución recurrida dictada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en la causa penal 299/2021, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano)”, se lee en la sentencia.
Recordemos que este fue uno de los casos más emblemáticos luego de que 31 científicos y personal administrativo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. fueran acusados por delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción, dicho señalamiento fue encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) y el entonces, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), encabezado por María Elena Álvarez Buylla.
El caso surgió el 10 julio de 2021 luego de que el fiscal Alejandro Gertz Manero fuera rechazado en varias ocasiones del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del entonces Conacyt. La denuncia del caso fue interpuesta por la directora general Álvarez-Buylla, a través de una representante legal que señaló a los científicos por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Fueron momentos de tensión para los científicos que inmediatamente buscaron cómo protegerse y enfrentar la acusación.
La persecución del Conacyt a estos científicos con amplia trayectoria ocurre también en el contexto de un cambio ideológico y de modelo propuesto en la política científica del país por el actual gobierno para ya no destinar recursos públicos a proyectos científicos que se ejerzan desde instituciones de investigación o empresas privadas, bajo el argumento de que el Estado financiaba proyectos científicos que no tienen impacto social.
Cabe recordar que el pasado 13 de enero de 2023, juez federal Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ya había resuelto dictar el sobreseimiento del proceso penal a favor de cinco de los 31 científicos imputados por la FGR, es decir absolverlos.
Ellos son:
- Julia Tagüeña Parga
- José Franco
- Gabriela Dutrénit Bielous
- Teresa de León Zamora
- Marcial Bonilla Marín
Científicos reconocidos por su propia comunidad académica, quienes después de 16 meses de proceso y de acoso mediático desde la esfera más alta del poder, pudieron respirar tranquilos.
“Nos queda claro que estas autoridades trataron no sólo de atemorizarnos, sino de destruir nuestra vida y prestigio, probablemente para mandar una señal al resto de la comunidad científica: quien estuviera en desacuerdo tendría la misma suerte, el peso de la justicia manipulada por este gobierno”, expresaba el doctor José Franco a El Economista, expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias, cuando en aquel mayo de 2023, y él y cuatro de sus colegas recibieron la notificación el sobreseimiento del caso, es decir, que ya no podían ser acusados, investigados ni condenados por los hechos que se les imputaban.
Previamente cuatro de ellos habían logrado el sobreseimiento en abril del mismo año, Enrique Cabrero Mendoza, exdirector del Conacyt, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como de Elías Micha Zaga, José Rodrigo Roque y María Dolores Sánchez Soler.
En esencia se establecía que los recursos económicos que recibió el Foro por parte del Conacyt en el periodo 2013-2019 a través de sus directivos, fue con todas las facultades y bajo la ley establecida en el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, vigente en el momento de los hechos. Además, las actividades mencionadas estaban fuera del actual Estatuto Orgánico del entonces Conacyt, que había sido modificado y en el que, en efecto, ahora ya no contemplaba la existencia de la Asociación Civil, sino de un órgano interno con el mismo nombre. Las demás acusaciones penales, como uso ilícito de atribuciones, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada, tampoco fueron avaladas usando las mismas razones expuestas.
Para los científicos señalados este resultado representa una victoria personal, pero también de confianza en el sistema judicial y la división de poderes, además de que marcará el regreso a una “normalidad robada”, expresa el doctor Franco. “El daño lo han hecho, además con toda intención, esto no es un accidente, es un daño causado por un deseo explícito perverso”.
Pero también es un revés al ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y a su directora, que le quedó a deber al país la vacuna Patria y los ventiladores pulmonares “con tecnología mexicana”, se dijo, durante la pandemia de Covid-19.
