France 24
El próximo 2 de junio, México experimentará las elecciones más grandes de su historia, donde tres proyectos de nación distintos compiten por convencer a más de 90 millones de personas llamadas a las urnas para que les confíen su voto.
La migración es un fenómeno que ha quedado perdido en un mar de promesas políticas, que históricamente han encasillado cruelmente a personas desplazadas como piezas de un ajedrez geopolítico en constante tensión con el incómodo vecino del norte. Pero, para los miles de migrantes en suelo mexicano, el terror es una realidad, no un eslogan de campaña.
Las calles mexicanas, plagadas de propaganda y militantes partidistas que alientan a los transeúntes a marcar con una X el nombre de su candidato, son testigos silenciosos de aquellos excluidos del fervor electoral, a los que no se les pide con ansia su voto y quedan bajo una suerte de manto invisible que parece removerlos, aunque sea por unos meses, del foco mediático nacional. Las calles son las compañeras de los migrantes en situación irregular dentro de México.
Cerca de la central de autobuses en la ciudad de Puebla, uno de los focos de tránsito migratorio irregular más concurridos del país, a unos 129 kilómetros de la Ciudad de México, la familia Caraballo estaba en una mediana vehicular, sopesando el fuerte calor de uno de los veranos más intensos en la historia de la ciudad.
Procedentes de Venezuela, el padre de la familia, Jonathan, sostenía un cartel donde pedía ayuda a los automovilistas para recaudar dinero y continuar su camino.
Jonathan, que llevaba apenas cuatro días en la ciudad, contó la historia de su familia desde que salieron de Venezuela el año pasado: se trasladaron a Colombia, específicamente a la ciudad de Medellín, desde donde se transportaron hasta la entrada del Darién, que solo en 2023 vio pasar a 500,000 personas migrantes por su espeso y peligroso territorio.
El padre de tres niños expresó que en México encontró un panorama más desolador que en la selva que comparte Colombia y Panamá, la ruta migratoria más mortífera de la región.
«El único derecho que tenemos los migrantes es a caminar, y es mejor caminar por el Darién que caminar por México», mencionó Jonathan.
El venezolano recuerda los malos tratos que su familia ha experimentado en los meses que llevan dentro del país, tanto por las autoridades migratorias como por ciudadanos mexicanos.
«En los semáforos hemos aguantado insultos, me han pegado, me han escupido, han llamado a la Policía», contó Jonathan, que siente que vive «un estigma por el simple hecho de ser venezolano».
Sobre su entrada a México, Caraballo relató que su familia llegó a Chiapas a través de una balsa que salió de Guatemala. Ya en territorio mexicano, los cinco miembros de la familia se montaron a un autobús para continuar su camino al norte, donde pensaban entregarse a las autoridades estadounidenses tras cruzar la frontera, pero, durante el trayecto, se encontraron con una de las peores pesadillas de las personas desplazadas que entran en el país: las fuerzas de seguridad mexicanas.
«Hay gente de migración que abusa de su poder. Nos bajaron del bus, nos gritaron ‘todos para abajo’. Te tratan como animal, como si fuéramos unos perros», describió Jonathan, afirmando que los malos tratos, los robos, los golpes y la extorsión por parte de las fuerzas policiales mexicanas son el pan de cada día durante el tránsito por el sureste mexicano de los migrantes en situación irregular.
«Si me llegas a mentir, te cago»
La crueldad de las autoridades mexicanas no se reserva a aquellos que no poseen el papeleo necesario para regularizar su estancia en México.
En una iglesia de Puebla, al sureste de la capital, en los alrededores de la central de autobuses, está Alex, de nacionalidad argentina y con los documentos necesarios para estar en México. Él describe el horror que experimentó dentro de un autobús que transitaba por la localidad chiapaneca de Arriaga.
«Era 20 de marzo, casi a la medianoche, [el autobús] venía lleno de migrantes, algunos sin familia (…) Pasamos a un retén, como le dicen acá, y se subieron ‘ministeriales’ según dijo el chófer después, nos alumbraron con la linterna y nos hicieron bajar. Uno de ellos me tiro el pasaporte y me dijo ‘te vas a tu país’. Me sacaron todo.», describió Alex, que también recordó la amenaza de otro de los uniformados. «Si me llegas a mentir, te cago».
Alex narra que los supuestos policías ministeriales, porque desconoce si eran realmente oficiales o miembros del crimen organizado que suplantaban a la autoridad, le robaron los ahorros que llevaba consigo, unos 500 dólares en efectivo.
La situación orilló a Alex a ofrecer sus servicios como pintor en la iglesia donde se hospedaba, que también funciona como albergue migratorio. De igual manera, expresó su desconfianza para acudir al sistema de justicia mexicano como migrante.
«Si voy a derechos humanos o a la fiscalía. ¿Quién me asegura que no me meta en la boca del lobo?», mencionó Alex, que señalo a las autoridades mexicanas de estar coludidas con el crimen organizado.
«Es una mafia».
El sufrimiento sigue al bajar del autobús
La pesadilla de las personas en situación de movilidad dentro de México no termina en el traslado de una ciudad a otra. La estancia temporal de los migrantes es otro capítulo de la historia de terror de las más de 700,000 personas en situación de movilidad irregular, de las que se tiene registro que entraron a México en 2023, según información de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas del Instituto Nacional de Migración (INM).
Alex trabaja por un cuarto en la iglesia y la familia de Jonathan dormía en el estacionamiento de una tienda deportiva cercana a la central de autobuses. Él subraya que ya había pasado por la mayor parte de albergues en la zona, que, en su mayoría, solo tienen la capacidad de ofrecer alojamiento, comida y servicios sanitarios por una noche. ‘Doña Irma’* es la responsable de uno de estos espacios.
Encargada desde hace 8 años de un albergue incrustado en otra parroquia de la zona metropolitana poblana, Irma ha asumido la labor de proteger a los migrantes que llegan a tocar la puerta de la iglesia, ofreciéndoles alimento, ropa, mantas, artículos de primera necesidad y asilo, aunque sus capacidades limitadas solo le permiten hacerlo por una noche, ya que el albergue, según cuenta, vive únicamente de donaciones, sin recibir un solo peso de ayuda gubernamental.
«Aquí discriminan mucho al migrante. Vienen en búsqueda del ‘sueño americano´, huyendo de la violencia y el crimen en sus países, pero mucha gente no lo entiende», dice Irma, al añadir que algunos de los migrantes que ha albergado han sido señalados por los vecinos de la zona como criminales. Un estigma infundado que se posa sobre las personas en situación de movilidad dentro de México.
Los albergues representan para los migrantes espacios de paz y seguridad en medio de la tormenta, aunque, según cuenta Irma, las personas que llegan a su puerta para pedir refugio han disminuido año con año. Según cuenta, en 2018 el albergue recibía cientos de personas en situación de movilidad, muchas de las cuales venían en las caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica, pero los números han ido decreciendo, llegando a registrar apenas unas 105 personas albergadas entre los meses de febrero y marzo de 2024.
Sin que la voluntad humanitaria de Irma haya cambiado y con la situación política en ciertas partes de región centro y suramericana empeorando cada año, la respuesta a este extraño decrecimiento en la llegada de migrantes a los albergues podría estar en el endurecimiento de la política fronteriza del Estado mexicano.
Vidas en contención
El informe «Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, 2020-2021», publicado por el Departamento de Ciencias Sociales y Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J, de la Universidad Iberoamericana Puebla, explica la naturaleza de la política migratoria que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha adoptado desde el inicio de su mandato, que «se enfoca en controlar y contener flujos de personas en movilidades forzadas, mediante la privación de la libertad con pocas certezas jurídicas, de manera prolongada, precaria y abusiva», según el texto.
Las personas en situación de movilidad muchas veces no llegan a los albergues porque son detenidas por las autoridades mexicanas.
El texto exhibe los casos de 45 migrantes, de los 148,900 que fueron presentados «ante la autoridad migratoria» entre enero y agosto de 2021, donde se revelan múltiples violaciones a los derechos humanos dentro de las estaciones migratorias, a cargo del INM.
Hacinamiento, extorsión, violencia física y mental, envueltos en un ambiente de fuerte presencia del Ejército y la Guardia Nacional, son algunas de las situaciones que los migrantes entrevistados vivieron dentro de algunas de las estaciones migratorias más transitadas en el país. Alrededor del 40% de las personas en situación de movilidad forzada detenidas en estos espacios fueron deportadas en ese año.
El endurecimiento de la política migratoria mexicana, traducida en la militarización de la frontera sur y la transgresión de derechos fundamentales a las personas en situación de movilidad, está «asociado a presiones de política internacional al menos desde la administración Trump en 2018 y vigente con la administración Biden», según el informe. Hoy, la situación no es diferente.
«A partir de 2018, cuando llega López Obrador y coincide con Donald Trump, vimos un endurecimiento en México que implica una mayor militarización, mayor número de detenciones y deportaciones. Se viola cualquier tipo de acuerdo internacional sobre Derechos Humanos.», expresó Elena Ayala Gali, una de las autoras del informe, puntualizando además que, durante esos años, las fuerzas de seguridad mexicanas violaban la Ley de Migración, ya que los órganos policíacos y militares se inmiscuían en tareas que solo le correspondían a agentes del INM.
La ley después cambió y derogó la exclusividad de INM en materia de detenciones.
Ayala Galí también señalo la «incongruencia» entre el discurso político del actual presidente mexicano y el actuar de su Gobierno, que se ha rendido «100% a los intereses estadounidenses» con su política migratoria endurecida. Aunque la llegada de Joe Biden al poder en 2021 vaticinaba un cambio en la tensa situación al sur de México, solo fue la narrativa imperante en Washington la que se «suavizó».
«En los últimos años hemos visto cómo se ha endurecido la política migratoria en Estados Unidos, y México actúa en consecuencia. [Con la llegada de Joe Biden] se suaviza el discurso, pero no hay grandes cambios en la política migratoria, que llegó a endurecerse con la pandemia y la expedición del Título 42», indicó la académica.
Promesas de campaña vacías y un futuro en duda
El panorama electoral actual no da esperanzas para las personas en situación de movilidad dentro de México. Lejos de las necesidades humanas en la frontera sur, las campañas presidenciales de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez se han desarticulado del fenómeno migratorio, más allá de menciones superficiales en el primer debate electoral.
Desde la disidencia, se reconoce el problema de la militarización de la frontera entre Chiapas y Guatemala, abogando por regresar a los cuarteles a los miembros del Ejército que se encuentran resguardando el cruce migratorio, sin embargo, no hay propuestas relativas a un plan de fondo, ni para desmilitarizar la frontera, ni mucho menos para restructurar el régimen de protección gubernamental a los migrantes.
El oficialismo de Sheinbaum vela por continuar con el mismo plan de ruta actual, desplazando la culpabilidad del Gobierno mexicano hacia los Estados expulsores de migrantes, afirmando que México debe seguir con las presiones a Estados Unidos para que impulse un plan de mejora en las condiciones materiales en los principales países de origen de la comunidad migrante latinoamericana. Un acercamiento enfocado al ataque de las «causas de origen», y no a las deficiencias del Estado mexicano.
Ayala Galí tiene la esperanza que, de concretarse la amplia ventaja de Sheinbaum en las encuestas de popularidad más recientes, la candidata oficialista rompa con la política mostrada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, encumbrando así respeto a los derechos humanos y tratados internacionales de los que Ciudad de México es parte. Además, la académica apela a la «responsabilidad moral» que el país tiene con aquellos migrantes que entran al suelo nacional, esto por la fuerte presencia de mexicanos en Estados Unidos, unos 38,5 millones, según estimaciones oficiales.
«México tiene la responsabilidad moral de dar un trato digno, porque nosotros lo pedimos para nuestros migrantes en Estados Unidos», indicó Ayala Galí.
Hasta el momento, la elegida por el partido izquierdista Morena para continuar con la ‘cuarta transformación’ no ha comentado sobre la desmilitarización de la frontera sur mexicana, ni propuesto un cambio de política en relación a los flujos migratorios que pasan por el país latinoamericano.
Gobiernos de distintos colores pasan por Palacio Nacional, pero la política migratoria de los últimos años no parece estar ligada a intereses partidarios, más bien parece que a traspasado ideologías y se ha convertido en una política de Estado que obedece a las prioridades de Washington.
Un esquema en donde se privilegian intereses políticos, y electorales, del vecino siempre incómodo del norte, en donde los candidatos presidenciales de ambos lados utilizan la migración como ficha en su tablero político, olvidando así sus rostros, nombres, historias, y en esencia, hasta su calidad de seres humanos. La deshumanización e instrumentalización de las personas en situación de movilidad dentro de México no será, en definitiva, un tema incluido dentro de los debates políticos en rumbo a las elecciones del 2 de junio
Historias como las de Jonathan y Alex no protagonizarán spots electorales para apelar a la unión ciudadana y rogar por el voto popular, y casos como el de Doña Irma no serán presumidos en los discursos propagandísticos como historias de éxito a imitar. El derecho a caminar no será defendido el 2 de junio, pero el infierno mexicano continuará.
