Álvaro Aragón Ayala
La exoneración de Baltazar Valdez Armentía, dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa, y de otros dos representantes de esta organización, a quienes el gobernador Rubén Rocha Moya intentó encarcelar mediante acciones de la Fiscalía General de la República, segunda vía de la persecución y represión gubernamental en Sinaloa, no disminuyó la inconformidad y el rechazo generalizado de los productores al “precio Rocha” de 5 mil 457 pesos la tonelada de maíz.
Sin embargo, el gobernador insiste en su proyecto de hundir al sector agrícola intentando clavar el precio “del gobierno” a la tonelada del grano bajo el argumento rochista de que “el 99.9 por ciento de los productores de maíz en Sinaloa están contentos con las condiciones establecidas para la comercialización del maíz”, lo cual es totalmente falso. Los productores reclaman un precio de cuando menos 6 mil 965 pesos por la tonelada del grano.
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RECHAZAN “PRECIO ROCHA” A LA TONELADA DE MAÍZ
Luego que a mediados de mayo el dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa anunció nuevas movilizaciones para exigir un precio justo a las cosechas de maíz, el gobernador Rubén Rocha se comunicó con Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, y le pidió que “descongelara” las órdenes de aprehensión giradas por un juez federal hace un año en contra Baltazar Valdez, Felipe Zebada Huerta y Jesús Antonio Rojo Ayala.
El plan rochista era detener a Valdez Armentía y a sus compañeros de lucha para que se pudrieran en la cárcel por revoltosos, por “enemigos del Estado”. La Fiscalía los acusó de sabotaje y por delitos contra el consumo y la riqueza de la nación por la toma de Pemex el año pasado. El juez federal Alejandro Bermúdez Sánchez determinó la no vinculación a proceso de los líderes agrícolas ¡los exoneró de todos los cargos!
Con la liberación de Baltazar Valdez y los otros líderes, que de acuerdo a los maiceros están amenazados de que, si toman carreteras, casetas, instalaciones de Pemex y el Aeropuerto de Culiacán, volverán a ser detenidos y ahora sí encarcelados, revive la esperanza de que regresen las protestas, pésele a quien le pese, para exigir un precio de 6 mil 965 pesos por tonelada de maíz.
Efectivamente, pese a que Rubén Rocha criminalizó el movimiento agrícola del 2023 y satanizó a los dirigentes de Campesinos Unidos de Sinaloa que a finales de abril de este año tomaron las casetas de peaje de la carretera Internacional, Baltazar Valdez precisó: «La lucha continúa». Es claro, pues: el gobierno de Morena canceló el programa de comercialización agrícola hundiendo en la bancarrota al campo mexicano.
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