Alfonso Carlos Ontiveros Salas
La justicia, es un derecho humano fundamental que debe ser atendido con oportunidad, eficiencia y legalidad. Las autoridades están obligadas a dar certeza a ese derecho que todos debemos proteger. Una justicia que se retarda es una justicia denegada.
Una nota difundida en un periódico de circulación nacional abrió un boquete a la complicidad de la fiscalía estatal de no realizar actos de investigación en la denuncia presentada desde el 2018 por Ana Karina Aragón Cutiño en contra de Enrique Inzunza Cazarez.
¿Qué ocurrirá en el caso del aspirante al Senado por Sinaloa y candidato de Morena? Una denuncia en su contra por diversos delitos fue presa del congelador de expedientes que es muy común que se de en las oficinas de la fiscalía estatal.
En el Instituto Nacional Electoral de igual forma se presentó una denuncia anónima en los inicios del mes de mayo por hechos ocurridos a finales del mes de abril.
El argumento denunciado fue porque la autoridad electoral registró a una persona a un puesto de elección popular no obstante tener una denuncia penal que lo inhabilitaba para contender electoralmente.
De dicha denuncia, no se ha informado nada, hasta la fecha, que es lo que se ha hecho; sin embargo, quizá hasta en el INE actúan también por consigna, porque Radio UAS ya fue censurada y los conductores de punto universitario y la mesa de análisis ya sufren de una medida cautelar para que no mencionen o cuestionen la moralidad de Enrique Inzunza Cázarez en lo que pasa este proceso electoral. Esa es la justicia sinaloense.
En este espacio de opinión se ha comentado que todo aspirante a puestos de elección popular debe ser probo y con fama publica aceptable, sin cola que le pisen, porque de lo contrario pueden aparecer sus antecedentes en los escenarios político-electorales, como ha ocurrido con Enrique Inzunza Cazarez y que puede ser extensivo también en contra de Juan de Dios Gámez.
La protección gubernamental no siempre es suficiente para detener la inexorable marcha del camino a la justicia. Al parecer, ahora si habrán de conocerse los motivos por los cuales no se han realizado actos de investigación por la fiscalía estatal en esas carpetas de investigación.
El candidato al Senado ya fue citado a una audiencia especial ante un Juzgado de Control, seguramente fue por la falta de probidad en el actuar de la fiscalía estatal. Denuncia presentada deberá ser, no solo recibida, sino determinar si los hechos que la sustentan pueden ser constitutivos de delito. El inconveniente fue que se recibió la denuncia y se archivó.
El escándalo público que ha propiciado esta situación de la denunciante y el candidato al Senado, ha trascendido las fronteras estatales llegando incluso al Palacio Nacional. Morena y el Gobernador han hecho hasta lo imposible para que la denuncia de Aragón Cutiño no vaya más allá y que se considere como un chisme de vecindario.
El circulo de complicidades es muy fuerte, ya que la Comisión Estatal y la Nacional de los Derechos Humanos se han interesado en intervenir, no obstante, que en sus narices hay un hecho violatorio a los derechos humanos y lo han ignorado por completo.
El derecho a la justicia sigue siendo un reclamo social muy recurrente porque en la fiscalía estatal solo no se investiga o se investiga por consigna en la fabricación de delitos, y si no, échenles un vistazo a las carpetas de investigación armadas por la fiscalía contra la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus autoridades y que mediante los amparos promovidos por las autoridades universitarias se han ido al cesto de la basura. Esa es la justicia que se imparte en Sinaloa. Impunidad cabalgante.
Sinaloenses, salgamos a votar este dos de junio. Que no te detenga la amenaza. Hazlo por México y por un Sinaloa seguro.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
