Álvaro Aragón Ayala
Bajo el sentido estricto del “fascismo judicial”, en donde el proceso legal se decide en el despacho del gobernador dictador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el Juez de Control, Carlos Alberto Herrera, violentó la Constitución General de la República y trasgredió preceptos del Derecho Internacional en torno a la libertad de expresión y el derecho a la manifestación y protesta, e impuso, en un “juicio”, una “garantía económica” de 2 millones de pesos para «castigar» por la defensa de la autonomia a Jesús Madueña Molina, Rector Titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa -separado ilegalmente de su cargo-, cantidad que está por encima de sus alcances salariales y económicos.
Quizá el concepto del “fascismo judicial”, pudiera parecer una garrafa sintáctica, de expresión, sin embargo captura y retrata la utilización de las instituciones judiciales de Sinaloa como instrumentos de dominación y persecución judicial autoritaria. Refleja lo que sucede en la Fiscalía General de Justicia y en el Tribunal Superior de Justicia, en donde los procesos legales están determinados de antemano y decididos en otro lugar, no en juzgado alguno; todo se reduce a la mera escenografía jurídica de una asociación fuera de la ley. La “garantía económica” fue exigida por el gobernador vía la Fiscalía de Justicia del Estado porque le enoja la «rebeldía» y la libertad de Jesús Madueña.
Rubén Rocha y su secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, fabricaron tres delitos que no existen en el Código Penal Federal, ni el Código Federal de Procedimientos Penales ni en el Código Penal del Estado de Sinaloa para callar, “paralizar”, dañar en su patrimonio familiar y atemorizar a Jesús Madueña Molina por no cederle el control político, académico y financiero de la UAS. El gobernador respondió con furia a esa negativa e inventa o fabrica delitos contra los directivos universitarios.
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Los ilícitos creados por Rubén Rocha/Enrique Inzunza, encolerizados por la defensa pública de la autonomía universitaria, son el de la expresión pública, el de la manifestación o protesta y el del liderazgo y aunque no aparecen en ninguna ley, tratado de Derecho ni en la Constitución, fueron aplicados a Jesús Madueña Molina por el Juez de Control Carlos Alberto Herrera, quien, en tono burlón, violando de nuevo el debido proceso y la presunción de inocencia, condujo una audiencia judicial sin argumentación jurídica, para clavar la “garantía económica” de 2 millones bajo la falacia de que la sanción impedirá que Jesús Madueña se fuge.
En efecto, Carlos Alberto Herrera pretendió construir la mentira de que Madueña violó las “medidas preventivas” -quedó suspendido temporalmente del cargo, se le obliga a ir a firmar y a no salir del país-, porque participó en el Tercer Informe de Gobierno, pero no lo hizo en calidad de autoridad ni mucho menos de Rector en funciones, sino como un universitario más al que el Consejo Universitario le concedió el usó de la voz. También, intentó, el Juez, deslizar la mentira de que Madueña firmó como Rector en funciones una carta de felicitación a Claudia Sheinbaum. La verdad es que su signatura fue simbólica. Quien rubricó el documento fue el Encargado de Despacho de la UAS Robespierre Lizárraga Otero.
En la sesión solemne, Jesús Madueña hizo uso de su derecho legítimo de la libertad de expresión, pero el Juez le aplicó el Delito de Expresión; ahí la comunidad universitaria, lo ovacionó y le promulgó un nutrido aplauso por su defensa de la autonomía universitaria. El Juez que se quejó y reprochó ese apoyo masivo y le aplicó el Delito de Liderazgo. En la misma audiencia le recriminó a Madueña su participación en las manifestaciones y protestas de la UAS y le aplicó el Delito de Protesta, tres delitos que no existen, y lo conminó jurídicamente a pagar en menos de 20 días 2 millones de pesos.
Rubén Rocha, pues, cambió en Sinaloa el estado de derecho por un esquema fascista, aplicando medidas regresivas y diseñando nuevos “delitos”, bajo la figura del “totalitarian law”, exhibiendo los signos de su gobierno persecutor y represor, en el que domina la ausencia de todo derecho y el imperio de una violenta arbitrariedad ejercida contra las personas consideradas “enemigas del Estado” o críticos y contra todo ciudadano u organización que no se plegue a sus caprichos autoritarios.
