Laura Poy Solano
Los ambientes obesogénicos no sólo dentro, sino fuera de los colegios, inciden en los índices de sobrepeso y obesidad infantil que afectan a 41.2 por ciento de la población escolar de cinco a 13 años, destacan datos oficiales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud (Ssa).
El Instituto Nacional de Salud Pública destaca que la prevalencia de obesidad en adolescentes se incrementó en cinco puntos porcentuales de 2006 a 2022. Investigaciones del organismo señalan que ésta puede ocasionar problemas respiratorios, riesgos de hipertensión, o incluso presentar signos tempranos de enfermedades cardiovasculares.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alerta que desde 1990 la obesidad se duplicó en los adultos, pero en niños y adolescentes de cinco a 19 años se multiplicó por cuatro, lo que representa una enorme carga para los sistemas sanitarios de la región debido al riesgo de desarrollar enfermedades crónico degenerativas a temprana edad.
Entre las acciones de intervención más efectivas propuestas por el organismo de Naciones Unidas se incluye fomentar la lactancia materna, así como legislar sobre las prácticas perjudiciales de comercialización de alimentos y bebidas dirigidos a niños. Señala que los estados miembros deben generar políticas públicas aplicables a la alimentación y la nutrición en centros escolares, la cuales deben incluir iniciativas para regular la venta de productos ricos en grasas, sal y azúcares en la cercanía de las escuelas
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Datos de la plataforma miescuelasaludable.org revelan que de 15 mil 101 reportes recabados en el actual ciclo escolar 2023-2024, al menos 10 mil 533 planteles reportaron datos que confirman la venta productos chatarra.
A ello se suma que 95 por ciento de los institutos venden bebidas azucaradas; 79 por ciento refrescos; y en siete de cada diez centros se reporta la comercialización de productos chatarra fuera de las instalaciones.
En contraste, sólo 19 por ciento venden fruta y verdura; 21 por ciento cuenta con dispensadores de agua potable; 10 por ciento vende cereales integrales y semillas, y 4 por ciento de las escuelas cuentan con un comité de vigilancia que evite la comercialización diaria de frituras, galletas, refrescos y jugos embotellados.
