Tania Larios
La propuesta de Morena de elegir a ministros, magistrados y jueces por voto popular representa una grave amenaza para la justicia en México. Transformar a nuestros jueces en políticos atenta contra la profesionalización y la independencia de uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático.
El Poder Judicial requiere de un conocimiento profundo y especializado del derecho, una capacidad que no se obtiene mediante la popularidad o las campañas políticas. Los encargados de impartir justicia deben ser seleccionados por su competencia y ética, no por su habilidad para ganar votos. Esta medida abriría la puerta a la demagogia, comprometiendo la imparcialidad y la calidad de la justicia.
El único país que ha implementado una medida similar es Bolivia, donde la elección popular de jueces ha llevado a la politización y a una justicia corrupta y parcializada. Este experimento fallido en un régimen autoritario debería servir como una clara advertencia de lo que podría suceder en México si seguimos el mismo camino.
Esta propuesta no es solo un error técnico, sino un intento deliberado del gobierno de Morena de adueñarse del Poder Judicial para sus propios fines. La justicia, convertida en un peón político, perdería su capacidad de actuar como un contrapeso real al Poder Ejecutivo, destruyendo la división de poderes que es la base de nuestra democracia.
México no puede tolerar un Poder Judicial al servicio del gobierno. La independencia de quienes imparten justicia es necesaria para garantizar que la ciudadanía tenga acceso a un sistema imparcial y efectivo. La propuesta de elegir a estos jueces por voto popular amenaza con destruir este principio, poniendo en riesgo nuestros derechos y libertades.
Convertir a los jueces en políticos es abrir la puerta a un sistema donde las decisiones judiciales estén al servicio de intereses partidistas, y no del bien común. Esta trampa peligrosa podría tener consecuencias devastadoras para nuestra democracia.
Debemos proteger la independencia del Poder Judicial para asegurar que nuestros derechos y libertades se mantengan intactos. Esta propuesta de reforma judicial debe ser rechazada con firmeza para preservar la democracia y la justicia en nuestro país.
¡No podemos permitir que se politice la justicia en México!
