Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Los excesos en la función periodística deberían ser materia de atención de las Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos. De oficio deberían iniciar carpetas de investigación y formular las correspondientes recomendaciones para que esa actividad no se envilezca y deje de ser confiable para la sociedad como su destinataria.
Parece que la actividad periodística tiene carta de naturalización para difamar e injuriar. Deja de ser imparcial apartándose de la ética y de la objetividad para convertirse en parásitos mercantilistas al servicio del gobierno.
A la sociedad le interesa que se le informe a través de las notas que día a día consulta y que provienen de la información que obtienen los periodistas que trabajan al servicio de las empresas que se constituyen como medios para informar y orientar a las personas destinatarias de la información que difunden.
La confiabilidad de la información debe ser encausada por sus contenidos. Debe estar apartada de toda finalidad política o de denostaciones a personas particulares utilizando el poder político y el dinero del presupuesto gubernamental.
Toda persecución política utilizando la actividad empresarial periodística desnaturaliza la profesión y la información se corrompe, desorienta y se lesionan derechos de terceros. Se cometen los desvíos que se previenen en el artículo sexto de la Constitución Federal. Zafarse de la dádiva gubernamental es difícil porque la empresa periodística, de negarse a recibir los frutos prohibidos, puede sucumbir ante los medios de represión en su contra. Difícilmente podrían resistir una revisión de auditoría.
Las notas periodísticas pagadas para desinformar causan daño porque desorientan ya que están muy lejos de la verdad, pero la sociedad ya no se deja convencer fácilmente y prefiere guardar silencio que enfrentarse a un poder arbitrario y represivo.
Hoy se dijo en este espacio de opinión que los medios se convertirían en instrumentos del gobierno para difamar a través de sus páginas a personas que, por su verticalidad en la defensa de la autonomía universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, recurrirían a la tergiversación informativa para dañar la credibilidad de la defensa universitaria.
Es falso que la justicia federal haya negado al Dr. Jesús Madueña Molina el amparo solicitado en nombre de la UAS y que por ello se concedía a la Auditoría Superior del Estado facultades para auditar los recursos propios o autogenerados de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Es falso y es perverso. Lo que ocurrió fue que en un amparo diverso promovido por la propia UAS y en contra de la competencia de la ASE para auditar los recursos propios de la Casa Rosalina declaró la inconstitucionalidad de la orden de auditoría relacionada con el amparo que, por innecesario, habría una doble sentencia en el mismo sentido de inconstitucionalidad, fue sobreseído, pero no para reconocer competencia a la ASE para auditar a la UAS. No se enreden, resalten el maridaje entre la ASE que si fue parte en el amparo y la Fiscalía que no lo fue ¿cómo es que ambas dependencias opinaran lo mismo?
Quieren engañar a través de la falsedad periodística, pero todo se les revierte. La mentira la han incorporado como parte indisoluble de su discurso informativo, pero la verdad aparece fustigándolos en sus rostros tatuándoles el peso de sus mentiras.
Dignificar el periodismo es un imperativo. La corrupción lo sepulta. La oscuridad ensombrece la mente del escritor periodístico, y su arte se pierde por la dádiva que corrompe su alma y su inteligencia.
Seguro que seguirán apareciendo notas que difamen a la persona y a la familia del Rector Titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La honradez será su cruz y su luz, pero no el castigo. Jesús Madueña Molina es más que una nota periodística por difamatoria que esta sea.
