Marco Antonio Martínez
María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, alertó que, de concretarse la reforma al Poder Judicial, en donde se contempla la sustitución de ministras, ministros, magistradas, magistrados, así como jueces y juezas, el riesgo es entrar en un retraso de la justicia y la afectación de personas que tienen casos en materia de salud, violencia intrafamiliar, desaparecidos, entre otros.
La magistrada de circuito afirmó, en entrevista con La Silla Rota, que quienes llegarían a sustituir a los juzgadores que fueran removidos, carecerían de experiencia y desconocimiento de los casos.
Pero además del cese de los casi 1,700 magistrados y jueces federales, el personal que trabaja con ellos se vería afectado, además de que el sueldo disminuiría, dijo la magistrada de Circuito, quien estuvo presente en el primer foro de los Diálogos nacionales para la reforma judicial que se celebró en la Cámara de Diputados, el 27 de junio.
“Este tema de se van todos, quién sabe en qué condiciones llegan y que cuando lleguen, no estemos quienes sí tenemos la experiencia y que además el personal también se va a ver afectado, porque si se va a bajar el sueldo de las personas juzgadoras como se está estableciendo, evidentemente no va a haber un secretario que va a ganar más que un juez, entonces todos los sueldos se irán para abajo”, pronosticó.
De acuerdo con el último Censo Nacional de Impartición de Justicia (2023), actualmente en México hay 910 personas magistradas y 737 jueces. La propuesta de reforma al Poder Judicial que presentó el titular del Ejecutivo Federal el 5 de febrero pasado, plantea renovación de todos los cargos mencionados.
“Se prevé que se elimine el Consejo de la Judicatura Federal, pues también habría que ver que ya no subsiste el contrato colectivo de trabajo, entonces estas variables podrían ser el efecto de que hubiera una justicia retardada mucho más, porque habrá una curva de aprendizaje en perjuicio de los justiciables, porque además habría, sin lugar a dudas, personas que estuvieran resolviendo los conflictos que estuvieran ya cargadas para algún lugar de manera indebida y que además ya no hubiera ni siquiera cómo denunciarlo”, explicó María Emilia Molina.
Lo que se propone del Tribunal disciplinario, agregó, tampoco es lo más ortodoxo que se puede hacer. Lo que se dice ahí mismo en la iniciativa es que tendría facultades para verificar que si hay un criterio que impide la administración pública en el concepto que se tenga de cuestiones prioritarias, pues se puede cesar al juez con ese criterio.
“Entonces prácticamente lo que se está diciendo es que a cualquier cosa que diga el gobierno, aun cuando sea en perjuicio de los justiciables, podría haber una ley que dijera que por razones de utilidad pública se expropia toda la propiedad privada y entonces nadie podría decir que es indebido”.
Más de un asunto al día
Un dato sobre la carga de trabajo de los juzgadores es que, de acuerdo con datos de la SCJN, en 2022 el Poder Judicial de la Federación recibió 1 millón 256 mil 077 asuntos y resolvió un millón 214 mil 806, por lo que esos cerca de 1, 700 magistrados y jueces resolvieron 762 asuntos al año, más de uno al día. Algunos asuntos se tardan, pero otros deben resolverse pronto, explicó la magistrada con 30 años de experiencia en el sistema de justicia.
“Esas estadísticas son las más importantes de poner en la mesa, este tipo de situaciones lo que nos puede llevar es a que esos asuntos de las personas más vulnerables no se resuelvan a tiempo, porque algunos que se tienen que resolver en menos de 24 horas”, planteó.
Las suspensiones, que son medidas cautelares, por ejemplo, para la atención a la salud, si no se resuelven por falta de capacidad, de conocimiento o de lo que sea en 24 horas, pueden ocasionar que cuando le llegue la resolución a la persona afectada, ya no haya nada que hacer respecto a su salud, que incluso haya fallecido, continuó Molina.
Otro caso son los niños y las niñas que son víctimas de violencia intrafamiliar y que lo que se necesita es resolver de manera rápida no solo en el Poder Judicial de la Federación, sino desde los juzgados de Primera Instancia en las entidades y cuando llega el amparo es para sacarlos de esos lugares donde están siendo violentados, pues hay que verificarlo.
Un caso más son los amparos buscadores, aquellos que presentan las familias o los allegados a personas desaparecidas para que se busque a alguien, porque las autoridades mismas las han desaparecido o no las han buscado correctamente, si no han ejercido estas facultades, pues tampoco se van a resolver.
“Hay muchísimos casos que no tienen que ver con lo mediáticamente propuesto que pareciera que es lo único que conocemos y no es así, si les van a quitar a un ejido sus tierras, ¿dónde lo resuelven? Hay cosas que se ven en el Tribunal Agrario, pero hay otras que se ven en amparo”, precisó.
Este tipo de asuntos continuarán llegando a los juzgados cuando no haya jueces especializados con experiencia, con la carrera judicial, con excelencia, con independencia y con imparcialidad, enfatizó.
“Ese es el gran tema que debemos poner sobre la mesa, ¿cómo garantizamos que las personas lleguen buscando justicia a espacios donde verdaderamente se busque darles el servicio, no solamente en juzgados, sino desde la primera atención a las víctimas?”, cuestionó.
Sin perspectiva de género
Otro aspecto del cual no se ocupa la iniciativa de reforma al Poder Judicial es de la paridad de género, en un campo donde a las mujeres juzgadoras les ha costado muchísimo tiempo llegar a ocupar espacios y donde sólo están presentes en el 30%, aseguró Molina.
“El tema de la paridad está absolutamente invisibilizado en la iniciativa y entonces, ¿cómo hacemos para que esto también se garantice, no solo para que podamos seguir siendo juzgadoras en un nivel de paridad, sino además para que todas aquellas herramientas que se han desarrollado como las metodologías para juzgar con perspectiva de género o de infancias se refuercen”.
Le cancelaron su participación
María Emilia Molina de la Puente acudió al primer foro para hablar en su calidad de presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Llegó desde temprano y acudió con un texto preparado de cinco cuartillas, donde reconoció que se requiere una reforma al Poder Judicial, “pero serio, estructural, responsable, sin prisas ni sesgos”.
Sin embargo, su participación, que sería al clausurar el evento donde acudieron los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejeros de la Judicatura Federal, fue cancelada y quien cerró el evento fue el ex ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar
María Emilia Molina se quejó en la red social X, en su cuenta @EMILIAMDLAP, de que su participación fue cancelada. No sólo eso, su participación para el segundo de los 9 foros, que se celebrará este 1 de julio en Jalisco, donde también participaría, también fue cancelada.
Molina es una de las magistradas de circuito que fue presionada por Zaldívar cuando el ahora asesor jurídico de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, era presidente de la Suprema Corte.
Sobre las presiones compartió que como magistrada ha sufrido de distintos actores, como gobernadores e incluso de la delincuencia organizada y a punta de pistola. Sin embargo, nunca había sufrido una por parte de la presidencia de la SCJN. Sobre la investigación dijo que no sabe en qué va, porque la investigación le corresponde al Consejo de la Judicatura.
“Presiones pues sufrí en su momento, la verdad es que ahora no. Yo no denuncié, a mí alguien me incluyó en la denuncia anónima y bueno, lo único es que de pronto se piden las declaraciones de quienes estamos involucrados en todos esos dichos y seguramente en su momento el órgano encargado del Consejo hará el análisis de nuestras declaraciones.
“Lo que sí creo es que eso no debe suceder, la parte de presión no importa cómo se llama quien esté presionando, ni el cargo del que esté presionando. No debe suceder porque un día podríamos ser los que estamos presionando a favor, pero tal vez otro día podría ser nuestra contraparte la que está presionando y no nos va a gustar. Entonces justo de eso se trata la independencia y la imparcialidad, que no importa quienes seamos, tiene que ser conforme a la ley y a los estándares de Derechos Humanos”.
“Es importante que la sociedad sepa, para eso son los jueces independientes, los jueces imparciales. Que hay fallos, sí, pero no se trata de que sean solo decir ‘es que fulanito seguro está mal en lo que resolvió, sino que hay que probar si hay corrupción’. Hay que denunciar y probar y eso se tiene que hacer, no importa cuál sea el método de elección”, concluyó.
