Álvaro Aragón Ayala
Por órdenes de Rubén Rocha Moya, tras una audiencia de casi ocho horas, Jesús Madueña Molina, Rector separado ilegalmente del cargo y media docena de funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa fueron otra vez, al margen de la ley, vinculados a proceso por otro invento del gobernador y manoseado como delito por la Fiscalía General del Estado y el Juez de Control Carlos Alberto Herrera, enojados todos porque se invirtieron recursos en el mantenimiento y rehabilitación de edificios de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Esta es la cuarta vez que Madueña Molina que por instrucciones del gobernador es vinculado arbitrariamente a proceso en casi dos años y la tercera ocasión en que recibe ilegalmente y perversamente como medida cautelar la separación del cargo. También fueron vinculados dolosamente Soila Maribel Gaxiola, Salvador Pérez Martínez, Héctor Melesio Cuén Díaz, Óscar Orlando Guadrón y Jorge Pérez Rubio, todos integrantes del Comité de Adquisiciones de la UAS que avalaron inversiones que apenas llegan a los 3 millones 700 mil pesos, pero que Rocha Moya «infló» para convertirlas en un «delito»
El gobernador fabricó este nuevo ilícito apresurado porque los otros que creó y por los que a Madueña se le separó del cargo ya fueron rechazados y considerados ilegales, inconstitucionales, por los jueces de distrito que ya dictaron sentencias a favor del Rector ilegalmente separado del cargo. Es cuestión de días para que los tribunales lo exoneren totalmente y ordenen a los Jueces de Control que se le restituya en la Rectoría. A Rubén Rocha le urgía tener vivo otro proceso no alcanzado todavía por los amparos federales.
Se trata entonces de una nueva vinculación inconstitucional a proceso y separación ilegal del cargo para mantener fuera de la Rectoría a Jesús Madueña, mientras el gobernador Rubén Rocha por todos los medios a su alcance intenta tomar por asalto la Universidad Autónoma de Sinaloa. A la criminalización pública y la fabricación de demandas penales sumó ahora el intento de fabricar una Ley Orgánica Externa de la UAS pasándose por “el arco del triunfo” la Constitución y la Ley General de Educación Superior.
LEER NOTAS SOBRE LA CONSPIRACIÓN ROCHISTA:
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LEY ORGANICA EXTERNA PARA INTENTAR TOMAR POR ASALTO A LA UAS
VIOLANDO LA LEY, LOS DIPUTADOS DAN CURSO A INICIATIVAS ANTIUAS
Durante la audiencia, la Fiscalía explicó el invento del gobernador: que desde la Universidad se contrató a la empresa Arquitectos Constructores de Sinaloa y se le adjudicó un contrato de manera directa, pese a que los montos obligaban a realizar un procedimiento de licitación, lo cual es falso. En la acusación, la Fiscalía recalcó que el gasto inventado durante el 2021 fue de 10 millones 898 mil 756 mil y en el 2022 fue de 10 millones 65 mil 506 pesos. Sin embargo, los gastos reales apenas llegan a los 3 millones 700 mil pesos.
Los abogados defensores del Rector separado ilegítimamente del cargo y los integrantes del comité de adquisiciones, desmenuzaron ante el Juez de Control Carlos Alberto Herrera que se trataba de un nuevo montaje del gobernador, que esos recursos ya habían sido auditados por la Auditoría Superior de la Federación que determinó que no existió ninguna irregularidad. Precisaron y demostraron que ese monto que maneja la Fiscalía era excesivo, ya que no fueron pagadas y fueron canceladas la mayoría de las facturas.
También comprobaron que la Fiscalía no tiene atribuciones para auditar ni presentar demandas porque se trata de una inversión con recursos federales y federalizados y que en caso de detectarse anomalías en el manejo y aplicación de recursos sería la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y Fiscalía General de la República las encargadas de actuar pero la ASF determinó que no hay delito que perseguir ni daño al patrimonio universitario ni a la Secretaría de Hacienda.
Pese a que se echó pues abajo el invento rochista, el Juez de Control, por órdenes del gobernador, como lo hizo en otras ocasiones, resolvió perversamente en contra de Jesús Madueña Molina y el comité de adquisiciones, logrando con ello, la vinculación a proceso y que se abra una investigación de tres meses. Al mandatario estatal le urgía “clavar” esta nueva acusación, porque los jueces federales están a punto de liberar de todos los cargos “viejos” a Madueña y girar indicaciones a los jueces locales para que lo reinstalen en la Rectoría.
