Luis Romero
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios solicitaron a las autoridades electorales mantener los equilibrios democráticos entre los poderes de la Unión, evitando la sobrerrepresentación, en respeto a las minorías y a lo establecido en la Constitución.
“Nuestra Constitución, en su artículo 54, establece que ningún partido puede tener una sobrerrepresentación en el Congreso mayor al 8 por ciento respecto a los votos obtenidos en las urnas, ni contar con más de 300 diputados en total”, indicó el CCE.
Además, la Fracción I del mismo artículo requiere registrar candidatos en al menos 200 distritos electorales para acceder a diputados plurinominales, lo cual solo se cumple al considerar a la coalición en su conjunto y no a cada partido de manera individual.
“La representación proporcional es un mecanismo para garantizar el pluralismo político y asegurar que las minorías estén debidamente representadas en el seno legislativo”, destacó el sector empresarial.
Este pronunciamiento se realiza días antes de que las autoridades electorales determinen la asignación de diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados.
El organismo, liderado por Francisco Cervantes, añadió que la asignación de escaños plurinominales debe realizarse de manera sensata, justa, equilibrada, y apegada a la Constitución y a la voluntad del pueblo mexicano.
«El respeto a los derechos de las minorías es fundamental para garantizar el equilibrio entre los poderes de la Unión y el espíritu democrático de nuestro país», afirmó.
Por su parte, el Consejo Mexicano de Negocios se sumó al llamado para que se tome una decisión equilibrada en la asignación de las diputaciones plurinominales.
«Para enfrentar los retos del desarrollo, México necesita un Congreso que represente la pluralidad y riqueza del país. Una representación desproporcionada podría distorsionar el debate público y perjudicar la toma de decisiones democráticas, donde las minorías deben ser representadas y escuchadas».
El organismo subrayó que la certeza jurídica, la prevalencia de la ley y el respeto a las libertades fundamentales son condiciones indispensables para alcanzar un futuro mejor para todos los mexicanos.
