Diana Lastiri
El encono del expresidente Andrés Manuel López Obrador con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no comenzó con la llegada de la ministra Norma Piña a la cabeza del Poder Judicial de la Federación. Se remonta a 30 años atrás, cuando el máximo tribunal del país frustró su propósito de sacar del gobierno de Tabasco a su eterno opositor, Roberto Madrazo.
Pese a que la Corte también falló en favor de López Obrador en distintas ocasiones, la historia de desencuentros entre ambos es larga. Como presidente de la República, ante la imposibilidad de influir en las decisiones de la SCJN luego de la salida de su aliado, el ministro en retiro Arturo Zaldívar, decidió arremeter contra el principal dique de control constitucional que ha tenido el país en los últimos 30 años ante los poderes Ejecutivo y Judicial.
Como herencia, deja en la incertidumbre el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF) para los próximos años con la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
En diciembre de 1994 el entonces presidente Ernesto Zedillo emprendió una reforma constitucional para cambiar la estructura y funcionamiento del PJF. A la Corte se le otorgaron mayores controles sobre la acción del Ejecutivo federal y el Legislativo, ampliando las atribuciones del pleno de ministros para resolver controversias constitucionales (conflictos entre poderes y entidades con la Federación) y se estableció la facultad para investigar casos en los que pudiera haber graves violaciones a los derechos humanos.
Zedillo aprovechó el receso vacacional de diciembre de ese año para dejar inoperante al tercer Poder, con el apoyo del Legislativo –en lo que se describió como un “Golpe de Estado Técnico”–, y a partir del 1 de enero del siguiente año comenzó a funcionar la composición que ahora echó abajo López Obrador con su contrarreforma judicial.
En medio de la convulsión del país entre 1993 y 1994, con los magnicidios del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, y del líder priista José Francisco Ruiz Massieu, el levantamiento Zapatista y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, López Obrador buscó gobernar Tabasco en momentos en que la entonces oposición del PAN y el PRD estaban en ascenso.
Pugna por la gubernatura
López Obrador, junto con Zedillo, estuvo a punto de impedirle la gubernatura a Madrazo. Tras la elección que le dio el triunfo al candidato del PRI, López Obrador dio a conocer pruebas sobre el financiamiento ilegal de 70 millones de dólares para la campaña de Madrazo por parte de Carlos Cabal Peniche, que al mismo tiempo benefició a Zedillo en su carrera rumbo a la Presidencia.
El entonces dirigente del PRD en Tabasco, Octavio Romero Oropeza, ahora director de Pemex y próximo director del Infonavit en el gobierno de Claudia Sheinbaum, intentó someter a Madrazo a juicio por delitos federales. La acción no prosperó porque la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda, evitó querellarse para que la Procuraduría General de la República emprendiera la averiguación.
Ante el escándalo que rodeaba el triunfo de Madrazo en Tabasco, Zedillo intentó intervenir, y, como parte de una estrategia para calmar a la oposición que reclamaba el fraude electoral denunciado por López Obrador, le pidió a Madrazo renunciar a su gubernatura.
Madrazo no se opuso ante la decisión de Zedillo, pero los grupos políticos que lo apoyaban en Tabasco le aconsejaron no hacer caso y pelear judicialmente.
“Madrazo llevó su defensa hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Interpuso la primera controversia constitucional de un estado contra el Ejecutivo federal, después de una reforma judicial del propio Zedillo. La Corte le dio la razón”, relata el periodista Jorge Carrasco en el texto “Roberto Madrazo. Las familias y el poder”, publicado en 2006 en el libro Los suspirantes: los precandidatos de carne y hueso.
Para abril del año 1995 Zedillo no tuvo más opción que reconocer a Madrazo como gobernador de Tabasco, dejando a López Obrador como el primer perjudicado por una resolución de la SCJN en una controversia constitucional.
El 15 de septiembre último Zedillo aseguró que con la reconversión del PJF hecha por López Obrador de la mano del Legislativo, la SCJN quedará como una entidad dócil, sujeta a “un gobierno absolutamente poderoso para combatir cualquier disidencia”, por lo que calificó la reforma como una “felonía histórica” y una “atrocidad”.
En 1998, como presidente del PRD, López Obrador hizo uso de la acción de inconstitucionalidad para impugnar una ley electoral emitida por el Congreso de Quintana Roo, que permitía que el partido que ganara más distritos y tuviera más votos tuviera en automático la mayoría de los diputados locales.
La SCJN le dio la razón porque la ley impugnada era contraria al artículo 54 constitucional que buscaba evitar la sobrerrepresentación, argumento que ahora la oposición intentó, sin éxito, hacer valer.
En el fallo de la Corte, elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero –hoy diputada de Morena– y avalado por unanimidad, se señaló que el principio de representación proporcional tiene, entre sus objetivos principales, evitar la sobrerrepresentación de los partidos dominantes.
Aunque parecía que la relación entre López Obrador y la Corte estaba en un terreno neutral, en el sexenio de Vicente Fox el panorama volvió a cambiar.
En 2001, como jefe de Gobierno del Distrito Federal, López Obrador publicó un decreto con el que intentó evitar la implementación del horario de verano en la capital del país luego de que el presidente Fox estableció cuatro zonas de usos horarios en los que estaba incluido el entonces Distrito Federal.
La SCJN declaró inconstitucionales ambos actos, el de Fox y el de López Obrador, y señaló que sólo el Congreso de la Unión tenía facultades para adoptar un sistema general de pesas y medidas que incluye el sistema de medición de tiempo. La Cámara de Diputados creó la Ley del Sistema Horario en México que estableció el horario de verano, pero en este sexenio fue eliminado en todo el país a propuesta del presidente López Obrador.
El Encino y el desafuero
Dos años después, el jefe de Gobierno capitalino fue acusado de invadir El Encino, un terreno privado ubicado en Santa Fe, para construir una calle que daría continuidad a las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández.
El predio había sido expropiado en el año 2000 por la entonces jefa de Gobierno interina, Rosario Robles, lo que derivó en un litigio con la empresa Promotora Internacional Santa Fe y que en el año 2005 causó el desafuero de López Obrador.
La Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal acudió a la Corte mediante una controversia constitucional en la que los ministros declararon que el jefe de Gobierno del DF no podía recibir el mismo trato que el resto de los gobernantes de las entidades federativas y, por tanto, no correspondía a la Legislatura local tener la última palabra sobre el proceso de desafuero.
Con esta resolución, la Cámara de Diputados consumó el desafuero de López Obrador en el año 2005, por lo que la PGR solicitó una orden de presentación en su contra, misma que fue rechazada por el juez Décimo Segundo de Distrito en la capital del país.
Para el 4 de mayo de ese año, luego de la renuncia del titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, y de una masiva movilización social contra el desafuero, Fox anunció que el caso sería revisado nuevamente y la PGR desistió de la intención de continuar con el proceso penal contra López Obrador.
Sin embargo, la SCJN resolvió que el gobierno capitalino debía indemnizar con 95 millones de pesos a la empresa porque la expropiación se dio fuera del marco constitucional y era imposible devolverle el terreno.
Este año, 2024, la Corte utilizó el criterio con el que avaló el desafuero de López Obrador al enfatizar en la distinción entre gobernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
De este modo, la SCJN evitó que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fuera desaforado debido a que el Congreso estatal no avaló la decisión de la Cámara de Diputados. El propósito de Morena era impedir la participación política del panista.
En 2016 López Obrador, entonces dirigente nacional de Morena, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Constitución que transformó al DF en Ciudad de México (CDMX).
El ministro Javier Laynez Potisek desechó la demanda por improcedente. Esa decisión fue confirmada a propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, al considerar que, de acuerdo con el artículo 105 constitucional los partidos políticos no pueden presentar este tipo de impugnaciones, además de que la acción de inconstitucionalidad no era la vía para impugnar una reforma constitucional.
