Álvaro Aragón Ayala
Educación, bullying y pobreza
El bullying contra los estudiantes pobres es criminal. Insultante. Arbitrario. Discriminación y pobreza se mezclan para reflejar un sistema educativo violatorio a los derechos humanos de los estudiantes, niños y adolescentes. A contracorriente de su propio ser, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos blinda las prácticas comerciales en las escuelas.
La ausencia de ingenio, vocación de servicio, sentido de la organización, humanismo, combinado con la avaricia de los directores mercantilizó las Escuelas de Tiempo Completo y la omisión, irresponsabilidad ycanallada de la CEDH , colapsó el programa, cuyo objetivo primario era paliar el hambre de los niños pobres de los planteles de horario extendido.
El estatus de marginados espolea, semana tras semana, a los estudiantes jodidos a recibir una de las peores penas escolares: humillación y expulsión por dos horas, al mediodía, de las escuelas por no contar con dinero para pagar las “tarifas alimentarias”.
La prostitución del Programa de Escuelas de Tiempo Completo data de 7 años atrás. Sirvió de modelo para la generalización en la aplicación del cobro de alimentos la primaria “Emiliano Zapata”, de la Villa Gustavo Díaz Ordaz – clave 25DPR1110S-, una de las primeras beneficiadas con el programa de la SEP.
Casi la totalidad de los directores de las escuelas de horario extendido, de aquel entonces y de ahora, primero en el norte, luego en el centro y sur de Sinaloa, extasiados por el cambio de estatus económico de los responsables del manejo del PETC, decidieron comercializar el programa de dotación de comida.
Venta de comida, concesionada
En la “Emiliano Zapata” no hay cocina escolar. La venta de alimentos se concesionó a un particular, violando las reglas originales de operación del programa.
La SSA, en una primera revisión descubrió que los alimentos para tal plantel se preparaban en una “cocina clandestina”, sin permiso sanitario ni de la SHyCP.
Precisamente fue ahí en septiembre del 2011 donde comenzó la protesta por el cobro de alimentos. En un comunicado popular lanzado a las autoridades de todos los niveles, padres de familia denunciaron que sus hijos “son tratados como perros muertos de hambre” porque no tienen con qué pagar la tarifa alimentaria.
El director de la primaria de aquel entonces, Orlando Gaxiola, fue acusado de haber montado un jugoso negocio con la venta de alimentos.
En la escuela comían 200 alumnos y otros 200 no recibían su ración alimentaria.
El 29 de septiembre de 2011 madres de familia del -19 en total- presentaron queja por escrito ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violación a los derechos humanos cometidos contra sus hijos en el kínder “Naciones Unidas”.
Sus hijos eran expulsados del jardín de niños al mediodía porque ellas carecían de recursos para pagar la “tarifa alimentaria”, denunciaron.
El movimiento “prendió”. Con el acuerdo número 556 por el que se emitieron las reglas de Operación del Programa de Escuela de Tiempo Completo –firmado por el entonces titular de la SEP, Alfonso José Ricardo Lujambio Irazabal-, las madres de familia exigieron la no aplicación de la “tarifa alimentaria”, y pidieron a la SEPyC y a los directores de las escuelas ajustarse a las normas de corresponsabilidad, no obligatoriedad, en el cobro de la comida, con la clara especificación de que el PETC no es lucrativo.
En el norte, se sumaron, en cadena, denunciando en Diario de Sinaloa (Los Mochis), Línea Directa y El Debate, padres de familia de las escuelas de horario extendido de las primarias: Emiliano Zapata, Jesús García Corona, Vicente Guerrero, Alfonso Pellegrini, Miguel Hidalgo, Niños Héroes de Chapultepec y Justo Sierra , entre otras.
La CEDH admitió la queja de las madres por violación a los derechos humanos de los niños: abrió el oficio CEDH/P/CUL/002746. Expediente CEDH/IV/VZN/AHO/148/2011.
El Acuerdo de Conciliación “patito”
El 16 de septiembre del 2011, Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mando un oficio, con orientación o disfraz de una pretendida resolución encaminada al hipotético Acuerdo de Conciliación No. 14/2011.
Remarcando el oficio CEDH/P/CUL/002746, expediente CEDH/IV/VZN/AHO/148/2011, Ríos se dirigió al doctor Francisco Frías Castro, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, para informarle la queja presentada por 19 madres de familia contra la profesora Florina Galaviz Félix, directora del Jardín de Niños “Naciones Unidas” por el cobro de una cuota de 15 pesos diarios por alimentación.
Ahí, se le comunica a Frías Castro las investigaciones practicadas por personal de la CEDH, y se le informa que el 18 de octubre se le solicitó a la Subsecretaría de Educación Pública y Cultura, adoptara las siguientes medidas cautelares:
1.- “Se instruya de inmediato al Contralor Interno de esa Secretaría para que, atento a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, inicie los procedimientos de queja en contra de directivos o personal docente de las instituciones educativas públicas de educación básica denunciados por llevar actos en perjuicio de niños y niñas con motivo del Programa de Escuelas de Tiempo Completo;
2.- Se tomen las medidas necesarias para garantizar que los niños y/o niñas alumno (as) de las Escuelas de Tiempo Completo en la entidad no sean discriminados con motivo de la falta o negativa de sus padres a realizar la aportación a la escuela para la alimentación de sus hijos; y,
3.- Se instruya al personal directivo y/o docente de las instituciones públicas que formen parte del Programa de Escuelas de Tiempo Completo para que sin mayor trámite proporcione a todos sus alumnos el servicio de alimentos”.
Se le informa al titular de la SEPyC que durante las diligencias de la CEDH la directora Florina Galaviz Félix manifestó que la estancia de los niños hasta las 16:00 horas no era obligatoria ya que los padres de familia se los podían llevar a las 12:00 horas y que si algún padre de familia no puede pagar la cuota de 10 pesos (15 decían las madres) los niños se pueden quedar hasta las 16:00 horas.
En el oficio Ríos Estavillo hace constar que en diversos medios de comunicación se han denunciado las irregularidades en la aplicación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
El presidente de la CEDH le comunica a Francisco Frías Castro que dicho programa (PETC) es un compromiso creado por la Secretaría de Educación Pública y tiene como finalidad contribuir a elevar la calidad de la educación que reciben niños y jóvenes mexicanos, con base en sólidos principios de equidad, en una mejor distribución de los recursos, así como en la mayor participación y corresponsabilidad en la educación por parte de padres de familia y la sociedad en general.
En la página 8 del oficio girado al titular de la SEPyC –firmado por Juan José Ríos Estavillo-, se establece
“…una vez que se allegaron de diversos medios de prueba, analizados los mismos, a juicio de la autoridad constitucional en derechos humanos, existen violaciones a derechos humanos a la educación y a la no discriminación en perjuicio (…) de los niños que conforman la comunidad estudiantil integradas al PETC”.
Estavillo actúa… solo en papeles
Sustentado en sus facultares legales, Ríos Estavillo, formuló a Frías Castro un hipotético Acuerdo de Conciliación, para que- se escribió en el documento-:
Primero: instruya a quien corresponda para que de inmediato en el Jardín de Niños “Naciones Unidas” de Los Mochis, así como los diversos planteles educativos integrados al Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo se garantice a todos los niños que conforman la comunidad estudiantil su derecho a la educación con independencia de que hayan cubierto o no cualquier tipo de cuota o aportación aprobada por la Asociación de Padres de Familia.
Segundo:- Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se difunda ampliamente entre la sociedad, los padres de familia y docentes, el contenido y las características de las Reglas de Operación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
Tercero: Gire instrucciones para que el personal docente que conforma el Programa de Escuelas de Tiempo Completo reciban los apoyos necesarios para la oportuna y eficaz implementación de dicho programa.
Cuarto: Se destinen los recursos económicos y materiales a efecto de que las escuelas de Tiempo Completo sean condicionadas para cumplir con el objetivo que señala dicho programa.
La canallada contra los niños pobres
El 20 de febrero del 2012, Ríos Estavillo, dio la estocada a la queja-demanda de las madres de familia y a los reclamos masivos, surgidos en las escuelas del norte de Sinaloa, de no cobro a la tarifa alimentaria.
Con el oficio CEDH/VG/AHO/000393, firmado por Nuria Alejandra González Elizalde, visitadora general de la CEDH, se le notificó a las madres de familia “la aceptación total del Acuerdo de Conciliación 14/2011, por violaciones a los derechos humanos cometidos en perjuicio de alumnos del jardín de Niños “Naciones Unidas”.
Sorprendidas las madres de familia leyeron el aparente Acuerdo de Conciliación, en el que no participaron, y en el que se sepultaban sus demandas, y no se atendían los reclamos desencadenadas en otras escuelas.
En el Acuerdo de Conciliación se les notificó que la SEPyC se comprometió a llevar a cabo acciones tendientes a solucionar la problemática planteada.
El punto uno las desarmó
La SEPyC se comprometía a “convocar a los padres de familia, directivos y personal docente del Jardín de Niños “Naciones Unidas”, para que se solidaricen con aquellos niños cuyos padres no puedan pagar la cuota voluntaria de diez pesos (quince, decían las madres), aceptada por dicha asociación, o bien que las madres de familia sea quienes les lleven a sus hijos a la escuela los alimentos para que no sea ésta la causa de no continuar con el horario ampliado que señala el Programa de Escuela de Tiempo Completo.
Después del “acuerdo”, la CEDH cerró el diálogo con las madres de familia y dio por solucionado el problema de mercantilización del PETC.
Muy de acuerdo Estavillo y Frías
Una semana después, las madres viajaron a Culiacán para denunciar “la traición de Estavillo” y lo sorprendieron comiendo con Frías Castro las mejores viandas en un lujoso restaurante.
No lo abordaron. No le reclamaron nada, únicamente se regresaron a sus hogares echando rayos y centellas.
El problema sigue creciendo
Seis meses después de la estocada de Juan José Ríos Estavillo a la queja de madres de familia del norte, la periodista Rebeca Angulo publicó –agosto del 2012-, un amplio reportaje que reflejaba y refleja lo “inoperante e infuncional” del Programa de Escuela de Tiempo Completo.
El programa –recalcó Angulo- “sateliza” en la infraestructura educativa en mal estado de los planteles, la falta de presupuesto y la pobreza de la mayoría de los padres de familia.
En su reportaje, Rebeca Angulo incluyó, la situación de los padres de familia. Escribió: “con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo que ‘ruidosamente’ han venido anunciado las autoridades, pasa lo mismo que con el mantenimiento de la infraestructura educativa: ‘el gobierno no canaliza presupuesto para desarrollarlo y lo ha dejado caer sobre los padres de familia’ a través del pago de cuotas que van entre 10 y 15 pesos diarios por cada hijo inscrito en el mismo”.
El problema que se presenta, es que “los padres apenas ganan para medio comer” y para no pagar las cuotas sacan a los muchachos de las escuelas, les dan de comer en la casa y luego los regresan para que continúen las clases por la tarde; así no puede funcionar adecuadamente”, escribió.
Ejemplares del periódico mensual Vértice en el que se publicó el reportaje de Rebeca Angulo fueron retirados de las oficinas de la SEPyC y de la CEDH.
Sigue la “expulsión” de niños
La omisión, complicidad o irresponsabilidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos facultó, prácticamente, a directores a seguir con la práctica de exclusión de los niños pobres del Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
De El Carrizo a La Concha, de la sierra a la costa, los niños hambrientos que no pagan la “tarifa alimentaria”, son sacados de las aulas y de las escuelas por sus directores y cocineras y lanzados a la calle.
Algunos padres, para evitar el retorno de sus hijos a sus hogares, al mediodía, los proveen de lonches, que consumen fríos, ante la negativa de las cocineras para calentárselos, argumentando que “el servicio es para quienes pagan”.
Ni la SEPyC ni la CEDH protegen a los alumnos que por su condición de pobreza están fuera de los beneficios escolares alimentarios.
Las “tarifas alimentarias” de 10 y 15 pesos que se cobraban en el 2011 y 2012 subieron ya a 20 y 25 pesos y cada vez son menos los padres de familia con capacidad para pagarlas.
En todos los 18 municipios el PETC sucumbe ante el apetito económico de los directores.
Declaraciones y convenciones muertas
Alejados de la protección de la CEDH, sin que los alcance el manto de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes, los estudiantes pobres de Sinaloa no son alcanzados tampoco por Declaraciones Universales, Pactos ni Convenciones.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su artículo 26 que:
“1.- Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita al menor en su instrucción elemental y fundamental (…)
2.- La educación tendrá por objeto el plano desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales (….)”
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 13:
“1.-Los Estados partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a).- La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente”.
La Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo XII que:
“Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana. Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad.
El derecho de educación –reza otro párrafo de la Convención-comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con los dotes, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que pueda proporcionar la comunidad y el Estado….”
A contrapartida, el defensor de los derechos humanos Juan José Ríos Estavillo blindó el deshumanizado, mercantilizado y discriminatorio Programa de Escuela de Tiempo Completo. La CEDH consumó la peor de las canalladas contra los estudiantes pobres de Sinaloa: avaló el cobro de los alimentos del mediodía.
Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina,
y su vivir ceniciento
revuelve mi alma de encina.
Publicado por proyecto3.mx
