L. Arista, D. Badillo y D. Villanueva
A una semana de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio cumplió un año de implementarse a escala nacional, no hay indicadores que permitan medir si esa política pública cumple con los objetivos para los que se creó.
María de Los Ángeles Fromow, ex secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, expuso que en todas las experiencias de transformación a escala internacional ha sido indispensable medir, evaluar y perfeccionar permanentemente el proceso en virtud de las experiencias que se vayan presentando en la práctica.
“No todo es una reforma normativa, sino que es indispensable que veamos si son aspectos de profesionalización, de capacitación, instrumentación o de leyes secundarias” las áreas de oportunidad que se van detectando.
La exfuncionaria detalló que en octubre del 2016 el gobierno federal decidió desaparecer la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, aunque hubo intentos por transformarla en un órgano que supervisara y consolidara la implementación de esta política pública.
Actualmente no existe una entidad que se encargue de supervisar la implementación y ello explicaría que no se haya difundido el resultado de alguna evaluación de diseño, operación o de resultados. Incluso no es posible conocer los indicadores de gestión.
Desde la perspectiva de Fromow, el problema es que faltan instituciones básicas que no se han generado como las unidades de medidas cautelares, las comisiones ejecutivas, y las de atención a víctimas siguen siendo eslabones débiles de la cadena que constituye el sistema.
Refirió que si bien hay estados como Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí donde no han bajado la guardia, hay otros en donde no se ha observado un trabajo importante para la implementación de esa nueva forma de impartir justicia en el país.
La exfuncionaria hizo énfasis que no se puede aseverar que hay una relación directa entre las fallas en la implementación del nuevo sistema con el incremento en la incidencia delictiva.
Expuso que no es que haya una puerta giratoria en el sistema por donde entren los presuntos delincuentes y salgan a seguir cometiendo ilícitos, ya que en todo caso lo que debe reforzarse son los sistemas de evaluación y diagnóstico para no beneficiar a gente que va a volver a delinquir.
“grave riesgo”
Por su parte, Edna Jaime, directora de México Evalúa, planteó que la reforma de justicia penal enfrenta un gran riesgo: que pueda ser desmantelada.
Dijo que particularmente los gobernadores del país, agrupados en la Conago, buscan realizar cambios a la reforma, lo cual puede significar una especie de “dardo al corazón” de esa legislación que fue aprobada en el 2008.
“La reforma enfrenta dos riesgos muy grandes que quizá podrían subsumirse en uno, que se quiera echar para atrás. Así como se conformó una coalición que hizo posible el cambio constitucional del 2008, en la coalición de actores diversos, con el objetivo común de mejorar la justicia, ahorita estamos viendo la composición de la coalición que le quiere dar marcha atrás”.
La también directora de CIDAC aseguró que el gobierno mexicano ha dejado sola al sistema de justicia penal en su consolidación. Opinó que así como no fue prioridad para el gobierno del presidente Felipe Calderón, parece que tampoco lo está siendo para la administración de Enrique Peña Nieto.
“Esta reforma está acompañada por organizaciones como CIDAC, México Evalúa, hay mucha gente muy talentosa involucrada. No la vamos a soltar, y estamos dispuestos por supuesto”.
Para Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, el nuevo sistema de justicia penal no está funcionando y ello responde en gran medida a que hubo una simulación por parte del gobierno al implementar un sistema que no sirve.
Desde su perspectiva, el que el sistema penal no esté funcionando explica parte del incremento en la incidencia delictiva, sin embargo, afirmó, no es la única causa.
Rivas llamó la atención respecto a que hay poco esfuerzo por construir las policías que el sistema penal requiere. Puso como ejemplo el caso de Tamaulipas, donde el exgobernador Egidio Torre Cantú debió entregar en su administración 3,000 policías debidamente capacitados, pero sólo preparó menos de 280, es decir, ni siquiera 10 por ciento.
Planteó que si es necesario reformar aspectos del sistema penal, que se haga, pero también es imperativo que se deje de simular, acotó.
Jóvenes, en reclusión
Según reporta el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Púbica y Sistema Penitenciario Estatales 2016, de las 166,532 personas que ingresaron a prisión en el 2015, 73,074 eran menores de 30 años.
Así, del total de las personas que ingresaron a las cárceles mexicanas, 43% fueron jóvenes.
Al tomar al grupo de jóvenes que ronda entre los 18 y 24 años, el porcentaje para esta población recluida en prisiones es de 24%, casi un cuarto del total.
Publicado en El Economista
