Juan Carlos Miranda
Este año se cumplen 80 años de la expropiación petrolera, uno de los actos fundacionales de la industria nacional y pilar del desarrollo del país en la mayor parte del siglo XX, pero lejos de celebrarlo los ciudadanos enfrentan el fracaso de una reforma energética que, no sólo devolvió los bienes nacionales expropiados a empresas trasnacionales, sino que en los hechos se ha traducido en un encarecimiento de los combustibles, el desmantelamiento del sistema nacional de refinación y la creciente dependencia de las importaciones de gasolina y gas LP, coincidieron académicos, sindicalistas, y expertos del sector petrolero.
José Manuel Muñóz, presidente del Observatorio Ciudadano de la Energía, recordó que la Expropiación Petrolera, llevada a cabo por el presidente Lázaro Cárdenas del Río el 18 de marzo de 1938, fue un acto fundacional que le permitió a México contar con recursos energéticos que se tradujeron en ingresos para Hacienda y luego en escuelas, hospitales, vías de comunicación, etcétera.
“El domingo se cumplen 80 años de la Expropiación. En septiembre se cumplieron 80 años de la fundación de la CFE y ambos están desmantelados. Los ciudadanos nos dormimos, pensamos que las conquistas derivadas de la revolución y agrandadas durante el cardenismo, serían eternas. Los que no se durmieron fueron los petroleros expropiados que trabajaron desde el 19 de marzo del 38 y que finalmente consiguieron a este equipo de políticos que no nos animamos a calificarlos de traidores, pero eso es lo que son”, comentó durante la presentación del segundo número del boletín Energía y Futuro.
Sergio Benito Osorio, integrante del Observatorio, alertó que la fuerte caída en la producción tanto de petróleo como de gasolinas y petroquímicos está poniendo en riesgo no solo la seguridad energética de México sino también su seguridad nacional, pues el país depende cada vez más de las importaciones de gasolina y gas licuado de petróleo que se hacen de Estados Unidos.
Lo anterior deteriora el tipo de cambio y, lo más importante, afecta a la economía familiar porque los aumentos en el precio de la gasolina impactan al conjunto de la canasta de productos básicos y encarecen los transportes.
Silvia Ramos Luna, del Sindicato Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros denunció que el desmantelamiento final de Pemex inició en 2015 con el recorte presupuestal que se le aplicó de 50 mil millones de pesos y de 100 mil millones el año siguiente, mismos que derivaron en fuertes restricciones para el mantenimiento de las plantas.
“Estamos profundamente preocupados por la situación de desmantelamiento que tiene la empresa, preocupados por la falta de productividad en nuestras refinería, que no es responsabilidad de los trabajadores sino de quienes durante años dejaron de darles mantenimiento y estamos produciendo muy por debajo de nuestra capacidad instalada”, comentó la trabajadora de la refinaría Miguel Hidalgo.
Recordó que el 19 de febrero se instrumentó en Pemex Transformación Industrial una estructura nueva que le bajó a los trabajadores sus niveles, y por lo tanto los salarios.
“Eso es una violación a sus derechos pero también genera inconformidad en el interior. El ambiente ahorita en las refinerías es muy difícil” y agregó que mientras no se acabe la corrupción en la alta dirección va a ser muy difícil que la empresa pueda salir adelante.
“Desde la torre sigue habiendo contratismo. Por ejemplo se hace el mantenimiento a una planta catalítica de Tula con 8 millones, mientras que en Cadereyta pagan 80 millones porque la hacen contratistas. Ese problema también lo tenemos que resolver”, señaló.
El académico de la Facultad de Economía de la UNAM, Eliezer Morales Aragón, reconoció que en el desarrollo del sector energético nacional hubo anomalías que impidieron impulsar de mejor manera las actividades productivas.
“Nunca hemos perdido de vista las enormes anomalías con las que funcionó el sector energético, tanto eléctrico, como de los hidrocarburos, originadas esencialmente por el hecho de que se trataba de un sector corporativizado, afiliado al PRI y por lo tanto atendiendo los designios de un partido político y de ninguna manera lo que corresponde a las necesidades de un sector energético sano”.
Los especialistas se pronunciaron, entre otros puntos, por la construcción de una nueva matriz energética desvinculada de los intereses recaudatorios de Hacienda, así como de los intereses empresariales que la desvirtúan.
