María Margarita Free del Castillo
Bajo el riesgo de que el ex asesor electoral Ernesto Hernández Norzagaray vaya a quejarse contra nosotras ante la organización Artículo 19 por no opinar lo mismo que él y diga que los “agredimos” o lo desacreditamos, tocamos este tema porque es de interés público. Todo conlleva un riesgo y lo asumimos, pero nadie nos callará, nadie nos coartará la libertad de expresión y nadie nos intimidará:
Sí es relevante e irresponsable que un “analista” o comentarista, sin pruebas, diga que por indicaciones de un político poderoso un “plumífero” – término despectivo para referirse a periodistas (¿?) de respuesta a “un espontáneo que quiere congraciarse para conseguir una prebenda”.
Afirmar eso es un insulto a la inteligencia y pretender restarle valor a otro análisis, a la reflexión y a la crítica, es un acto de intolerancia periodística y llegar a creer que en Sinaloa se decretó que nada más los periodistas “influyentes” deben escribir y ser leídos.
Lo grosero de la campaña de desprestigio contra la periodista Gabriela Soto es que una parte del gremio de los “periodistas más influyentes» de Sinaloa, como los llama Ernesto Hernández Norzagaray, use el caso de la comunicadora como herramienta política contra uno de los opositores del dueño del diario Noroeste, Manuel Clouthier Carrillo, metido en la contienda por el Senado de la República.
El “caso Gabriela” merece todo el apoyo del gremio pero con la actitud tomada por los “influyentes” agarra también otro sesgo interesante que es menester analizar. El caso merece una profunda exploración periodística, sin filias ni fobias.
Por “casualidad”, en los días en que salió a la luz el “caso Gabriela Soto”, circularon por Culiacán varios personajes comprometidos con la libertad de expresión y se organizaron algunos foros donde se expresaron los riesgos del quehacer periodismo, pero nadie dijo que en Sinaloa ejercer la libertad de expresión y no comulgar con ese grupo de periodistas “influyentes” es motivo de queja ante la organización artículo 19 para intentar callarlos. Entre los que se intenta silenciar está Mujeres por Sinaloa.
¿Acaso esa pasarela de personajes y de eventos fueron un acto premeditado, fríamente calculado y sincronizado, para que el “caso Gabriela” alcanzara las primeras planas y las mesas de discusión política? La facilidad y la celeridad con que acusan los “influyentes” mandan lecturas encontradas, sujetas al análisis, pues no coloca ésta hipótesis o pregunta en sus temas de discusión. Se han enfocado en linchar, no en investigar.
No analiza esa parte del gremio periodístico “más influyente” de Sinaloa otras vertientes pero sí usa su “imperio comunicativo” y poder para denunciarnos ante artículo 19 y pretender derrotarnos y que perdamos credibilidad ante nuestros lectores.
Todas coinciden que una iniciativa de esta naturaleza (el supuesto envío de Whatsapp para desacreditar, dicen, a Gabriela Soto) sólo puede ser producto de una «mente perversa» y emocional o con un cálculo político, pero no es ético que apoyado en el imaginario o en una probable consigna, sin una investigación seria y profunda, llegar a una malévola “conclusión” –más rápido que la PGR o la Fiscalía estatal- y acusar por acusar.
¿Por qué no pensar en la “mente perversa” de Manuel Clouthier o en una estrategia del PRI para usar el caso como arma política, en acuerdo con otros actores, para inferir un daño político? ¿Por qué los “influyentes”, con el iluminado cerebro que Dios Nuestro Señor los dotó, no son capaces de abrir otras vertientes al análisis y únicamente se concentran en el ataque directo contra el opositor político de Manuel Clouthier Carrillo?
¿Por abrir otro canal a la reflexión y aportar nuestra hipótesis merecemos en Mujeres por Sinaloa que nos linchen o nos pinten como demonias Ernesto Hernández Norzagaray y el candidato independiente al Senado de la República, Manuel Clouthier Carrillo? ¿Qué no promueven ellos la libertad de expresión o es que todo aquello que no les gusta es difamación o la desacreditación?
Curiosamente esa parte del gremio periodístico “más influyente” nada más enfoca, como todo investigador pésimo y perverso, acusaciones contra Héctor Melesio Cuén Ojeda, para emitir no una hipótesis o una análisis, sino juicios de valor, para inodarlo en la presunta agresión a Gabriela Soto, llamando la atención de quienes saben y han leído que por 10 años que éstos “influyentes” han atacado de manera serial a Cuén por no comulgar con sus proyectos políticos.
Sí están en su derecho de no estar de acuerdo con Cuén y defendemos ese derecho, pero acusarlo por acusarlo ¿Es o no una falta de ética, una exageración y una irresponsabilidad llana y plena no fundamentar la acusación o denuncia? En eso discrepamos. No estamos de acuerdo en denunciar a nadie sin pruebas palmarias.
¿Estamos impedidos legalmente en Mujeres por Sinaloa a no estar de acuerdo con los ataques de los “influyentes”? ¿Alguna ley en el país y el mundo impide que nosotras omitamos otra opinión o abramos otros canales al análisis del caso? ¿El no sumarnos a los ataques contra Héctor Melesio Cuén Ojeda nos convierte en “plumíferas”?
Siempre, antes y después del “caso Gabriela”, los “influyentes” han manoseado la fortuna de Cuén Ojeda, pero si nos apegamos a las investigaciones serias, profesionales, hechas por la Procuraduría de Justicia de Sinaloa (Fiscalía) y a datos aportados a la SHyCP no hay nada más que agregar; es dinero lícito, producto del esfuerzo de su trabajo ¿Porque insistir entonces en el tema? ¿Por qué sembrar la duda sobre el origen de su patrimonio familiar? La única hipótesis periodística que podemos tender es que existe un interés de una “mente perversa” por desacreditar a Héctor Melesio ¿estamos atentando contra la libertad de expresión si publicamos nuestra conjetura? ¡Claro que no!
El ataque a Gabriela Soto y la intencionalidad -a nuestro juicio-, de usar el caso como herramienta de descrédito contra uno de los opositores de Manuel Clouthier Carrillo, llevó a los “influyentes”, entre ellos a Ernesto Hernández Norzagaray, a pedir la intervención de la organización civil Artículo 19, organismo defensor de la libertad de expresión, agregándole un “condimento” más al caso: la satanización de Mujeres por Sinaloa.
¿Se da o no se da una sincronía en los movimientos de los “influyentes”? ¿Se puede establecer la hipótesis de la instrumentación de Artículo 19 como arma política en este proceso electoral? ¿Qué nos impide a Mujeres por Sinaloa hacer esta reflexión y publicarla?.
En el artículo del sábado -(17 de junio del 2018 para los efectos legales que quiera o dese tomar Norzagaray contra la libertad de expresión de Mujeres por Sinaloa)-, que aparece con el título “La campaña contra Gabriela”, Ernesto Hernández Norzagaray llegó a donde la puerca tuerce el rabo, a un punto en el que a todos ellos se les han complicado de tal manera las cosas que no les queda más que el recurso de la vulgaridad, la difamación y la calumnia como réplica, defensa o “argumento”.
Norzagaray escribe que Mujeres por Sinaloa en esta semana ataca “sin ton ni son” “en especial”, buscando infructuosamente trasladar culpas “probablemente en el campo electoral”, a Manuel Clouthier Carrillo, candidato independiente al Senado, el vociferante político-empresario, que ha acusado, sin pruebas, de narco-políticos a Juan Millán, Jesús Aguilar Padilla, Jesús Vizcarra Calderón, etc.
Ningún articulo escribió “en esta semana” Mujeres por Sinaloa, salvo una defensa a nuestra libertad de expresión, y un señalamiento directo contra Manuel Clouthier por considerar que es de Noroeste, diario del cual es accionista, desde donde se trata de acallar el derecho a expresarnos con entera libertad.
Hasta ahora no habíamos escrito nada sobre el «caso Gabriela» y hoy lo hacemos porque Norzagaray nos involucra en su tema sabatino y porque consideramos que es un asunto de interés público.
Para tratar de desacreditar a quienes no pertenecen al gremio de los periodistas “más influyentes” de Sinaloa, Norzagaray dice que Alejandro Sicairos ha venido señalando “que estos medios a sueldo -(¿cuáles?)- que buscan agredir moralmente a periodistas pueden servir de punta de lanza para que las agresiones suban de nivel”.
¿De qué agresiones morales habla? ¿Cómo y quién mide la moral? ¿A qué medios a sueldos se refiere? ¿Al propio Noroeste? Mujeres por Sinaloa no está inscrita en ninguna nómina de partidos políticos, ni en la del gobierno estatal, ni de ninguna universidad privada o pública. Nuestro trabajo de comunicar es adicional a nuestra actividad profesional. El extra, decimos nosotras, para aportarle a un ejercicio periodístico más plural, más equitativo y abierto a la sociedad.
Pregunta Norzagaray ¿acaso sale dinero de alguna de las arcas del gobierno para la promoción de este periodismo que hoy está siendo severamente cuestionado por periodistas y Artículo 19?
1.- Adrián López Ortiz, director de Noroeste, confesó que “con Malova recibimos menos de 5 mdp (…). Este 2018 recibiremos 5.3 MDP de publicidad oficial del Gobierno de Sinaloa y los Ayuntamientos de Culiacán y Mazatlán….”.
2.- Son los periodistas “más influyentes” de Sinaloa quienes cuestionan el periodismo que no encaja en los intereses económicos y políticos de Noroeste.
3.- No hemos leídos por ningún lado ningún cuestionamiento al respecto de Artículo 19 y si lo emite no está en nuestra ruta, toda vez que Mujeres por Sinaloa no recibe ningún tipo de financiamiento oficial, gubernamental ni partidista.
Si apegándose o haciendo uso de la libertad de expresión Alejandro Sicairos y otros periodistas le han puesto nombre y apellido a la presunta agresión contra Gabriela Soto, ¿porque nosotros ejerciendo nuestro derecho a opinar, sospechar, analizar, etc., en este ejercicio periodístico no podemos ponerle también nombre y apellido al presunto atentado?
¿Porque no ponerle el nombre de Manuel Clouthier como el cerebro o la «mente perversa» que podría haber orquestado la presunta agresión contra Gabriela Soto para tener un “caso” y poderlo usar contra el candidato opositor Héctor Melesio Cuén Ojeda? La concatenación de sucesos y acusaciones así lo indican ¿o no?…
Nuestra solidaridad plena para la periodista Gabriela Soto ¿También los periodistas “influyentes” nos quieren quitar el derecho de expresarle nuestra solidaridad? Sería el colmo de los colmos.
