Angélica Enciso L.
Falta de contratos laborales y bajo ingreso de los asalariados que se encuentra por debajo de la línea de bienestar, llevan a una correlación entre la pobreza de la población y la política gubernamental laboral, señaló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Ante ello la política sectorial de trabajo y previsión social debe modernizarse y tener protagonismo, para que el mercado de trabajo vuelva a ser el principal mecanismo de inclusión social y no un generador de pobreza y mayor desigualdad.
Esta política laboral debe considerar los nuevos retos en materia de empleo derivados de las transformaciones tecnológicas que suponen nuevos escenarios en el mercado del trabajo”, propuso en el Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018.
Hay una amplia precariedad laboral en el país agravada por razones de sexo y edad, así como entre los grupos más vulnerables. Esto se observa al comparar las brechas en el acceso a un empleo de calidad de los grupos vulnerables frente a la situación de la población trabajadora que no tiene esas características.
Desde el enfoque de derechos, el primer déficit de la política sectorial en cuanto al derecho al trabajo digno es la falta de participación plural de la sociedad en el diseño, implementación y evaluación de la política sectorial, lo que sería una condición para revisar los objetivos e instrumentos de dicha política con el propósito de cerrar las brechas y asegurar el acceso a un trabajo digno, tomando en cuenta las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores.
