José Rául Linares
Al filo de las 23:00 horas del pasado miércoles, notablemente cabizbaja, la mirada puesta en el estrado de la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, Rosario Robles Berlanga escuchó del juez Ganther Alejandro Villar Ceballos la sentencia que confirmó su estadía en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla:
“Se declara infundado la sustitución de la medida cautelar”, dijo el juez.
Notablemente molesta, vestida con abrigo, pantalones deportivos color caqui y tenis negros, pidió la palabra luego de ser consultada sobre si tenía alguna duda de la sentencia emitida:
“Tengo muchas dudas sobre el proceso (…) No soy una embustera como lo han dicho algunas personas aquí presentes (se refirió al Ministerio Público, Manuel Granados). A mí se me juzga por la persona que soy y lo que represento” amonestó a Villar Ceballos y salió de la sala.
Su defensa, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta Valdez, no pudo revertir los argumentos con los que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, en la causa penal 314/2019, determinó dictarle prisión preventiva justificada al considerar que existía un “elevado riesgo de evasión”.
Por más de cinco horas, la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano (Sedatu) presentó un grueso expediente con “pruebas” que buscaron convencer al juez de control Villar Ceballos de que las “condiciones objetivas” que la mantienen en prisión han cambiado y que no pretendía fugarse.
Robles escuchó los argumentos vertidos con cierto aire de beneplácito ante lo que su defensa consideró “contundentes”.
Nada de ello funcionó:
“Las condiciones objetivas por las que se le impusieron medidas cautelares no han variado. Lo que se han aportado son algunos datos nuevos, pero no el fondo”, sostuvo el juez de control que llega al caso después de que Delgadillo Padierna fuera asignado a la administración del centro de justicia penal en el Reclusorio Sur.
Pruebas insuficientes
Ni siquiera sirvieron las copias certificadas de documentos que exhiben que sí posee residencia en la Ciudad de México, que vivió durante 24 años en el domicilio de Los Reyes, Coyoacán. Tampoco que la licencia de conducir expedida por la Secretaría de Movilidad capitalina fue tramitada de manera “irregular”, o al menos no por ella.
No obstante, también reconoció que tuvo otros domicilios en la Ciudad de México, uno de ellos en el edificio de alta plusvalía Reforma 222 y otro más en la calle de Tennyson 232 en la colonia Polanco. Además, que su hija Mariana Moguel Robles no vivía con ella en el domicilio que, ha sostenido, es su casa desde 1994, sino en la colonia Condesa en la capital del país.
Robles Berlanga y su exdefensor, Julio Hernández Barros, emprendieron desde hace unos meses una campaña que buscaba desacreditar la decisión del juez Delgadillo Padierna. Es un “juicio de Estado”, acusaron, ya que existe un parentesco con el penalista y la diputada Dolores Padierna, esposa del excolaborador del presiente Andrés Manuel López Obrador, René Bejarano.
También señalaron que la fiscalía “sembró” una licencia de conducir “falsa” con una foto y firma impostadas.
Sobre estas acusaciones, el fiscal Manuel Granados acusó a la ahora defensa de la exjefa de gobierno capitalino de “mentir” reiteradamente y de pretender “desestabilizar” a la sociedad mediante sus “acusaciones infundadas en medios de comunicación”.
Para ello mostró nuevos documentos en los que sustentó que la acusada, además de poseer varios domicilios, reiteradamente viajó a otros países del mundo. Rebatió la supuesta falsificación de la licencia de manejo, que su hija posee el domicilio que sustentaría su arraigo en la capital y que no poseyera dinero suficiente para evadir la justicia. “Hay una conducta reiterada de no apegarse a la verdad”, acusó.
“Mentiras”
El pasado 13 de diciembre, la defensa de Robles Belanga decidió cambiar la batería de sus ataques al gobierno encabezado por el presiente López Obrador. Como prueba ofreció la inexistencia de una licencia de conducir falsa, tramitada con su nombre y que habría sido sembrada “para perjudicarla”.
Cerca de dos meses después pidió en una carta al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que demostrara y presentara pruebas de la doble licencia de conducir por la cual se le dictó prisión justificada, y que probara que habitó en el domicilio de Tennyson en la colonia Polanco.
De hacerlo, prometió, “yo me declaro culpable”.
“Pero hasta para fabricar pruebas son malos pues la dirección que asientan no existe en la CDMX. El asunto es que el declarante quien firma el oficio de la CENAPI pide al Ministerio Público que corrobore la información, cuestión que evidentemente no hizo por lo que le he pedido a mis abogados que procedan legalmente”, volvió a amagar.
Nuevas pruebas
No obstante, este 5 de febrero, la Fiscalía General de la república (FGR) exhibió y corroboró nuevas pruebas sobre la existencia de otros domicilios, además del único que ha reconocido la imputada. Entre ellos, dos en la capital del país, y uno más en la ciudad de Torreón, Coahuila –de los cuales ya documentó su existencia este semanario en agosto del 2019 (Proceso, No. 2233).
Dichas pruebas, podrían ser su tumba en caso de que las pruebas resulten ser verdaderas.
Según la FGR, en el caso de dos de los domicilios no reconocidos –el arrendado en Reforma 222 y otro en Puerta Antigua en la colonia Rincón de San Ángel, en Torreón Coahuila– aparece una persona que será clave en el proceso que se sigue a Robles por el delito de “ejercicio indebido del servicio público”.
Se trata de Susana Islas González, quien fue esposa y asumió la sucesión patrimonial del empresario Mauricio Berlanga Quintero, primer hermano de Rosario Robles.
Entre 2014 y 2015, Islas González, por medio de la empresa Escena S.A. de C.V., contactó al dueño del departamento en Reforma 222, porque ahí se iba a instalar un “inquilino VIP”. Esto se desprendió de la entrevista que realizaron policías ministeriales, y que después corroboraron, porque existe un contrato de arrendamiento a nombre de la extitular de la Sedesol para los años 2015 a 2017.
Se señala que Mauricio Berlanga Quintero y su esposa Susana Islas, así como su cuñado Alejandro Islas, constituyeron en el papel empresas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó como “inexistentes”.
Entre los señalamientos que hace la ASF está el pago de más de 237 millones de pesos a varias empresas que resultaron ser propiedad de familiares de Rosario Robles en Torreón. Las empresas que se ubican en Torreón son: Matchster, la cual recibió 15 millones de pesos;Factores y Servicios Humanos, con 13 millones, y Srevint, que recibió pagos por 10 millones de pesos, entre otras.
Derecho a gastar
También se destaca que estas empresasrecibieron pagos por 334 millones de pesos,provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, supuestamente por trabajos de supervisiones.
“Nuestra representada tenía el derecho en gastar sus ingresos en viajes o en un departamento porque fue producto de su trabajo como secretaria de Estado. Negar ese derecho es violar su presunción de inocencia y fija un criterio de discriminación”, dijo el abogado de Robles, Mendieta Valdez.
En la audiencia inicial, Hernández Barros, defensor anterior, negó la existencia de otro domicilio en la calle de Tennyson 125 en la colonia Polanco.
Sin embargo, la FGR pudo comprobar –según el oficio 10051/2019 suscrito por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la Delincuencia Organizada– no sólo la existencia del lugar sino también oficios con los que se tramitó la licencia y que comprobaron la colonia.
El dueño del departamento que registró en ese trámite es Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Lo compró en nueve millones de pesos en octubre de 2014 —casi dos años después de su nombramiento en el gabinete— de acuerdo con el acta del registro público que dio a conocer Animal Político.
Ruiz Esparza dijo que la renta mensual que pagaba Robles ascendía a 35 mil pesos, pero “por cuidado al proceso legal” de la exsecretaria prefirió no mostrar el contrato.
Ella llegó al inmueble en 2017 y lo abandonó apenas en febrero de este año cuando se venció el contrato, explicó. La FGR acreditó que Robles Berlanga había ofrecido una dirección distinta a la de Las Flores 91, colonia Los Reyes Coyoacán. Sin embargo, en la licencia de conducir –calificada como “fake”– aparece el domicilio propiedad de Ruiz Esparza.
“A mí y a mi hija nos gusta viajar, ¿Qué tiene de malo eso?” reviró la hoy vinculada a proceso.
Cuentas congeladas y el viaje a París
En los últimos días que permaneció en libertad, Robles realizó diversos viajes cuyos itinerarios solicitados por la FGR a Aeroméxico corroboraron que la exfuncionaria estuvo varios meses fuera del país. Entre las rutas destacan destinos como Lima, Madrid, Cancún, Costa Rica y la ciudad de París.
A la fiscalía le resultó revelador que, aun cuando habían sido congeladas sus cuentas bancarias, –en las que Robles Berlanga sostiene que sólo posee 20 mil pesos—hizo un vuelo entre París y la Ciudad de México por un costo aproximado de 707 mil pesos.
Además de adelantar otras fuentes de ingreso, la FGR recalcó que Robles Berlanga “mintió” sobre el motivo del viaje a Costa Rica. Durante la audiencia de vinculación a proceso, la exfuncionaria ofreció información contradictoria sobre los motivos del viaje a ese país. Primero dijo que fue para tomar un curso y después para tomar vacaciones.
Sin embargo, el viaje a dicho país fue sólo una escala después de que volvió de París, Francia, cuando fue requerida para comparecer por la imputación al delito de “ejercicio indebido del poder público”. Es decir, una vez que la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR ya habían congelado sus cuentas bancarias.
“Todos estos detalles muestran que la vinculada a proceso tuvo un comportamiento desleal para conducirse con verdad en la audiencia”, dijo el fiscal Manuel Granados, repitiendo el juicio que presentó también Delgadillo Padierna.
Además recordó que durante su designación al frente de la Sedesol y la Sedatu, Robles obtuvo ganancias por 12 millones de pesos, de los cuales al menos dos millones los obtuvo cuando cobró el seguro de separación, cuando dejó ambas secretarías en diciembre del 2018. De ello exhibió constancias certificadas por la empresa aseguradora “Metlife”.
“Sigue sin haber certeza de la falta de arraigo pues hay facilidades para abandonar el país y abstraerse de la justicia”, abundó la fuscalía.
La defensa de Robles, en buenas manos
Este miércoles, el abogado Julio Hernández Barros, defensor de Robles Berlanga en el proceso judicial que se le sigue por los probables desvíos de recursos cuando fue titular de la Sedesol y Sedatu, dejó el caso para enfocarse en su despacho jurídico.
La noticia corrió apenas unas horas antes de que el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos iniciara el análisis sobre si continuaba la prisión preventiva justificada, toda vez que Jesús Delgadillo Padierna es ahora el administrador del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur.
En entrevista, el abogado señaló que dejó el caso en manos de Epigmenio Mendieta Valdez, y aclaró: “No es que haya dejado el caso botado pues era un acuerdo que se había tomado meses antes y yo me ocuparía hasta que estuviera en manos seguras”.
–¿Por qué no ha dicho nada a los medios? quién informó fue su hija Mariana Moguel.
–No he hecho ningún posicionamiento. Por varias razones creo que el día de hoy con la audiencia a cuestas no es un buen día para dar la noticia. Lo que te puedo decir es que por mutuo acuerdo y por así convenir a mis intereses, dejo el asunto”, expuso.
“Como ya había anunciado antes, yo estaría en la defensa de Rosario Robles hasta en tanto tuviera un abogado. Cuando entró uno nuevo me dediqué a ponerlo al día en el asunto, a conseguir todas las pruebas que eran indispensables y a terminar los procesos que estaban pendientes. Logrado lo anterior, a partir de hoy ya no llevo el asunto de Rosario Robles”, explicó.
El pasado 6 de septiembre, después de sostener una reunión con su defendida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, Robles Berlanga decidió prescindir de los servicios profesionales de los despachos Hernández Barros & y Olea & Olea Asociados por “la precaria situación económica por la que atraviesa”.
No obstante, en declaraciones a la prensa, el penalista Hernández Barros aclaró que, por la amistad que lo une a Robles Berlanga, seguirá llevando el caso hasta que ella designe a otro representante legal.
En el texto que entregó a los medios de comunicación, el jurista agregó que mantiene su confianza en el Poder Judicial de la Federación, y refrendó su optimismo de que Rosario Robles obtendrá su libertad en el corto plazo.
Publicado en Proceso
