En esta época en que vivimos una pandemia pocas veces padecidas y que nos afecta a todos, pero principalmente a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y de las que ya se han mencionado como lo son adultos mayores y personas que padecen algunos tipos de enfermedades; principalmente personas con problemas renales, hipertensión, diabetes, sobrepeso, y con un sistema inmunológico delicado por tratamientos médicos.
Sin embargo, hay una población que también es vulnerable por las condiciones en las que vive, y son aquellos que se encuentran recluidos y hacinados en alguno de los centros penitenciarios del país, ya sean del orden federal o de las entidades de la República.
Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que al mes de diciembre de 2017 el sistema penitenciario del país albergaba 204 mil 617 personas distribuidas en 358 centros penitenciarios, y de esta población 13 mil 177 personas se encuentran albergadas en 109 centros con capacidad menor a 250 espacios que dependen de las autoridades estatales que no cuentan en su mayoría con una infraestructura para desarrollar un buen régimen penitenciario, presentando 48 de ellas, problemas fuertes de sobrepoblación.
Por lo que de este universo poblacional, con la aprobación por parte del Senado de la Ley de Amnistía, sólo se beneficiarán en todo el país, un poco más de 6,000, personas condenadas o en prisión preventiva por delitos menores como el aborto, pequeños robos o posesión de drogas, sin que ello signifique un perdón, sino que puedan tener una segunda oportunidad, así como evitar el hacinamiento dentro de los centros penitenciarios y con ello, también mitigar un poco los efectos del COVID-19.
En este sentido, como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, considero que el proyecto de Ley de Amnistía que el presidente de México envió al Congreso de la Unión, y que se aprobó el pasado lunes 20 de abril en el Senado de la República, es un acto humanitario a adultos mayores, jóvenes criminalizados por consumir drogas, mujeres que abortaron en la entidad, indígenas que no tuvieron una defensa adecuada, o presos políticos.
De igual manera, considero que esto es una oportunidad para revisar la situación de los centros penitenciarios en la entidad, así como la legislación con la que contamos actualmente para beneficiar a personas que no representan un grave peligro para la sociedad, ya que estamos hablando de la vida, salud e integridad de personas que están en situación de prisión y que también son ciudadanos y que merecen ser protegidos de la pandemia del COVID-19.
Entre más personas se salven de ser víctimas de este virus, hay que actuar en consecuencia; y estaré pendiente, para que las autoridades de los Poderes públicos hagamos lo propio, para aminorar los efectos nocivos que representa para las familias sinaloenses.
No me cabe la menor duda que saldremos adelante de esta pandemia; si cada uno de nosotros ponemos nuestra parte, más pronto se atenderá y resolverá este problema de salud pública.
Tengamos fe, esperanza y caridad, para hacer menos pesado este aislamiento laboral, económico y social; y ayudar a los más vulnerables de la sociedad.
SUSCRIBO LO HECHO POR EL PRESIDENTE !!
