Ana Karen García
De manera inédita la incidencia de delitos relacionados con la violencia de género ha incrementado en los años recientes en México; los casos son más constantes pero la visibilización, movilización y exigencias de las mujeres también.
Como producto de esta ola se ha logrado que, tanto las autoridades de la administración pública, como las autoridades de instituciones académicas reconozcan la problemática y, aún cuando estamos en una etapa inicial y queda un camino largo por recorrer, estamos avanzando en el tratamiento y erradicación de estas agresiones contra mujeres, adolescentes y niñas, comentó Helena Varela Guinot, académica e investigadora en temas de género de la Universidad Iberoamericana.
“A las universidades les ha costado aceptar que efectivamente lo que ocurre en la sociedad ocurre también en las universidades porque somos parte de esa sociedad; pero ya lo empezaron a hacer. La mayoría de los instrumentos de acción, protocolos y líneas de atención a la violencia de género surgen a partir de 2015-2016 y surgen sólo a partir de la presión de colectivos de estudiantes y de los propios medios de comunicación, que empiezan a poner en la agenda la problemática específicamente de que las instituciones no están sabiendo responder”, dijo en entrevista con El Economista.
Durante los cinco años recientes en las escuelas de educación superior e incluso media superior se iniciaron movimientos, demandas y paros activos organizados por la población estudiantil femenina. Así en las instituciones públicas como la UNAM, el IPN y la UAM; como en las privadas, el ITAM, la IBERO y la Anáhuac, se comenzaron a denunciar casos de acoso, hostigamiento y violencia sexual, no sólo entre el alumnado sino también ejercido por docentes o personal administrativo.
Por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el protocolo se institucionalizó en el 2016, y de acuerdo con el informe presentado por la máxima casa de estudios desde agosto de dicho año hasta agosto del 2020 suman 1,486 denuncias por violencia de género efectuadas contra 1,311 presuntos agresores de los cuales el 95% fueron hombres y 42% de ellos está identificado como personal docente o administrativo.
Estas cifras reflejan –además de la persistente incidencia de violencia en espacios académicos– que incluso existen presuntos agresores que han cometido más de una falta o al menos que han sido denunciados más de una vez y que casi la mitad de las agresiones son cometidas por parte de los trabajadores de la institución.
En este sentido, Helena Valera enfatiza la necesidad y responsabilidad que tienen las universidades de reforzar sus mecanismos de prevención y ampliar el abanico de posibilidad para aplicar sanciones. A diferencia de la sociedad, las instituciones académicas tienen la ventaja de controlar el personal que las constituye, de capacitar y sensibilizar a su personal en todos los niveles jerárquicos.
“Por las deficiencias de los mecanismos llega a pasar que docentes que cometieron alguna agresión permanecen en sus puestos o que la institución decide terminar el contrato, pero después ya están en otra universidad. Entonces crear y desarrollar sistemas de información sistematizada con perspectiva de género es fundamental para que las instituciones actúen con prevención, respetando siempre los derechos de todas las personas implicadas”.
Siguiendo esta línea, además de las propias resistencias para la erradicación de violencias de género también se encuentran muchos obstáculos en los sistemas de prevención. Como ocurre a escala nacional, por ejemplo, con los feminicidios; las expertas aseguran que casi la totalidad de los feminicidios podrían haberse evitado y las autoridades tienen responsabilidad directa por no haber atendido los llamados de las víctimas.
En las universidades ocurre de manera similar, si se fortalecieran las acciones relacionadas con prevenir, no sólo reduciría la incidencia total de violencias contra mujeres, sino que además en cualquier caso su impacto sería mayor y más efectivo, comentó la investigadora. “Si no se atiende la cuestión prevención, de poco servirá todo lo que se avance y desarrolle en términos de atención a los casos de violencia de género. Como instituciones deberíamos ser más proactivos para atender todo lo que tiene que ver con evitar estos niveles de violencia en los centros de educación superior”.
Entre protocolos ineficientes, tendederos, redes sociales y frustración
Ante una serie de deficiencias de los protocolos establecidos y su condición de “nuevos”, la violencia, el acoso y el hostigamiento sigue ocurriendo en las universidades, y simultáneamente los colectivos y organizaciones estudiantiles han buscado y desarrollado otros métodos informales de denuncia: los tendederos y listas digitales de agresores.
Estos tendederos físicos y todos los mecanismos de denuncia digital “no formales” existen porque como en la sociedad, en las universidades no se están dando las respuestas adecuadas ante la violencia de género. “Eso nos tiene que quedar muy claro: el hecho de tener que recurrir a una denuncia expuesta es por la frustración de que cuando se ha pedido ayuda no se ha recibido una respuesta o que se cree que no se va a recibir una respuesta”, dijo Varela Guinot.
Es complicado ligar los mecanismos formales con los informales porque chocan en términos técnicos o jurídicos, pero es fundamental que las universidades acepten que son una necesidad, que les den espacios y los utilicen para difundir e informar sobre los mecanismos efectivamente formales, dentro y fuera de las instituciones.
Además, estos instrumentos de denuncia también sirven para entender los niveles de violencia, identificar áreas y focos rojos, departamentos con mayor incidencia de agresiones. “Lo fundamental es no darles la espalda a las víctimas y a los colectivos, si bien no son denuncias formales y no podemos tomarlas como denuncias formales, lo que no podemos negar es que existe esa violencia”.
Si bien no puedes sancionar directamente con base en este tipo de denuncias informales, lo que sí pueden hacer las autoridades académicas es capacitar, sensibilizar y corregir en donde se observan más problemáticas.
Vamos lento, pero generar datos puede acelerar el ritmo
Las universidades tienen poco tiempo de haber implementado mecanismos que reconocen la violencia de género dentro de sus instalaciones y que buscan prevenirla, darle seguimiento y atención.
Aunque el ritmo al que se avanza en esta tarea es demasiado lento, sí se pueden identificar las áreas de oportunidad, estos protocolos tienen deficiencias técnicas, de claridad, de agentes implicados, de ausencia de capacitación y especialización, falta de autonomía para actuar y sanciones muy acotadas que no resuelven la problemática.
Para acelerar este ritmo es fundamental desarrollar estadísticas, datos e información sistematizada con perspectiva de género, de lo contrario estamos dando “golpes de ciego”; para erradicar la violencia primero hay que entenderla, dijo la académica de la IBERO. Por esto resulta fundamental incluir en la creación de protocolos y mecanismos a las propias mujeres, desde la comunidad estudiantil, hasta los servicios auxiliares.
“No se puede hacer de forma separada: por un lado, las autoridades, por otro las colectivas y por otro el grupo de mujeres trabajadoras de la institución. Debe ser un diálogo, cómo se vive la violencia y la amenaza de violencia desde las perspectivas de quienes sufren esta problemática. Si no se escucha, se corre el riesgo de que lo que se haga no sirva para nada porque no está yendo a la raíz del problema desde el ojo de las personas agraviadas”.
Atender la violencia dentro de las universidades es fundamental para impactar a escala sociedad. “Las universidades han avanzado en este tema, va a ser algo que nos lo va a reclamar la propia realidad”, concluyó la especialista.
Publicado en El Economista
