Álvaro Aragón Ayala
La salida de NOROESTE, por orden de Rubén Rocha Moya, del periodista, analista y doctor en ciencia política y sociología, Ernesto Hernández Norzagaray, constituye un atentado a la libertad de expresión y al derecho a ejercerla con veracidad, pluralidad e independencia, y confirma que el periódico es controlado por el gobernador quien es el que impone la línea o la narrativa contra los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, distorsionando los resultados de las investigaciones contables-administrativas-financieras que la Auditoría Superior de la Federación le ha practicado a la Casa Rosalina.
Profesional, vertical, Hernández Norzagaray no se prestó al juego del gobernador y no encajó en los intereses económicos del director en México de Artículo 19 y director general de NOROESTE, Adrián López Ortiz -, https://vocesnacionales.com/2024/03/01/webdav-la-relacion-perversa-de-adrian-lopez-con-ruben-rocha/ -, quien desde el 9 de octubre del 2023 giró a los columnistas y analistas la indicación de fabricar la narrativa y replicar el sonsonete de que los directivos de la UAS para “arreglar su problema” tenían que regresar el dinero, que según Rocha Moya, habían tomado de la institución.
Efectivamente, esa fue la consigna. El gobernador dijo en su “Mañanera” de aquel día de octubre que su interés en el “caso UAS” no eras que las autoridades universitarias fueran a la cárcel, sino que “regresen el dinero que robaron”. Fue el “banderazo” para inventar la narrativa. Para fabricar la relatoría del robo. Pero ¿De dónde sacó tal barbaridad Rubén Rocha? De hecho, de su mente calenturienta. No hay elementos, pruebas, sobre saqueos o robos del presupuesto de la Casa Rosalina. Bien. A estas alineaciones rochistas, a este juego maquiavélico, no se prestó Ernesto Hernández – https://vocesnacionales.com/2024/03/11/por-orden-del-gobernador-ruben-rocha-salio-ernesto-hernandez-norzagaray-de-noroeste/ -.
No es pues competencia del gobernador el control financiero-administrativo-político de la UAS ni ninguna la ley lo faculta para vigilar o auditar a la institución. Tampoco es facultad de la Fiscalía de Justicia, la UIPES, el SATES y ni de la Auditoría Superior del Estado, fiscalizar a la Casa Rosalina. La Universidad no depende del Gobierno Estatal ni es parte de la estructura orgánica de la Secretaría Estatal de Educación Pública y Cultura. Corresponde por ley, únicamente, a la Auditoría Superior de la Federación dictaminar si hay o no saqueos, robos o manejo irregular de los recursos de la máxima casa de estudios.
Como el resultado de las auditorías federales no han arrojado saldos negativos, entonces el único recurso de Rubén Rocha es el invento, la distorsión. Así, obedeciendo órdenes, NOROESTE indica que en el diferendo UAS-gobernador- la única salida segura es la jurídica, obvio, bajo la premisa del control del mandatario estatal de la Fiscalía de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia, y que regresen, dice, a la Universidad “las sumas sustraídas” ¿Cuáles? Las que alimenta el imaginario perverso el gobernador.
Suelta pues NOROESTE el invento de Rocha distorsionando el resultado de las auditorías practicadas por la federación a la UAS, mintiendo olímpicamente, pues la ASF no ha encontrado irregularidades, ni saqueos ni robos y, si los hubiera o llegara detectar no sería el gobernador ni la Fiscalía de Justicia del Estado los encargados de judicializar los casos porque no tienen jurisdicción legal, sino la Fiscalía General de la República, previa solicitud de las autoridades de la Auditoría Federal, que daría vista, antes, al Consejo Universitario de las irregularidades. El gobernador no tiene facultades para involucrarse en los asuntos que competen a la Universidad y la ASF.
NOROESTE escandaliza con el supuesto “pago ilegal” de salarios a 65 trabajadores por un monto de 5 millones 62 mil 590 pesos, y contrataciones y gastos por 91 millones de pesos a favor de personal que no cuenta con el perfil académico para desempeñar el puesto autorizado. Sí, en efecto, eso detectó la Auditoría Superior de la Federación, pero resulta que el “pago ilegal” cubre la jubilación dinámica a personal en retiro que fue contratado en los años ‘90 o antes, cuando fungía como Rector Rubén Rocha Moya. El personal que “no cuenta con perfil académico” proviene también de la época rochista en la que el Contrato Colectivo de Trabajo fue amoldado para facilitar el ingreso de “académicos” sin título profesional.
Todo, entonces, ya fue aclarado, solventado, ante la Auditoría Superior de la Federación llegando a la conclusión de que el paso de Rubén Rocha por la UAS fue tan catastrófico que llegó incluso a eximir del pago del Impuesto Sobre la Renta a los trabajadores universitarios bajo el compromiso de que esa carga la pagaría la universidad que llegó a acumular mas de 4 mil millones pesos de adeudo con el Sistema de Administración Tributario por falta de capacidad económica para cumplir con el “convenio” rochista.
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