Angélica Enciso L.
El Protocolo nacional de atención integral de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio se puso en marcha ante la ausencia de un registro de quienes se encuentran en esa situación, de la falta de seguimiento y atención específica. Ahora, con este instrumento se atenderá desde el primer momento a esta población.
Fabiola Alanís comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dijo que cada día en el país hay 10 muertes violentas de mujeres, dos de ellas ocurren dentro del hogar, muchas veces con presencia de los hijos y “se suma una cadena de tragedias”, con el protocolo se busca evitar la revictimización y la atención integral a través de la coordinación de instituciones federales y estatales, de las fiscalías, de las procuradurías estatales y más instancias.
Durante la presentación virtual del protocolo se refirió a que este instrumento se estableció a partir de la escucha y del relato de víctimas y de servidores públicos que desconocían las obligaciones que tenían en la materia.
A los niños, niñas y adolescentes se les debe atender desde el primer contacto hasta la judicialización del caso. Dijo que las víctimas serán incluidas en las becas Benito Juárez, se busca “que los niños que perdieron a su madre no pierdan su vida, garantizarles que su sueños se puedan convertir en una realidad”.
Por su parte, Oliver Castañeda titular de la Procuraduría Federal de Niñas, Niños y Adolescentes, detalló que con el protocolo se busca orientar al personal sustantivo encargado de la protección de esta población infantil y adolescente con acciones que van desde la prestación de servicios, la definición de los términos para la emisión de medidas especiales, información y coordinación entre autoridades, esclarecer los mecanismos de integración a una familia ampliada o de acogida, acompañamiento psicológico, seguimiento a los casos y asesoría legal.
Nadine Gasman, directora de Inmujeres, resaltó la ausencia de registro de esta población en las fiscalías. Se busca “proteger los derechos de estos menores, con la prestación de servicios diferenciales y especializados, ayuda inmediata, asistencia y reparación del daño”, el objetivo es garantizar su bienestar, crear condiciones para que vivan seguras y en paz.
En el desarrollo de este instrumento también participaron la Secretaría de Gobernación, el DIF, y otras instituciones.
Publicado en La Jornada
