Carolina Gómez Mena
En el contexto del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, más de 30 organizaciones feministas, indígenas y de derechos humanos, instituciones académicas y de gobierno lanzaron la convocatoria para sumarse al Pacto Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género.
En conferencia virtual, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios destacó “que una democracia real implica la participación de la ciudadanía”, pues es un “factor que materializa los cambios”.
Subrayó la cooperación entre “los gobiernos y la sociedad civil organizada para alcanzar objetivos comunes, en este caso una justicia con perspectiva de género, igualdad y no discriminación.
Destacó que con la pandemia “ha quedado claro que las problemáticas sociales no pueden sólo ser abordadas exclusivamente por los gobiernos, pues trascienden sus capacidades requiriendo la participación de otros actores: academia y por supuesto de las organizaciones de la sociedad civil”.
Fátima Gamboa, codirectora de Equis, Justicia para las Mujeres, dijo que se deben transparentar los procesos en los sistemas judiciales y que los “obstáculos” para el acceso a la justicia “vayan disminuyendo”. Añadió que bajo el lema “Sin transparencia no hay justicia, hemos impulsado algunos esfuerzos en donde hemos logrado algunos resultados, como la reforma a la Ley General de Transparencia para que todas las sentencias en el país sean públicas”, entre otras.
Isabel Erreguerena, codirectora de Equis, Justicia para las Mujeres dijo que los órganos judiciales deben estar más cerca de las personas, y la justicia debe responder a Rodas las necesidades, incluyendo a las poblaciones históricamente discriminadas”.
Coincidió en que la pandemia “ha mostrado la importancia de la sociedad civil para complementar la mirada de los gobiernos y solucionar los problemas actuales”.
En la presentación participaron representantes de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Red Nacional de Refugios y EQUIS Justicia para las Mujeres, organización que articula estos esfuerzos. Las participantes destacaron que este Pacto abre el camino para la construcción de un modelo de justicia abierta, centrado en la participación ciudadana, que genere las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la información y al acceso a la justicia para todas las personas, colectivos y pueblos, de tal manera que nadie se quede atrás.
El Pacto supone un compromiso de dos años entre academia, ciudadanía y gobierno, para trabajar de manera conjunta en la implementación de siete líneas estratégicas y 20 acciones, que se desarrollarán en cinco etapas distintas por parte de los Poderes Judiciales, así como por los institutos locales de transparencia.
La intención es que las instituciones de justicia y los órganos garantes de la transparencia del país implementen acciones y políticas de transparencia y protección judicial, de la mano de organizaciones de la sociedad civil y academia, todo ello para atender, de manera sensible y humana, las necesidades y expectativas de justicia de la población.
En el documento del Pacto se destaca que:
“Este es un llamamiento a todos los poderes judiciales del país, así como a los institutos locales de transparencia para dar un paso adelante por la justicia abierta bajo los principios de colaboración, participación, diálogo horizontal, y rendición de cuentas. Un llamado para impulsar políticas y acciones que garanticen el acceso a la información y a una justicia con perspectiva de género.”
El seguimiento al cumplimiento de las estrategias y acciones antes mencionadas se realizará mediante la Cartografía de la justicia abierta, la cual mostrará los avances de este Pacto. Este instrumento de medición y seguimiento estará disponible en el sitio www.pactojusticiaabierta.mx/
La convocatoria para que Poderes Judiciales e institutos de transparencia suscriban el Pacto, así como para que universidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales se sumen como impulsoras del mismo, estará abierta hasta el 5 de noviembre.
Publicado en La Jornada
