Jessica Xantomila
La trata de personas con fines de explotación laboral, sexual, para la realización de actividades ilícitas y el tráfico de humanos son algunas de las modalidades de este delito que más afecta a las comunidades indígenas, denunciaron representantes de Casas de la Mujer Indígena (CAMI) de los estado de Veracruz, Baja California y Puebla.
En un conversatorio organizado por la Embajada de Canadá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en México, coincidieron en que factores estructurales como la pobreza, en muchos casos, dificultan que se pueda identificar la trata y que se denuncie.
Irma Miranda Tello, directora general de la CAMI Ve’e Nahixi, San Quintín, Baja California, expuso que en este estado el trabajo forzado, la mendicidad forzada y la explotación sexual son los delitos “más concurrentes en cuanto a la trata de persona en comunidades indígenas”.
Señaló que sobre todo han detectado casos “en población jornalera que se va enganchada, con mentiras”, que se les promete, por ejemplo, un salario digno o empleo en Estados Unidos, pero llegando a Baja California “se encuentran con otra realidad, donde quizás están trabajando pero no se les está pagando, donde se les retiene sus documentos”.
Destacó la necesidad de que haya mayor capacitación para sensibilizar sobre la trata de personas y que las autoridades, como fiscalías, “asuman este compromiso también a la par que las organizaciones de la sociedad civil”.
Lucía Bautista, directora de la CAMI Kinchik’kan, Papantla, Veracruz, advirtió que en esta entidad una forma de enganchar a las mujeres para trata de personas es a través del enamoramiento. “La falta de educación, de comunicación entre padres e hijos, que las tienen bajo la prostitución y la pornografía infantil, pederastia”.
En el conversatorio, Kristian Hölge, representante de UNODC en México, resaltó que durante 2018-2021, implementaron junto con la embajada de Canadá un proyecto de detección y prevención de la trata de personas en comunidades indígenas en México, cuyo objetivo fue brindarles herramientas para prevenir este flagelo, así como dar asistencia a las víctimas.
Publicado en La Jornada
