Blanca Juárez
Los movimientos feministas han logrado que más mujeres denuncien las violencias que viven, pero hace falta que las instituciones públicas y privadas hagan su parte. “Es importante que en nuestros contratos laborales, pero también en el pacto social, tengamos una seguridad de no represalias”, expresa Carolina Rivas Herrera, investigadora de El Colegio de México (El Colmex).
El 90% de las mujeres víctimas violencia no recibe apoyo, no interpone quejas ni denuncias, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh). No lo hacen porque “creen que fue algo sin tanta importancia, pero también porque no existen o no se han fortalecido los mecanismos institucionales para hacerlo sin recibir represalias”, de acuerdo con la misma investigación, dice la especialista en economía laboral y economía del desarrollo.
Este 25 de noviembre volvemos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con un acumulado de 695 feminicidios en 2022, hasta septiembre pasado. Las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran además 2,136 asesinatos intencionales de mujeres.
En 2021, al menos 7.9 millones de mujeres experimentaron violencia laboral, según la Endireh. El problema creció 44%, pues en 2016 más de 5.5 millones de reportó haber sufrido algún tipo de agresión en ese ámbito.
Sin embargo, aunque la violencia sea cometida en espacios fuera del trabajo, sus efectos no están separados y a veces las agresiones que viven las mujeres de un lado alimentan a las que experimentan del otro.
El costo más alto que pagamos por esto es la pérdida de vidas, 10 feminicidios diarios en México, estima la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pero antes, hay un largo camino de daños que también son económicos y laborales, por ello el tema también les incumbe a las empresas.
Razones para involucrarse en el tema
“La violencia de pareja y la violencia sexual son el resultado de factores que se producen a nivel individual, familiar, comunitario y social que interactúan entre sí”, dice la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Uno de esos factores, agrega, es “el escaso acceso de la mujer a empleo remunerado”. Es decir, lo que sucede en el ámbito laboral repercute en el ámbito privado.
En México, la negativa de contratación o el despido por embarazo es la principal queja que sigue recibiendo el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Cuando una empresa deja fuera a una mujer por ese motivo, contribuye a que ella pueda ser violentada en casa, pues la dependencia económica evita que puedan salir de esa situación.
Los derechos laborales tienen una perspectiva de derechos humanos en general, pero quizá en mayor grado para las mujeres, considera Carolin Rivas. “En otros países probablemente la batalla principal es para cerrar la brecha salarial o romper los techos de cristal. En México, como en muchos de América Latina, hay que alzar la voz porque nos estamos jugando la vida”.
Esto no quiere decir que en nuestro país no tengamos esos problemas, al contrario. La desigualdad de salarios entre mujeres y hombres llega hasta 33% en industrias como la de medios de comunicación, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). El punto es que acá el no poder ejercer a cabalidad los derechos laborales le hace el camino más fácil a los feminicidas.
Pero el desempleo general también tiene incide en la violencia de género. Un estudio del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos concluyó que, “a nivel del hogar, se relacionó con el comportamiento abusivo” de los hombres hacia las mujeres.
Un hallazgo importante de la investigación es que el dominio que ganan los hombres sobre las mujeres difícilmente se revierte cuando la economúa mejora. “Los rápidos aumentos en la tasa de desempleo incrementaron el comportamiento controlador de los hombres hacia sus parejas, incluso después de ajustar el desempleo y las dificultades económicas en el hogar”, señala el reporte Violencia de pareja íntima en la Gran Recesión.
Medidas que nos convienen a todos
“La cultura de alzar la voz, de denunciar, de estar concientes cuando algo no está bien ha crecido. Y eso es una gran ventaja y nos da mucha fortaleza. Pero las instituciones deben proveer mecanismos para que no sufran represalias por hacerlo, mecanismos de confidencialidad y de protección a las víctimas en tanto el proceso investigación avanza”, señala la economista Carolina Rivas.
De nuevo, citando los resultados de la Endireh, “el 73% de las mujeres no tiene conocimiento de protocolos y medidas de atención contra la violencia hacia las mujeres”. Muchas veces es porque no tiene acceso a la informacion, pero también es debido a que en realidad en su trabajo no existen los mecanismos, agrega.
“Esto también se entiende porque muchas mujeres laboran en el sector informal entonces no hay manera de proceder institucionalmente para disminuir esas violencias y es gravísimo”.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala de qué manera ocurre la violencia laboral. Y la Ley Federal del Trabajo (LFT), en el artículo 132, establece como una de las obligaciones de las empresas implementar “un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil”.
Sin embargo, muchas empresas siguen sin cumplir con ese ordenamiento. Tendrían que hacerlo porque las mujeres tienen derecho a vivir una vida, apunta Carolina Rivas. Si ese argumento por sí solo no es suficiente, agrega otro: “Para que una persona dé su máxima eficiencia y sea productiva debe tener todas la condiciones adecuadas”.
Pero si una persona tienen ansiedad causada por algún tipo de violencia, “por supuesto que no podrá producir igual. Y eso es una pérdida económica para los centros laborales y para todo el país. Luchar por los derechos de las mujeres nos conviene a todos y todas”.
