Blanca Juárez
Ni siquiera han parado para festejar los triunfos de los últimos cuatro años, las trabajadoras del hogar organizadas siguen en lucha por un trabajo digno. Su última victoria fue la seguridad social obligatoria, pero el 98% aún no cuenta con ella y saben que hay otro elemento básico para gozar de ese derecho: el salario justo. Y ahora van por él.
“Queremos formar parte de la mesa tripartita en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami)”, dice de manera firme Marcelina Bautista Bautista, fundadora y directora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (Caceh).
La Conasami, o más propiamente el Consejo de Representantes del organismo, se encarga de fijar los salarios mínimos generales y profesionales cada año. Éste está integrado por portavoces del sector obrero, del sector patronal y del gobierno federal. Dicho grupo decidió que en 2023 las trabajadoras del hogar no deben recibir menos de 225.50 pesos diarios en la mayor parte del país y de 312.41 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).
Por tanto, en casi todo el país, las trabajadoras del hogar no deberían ganar menos de 6,877 pesos mensuales. Eso si tuvieran trabajo todos los días del mes, les pagaran sus descansos y al menos esa cantidad que fijó el consejo de la Conasami como sueldo.
Sin embargo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 92% de las empleadas laboran en la modalidad de entrada por salida, lo cual implica que las emplean algunos días de la semana. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que el 46% de las mujeres que trabaja en los hogares está subocupada.
Además, en 2019 la Dirección Técnica del organismo le presentó un estudio al Consejo de Representantes donde demostraba que era viable que las familias pagaran mínimo de 248.72 pesos diarios.
En ese momento el trabajo del hogar remunerado no figuraba en la Tabla de Salarios Mínimos Profesionales, lo que no ocurrió hasta 2021 y apareció con 154 pesos diarios en la mayor parte del país. Es decir, 95 pesos menos de lo que la Conasami había propuesto en 2019. Para la ZLFN quedó en 213 pesos por día.
Derechos laborales enlazados
La seguridad social es más que asistencia médica. Es también la garantía de un ingreso “en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia”, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En México, es un derecho humano protegido por la Constitución.
En noviembre de 2022 entró en vigor la modificación a la Ley del Seguro Social (LSS) por la que las personas empleadoras están obligadas a inscribir a las trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La reforma, aprobada por el Congreso en octubre, no incluyó el acceso al ahorro y crédito para una vivienda. Y el aseguramiento para las empleadas que laboran de entrada por salida se aplica únicamente para los días que trabajan, el resto del tiempo quedan desprotegidas. Pero incluye los cincos seguros del IMSS:
- Enfermedades y maternidad
- Riesgo de trabajo: incapacidades temporales
- Invalidez y vida: ante algún daño que les impida seguir trabajando, podrán acceder a la incapacidad permanente con una pensión; si mueren, su familia quedará pensionada
- Ahorro para el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
- Guarderías y prestaciones sociales
Para los cuatro primeros seguros se toma en cuenta el salario que reciben para calcular la prestación económica a la que tienen derecho. Por ejemplo, el pago de la incapacidad por maternidad o su ahorro para el retiro es con base al ingreso que reciben.
Ni empresarios ni líderes sindicales, ellas mismas
El salario mínimo “es un piso legal, no un salario promedio, ni es lo que esperamos que gane una trabajadora del hogar. Es lo mínimo que le deben pagar, nadie debe ganar menos de esta cantidad”, explicó Luis Munguía, presidente de la Conasami en un foro organizado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) hace unas semanas.
“El modelo tripartita de la Conasami para definir los salarios no es malo, pero no es bueno para las trabajadoras del hogar porque no estamos representadas y quienes están en el consejo no verán por nuestros derechos”, explica Marcelina Bautista en entrevista.
No pueden fiarse ni de los representantes sindicales, dice, porque ellos defienden los intereses de trabajadoras y trabajadores de las industrias más grandes del país, las que generan más valor económico y más empleos.
Más de 2.5 millones de personas trabajaban en la limpieza de hogares, el cuidados personas y animales, según los últimos datos de la ENOE. El 90% de la población ocupada en estas actividades es mujer.
Y es irónico, porque parece que el trabajo del hogar y de cuidados no remunerado (el que realizamos todas las personas) vale más que cualquier industria: 6.8 billones de pesos, de acuerdo con el Inegi.
“Los representantes de las empresas son patrones, claramente ellos no van a votar por pagarnos más. Pero tampoco los líderes sindicales de las otras industrias, porque no tienen conocimiento de nuestra situación y porque muchos de ellos también son empleadores de trabajadoras del hogar”, señala la activista Marcelina Bautista.
El tabulador que Caceh propuso para 2023 tiene cinco categorías, dependiendo las actividades que realicen las empleadas, el grado de especialización que tengan y la responsabilidad que les confieran. Pero los salarios van de 248 a 726 pesos diarios.
El salario general, que ha sido incrementado en casi el doble desde 2018, “ha empujado las negociaciones de las trabajadoras o los tabuladores que crean instituciones como Caceh. Y esto es lo que hace que suba el salario promedio para ellas”, expuso Munguía en el foro. Falta mucho por hacer para reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar, pero hay avances concretos y habrá muchos más, agregó.
