Blanca Juárez
El trabajo es la principal fuente de ingresos de casi todos los hogares del país, pero los salarios que paga una gran cantidad de empresas son demasiado bajos. Por lo tanto, “la causa determinante de la pobreza es el bajo ingreso”, señala el informe Precariedad en las alturas.
Los ingresos de las familias se distribuyen así: 73.4% viene de lo que ganan por su trabajo, 10% de las pensiones y jubilaciones –“que son producto del trabajo del pasado”–, 3% de becas y programas gubernamentales, apenas 1% de las remesas, 7% de donativos y 6% de rentas o de ganancias de capital.
Es decir, el dinero proveniente del empleo, presente o pasado, representa “el 83% del ingreso líquido de los hogares”, apunta el documento elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), una alianza de organizaciones sociales.
Los sueldos que ofrecen las empresas determinan si las personas viven de manera digna o no. “Nuestra intención es llamar la atención sobre esta realidad contradictoria y presionar por un cambio que es urgente: Quien trabaja no debe ser pobre”.
En el informe, las organizaciones aclaran: “No pretendemos confrontar al sector privado”. Pero sí subrayan: “Lo que les pedimos es asumir de manera urgente el compromiso que promueven las iniciativas empresariales por ingreso digno”.
Esas iniciativas son distintas y provienen de personas empresarias. Una de ellas es pagar el salario suficiente para dos canastas básicas, pues es lo mínimo para vivir una vida digna. En estos momentos esa cantidad equivale a 8,600 pesos al mes; el salario mínimo vigente este año es de 6,300 pesos mensuales.
Esta medida, que es la más conservadora, pues hay empresarios que convocan a pagar más de 10,000 pesos al mes como mínimo, “por sí sola puede reducir la pobreza de manera sustancial”. El salario justo “reactivaría el mercado interno e impulsaría el crecimiento de la productividad y competitividad, creando las bases de una economía incluyente”.
¿De qué viven o sobreviven las familias?
La recuperación del salario mínimo, una de las políticas más importantes de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, redujo la brecha salarial de género en 20% desde 2019 al 2022, según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
También ha impulsado el incremento de los sueldos que están por encima de los 207 pesos al día. Pero esos otros salarios por arriba del mínimo, cuyo aumento no es obligatorio para las empresas, siguen siendo un problema. El salario promedio, no el mínimo, “está entre los más bajos de las economías de ingreso medio alto y por supuesto respecto a las economías de ingreso alto”, señala el reporte de ACFP.
La alianza de organizaciones ciudadanas insiste en que el nivel tan bajo de salarios no corresponde con el tamaño de la economía mexicana, “con su dinamismo exportador y con sus fortalezas”.
Pero lo que sucede es que nuestra economía “está invertida”. En conjunto, todos los salarios representan cerca del 40% del valor agregado; las ganancias, cerca del 60 por ciento.
En cambio, en Estados Unidos “las remuneraciones representan cerca del 70% del valor agregado y las ganancias, menos del 30%. En la Unión Europea los salarios son el 75% del valor agregado y las ganancias para las organizaciones, menos del 25%”, se señala en el documento.
“Tenemos un sistema económico que castiga al trabajo y premia el ‘rentismo’”. Es decir, que la economía está basada en las ganancias de la productividad, lo cual genera una gran desigualdad.
Aunque las empresas son las primeras responsables de esto, también las autoridades laborales tienen incumbencia. Por ello ACFP les hizo un exhorto a cumplir con su “obligación de garantizar el derecho al trabajo digno”, fortaleciendo y agilizando la implementación de la reforma laboral para fomentar organizaciones sindicales libres y auténticas.
El escándalo de las grandes empresas
“México no es un país pobre, pero la mitad de la población vive en pobreza. Esta contradicción se produce desde el sistema laboral”, sostiene ACFP. El problema está en que los bajos salarios son parte de una falla estructural.
Pero “el escándalo es que la falla estructural no sólo está ‘abajo’, en la economía informal y los micronegocios. También está ‘arriba’, pues muchas empresas grandes y medianas, en las ramas más dinámicas y rentables de la economía, mantienen a parte sustancial de su personal ganando salarios por debajo del umbral de pobreza”.
Desde que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) comenzó a medir la pobreza laboral en 2008, la variación ha sido marginal. “Alrededor del 40% de la población carece de ingreso laboral suficiente para adquirir la canasta alimentaria, desde hace 18 años”.
Para romper esta frontera, se requiere de una “recuperación salarial en la parte ‘de arriba’ de la economía” y de un compromiso del Estado para la creación de un sistema universal de salud y de servicios de cuidados no condicionados al trabajo. Con estos cambios, asegura ACFP, “se aceleraría el florecimiento productivo en la parte ‘de abajo’ de la economía”.
