Samanta Escobar
Los problemas relacionados con la vivienda se mezclan con distintas vertientes de la crisis social y económica en México, tales como la pobreza, la discriminación, el despojo, la corrupción, la inflación, la especulación inmobiliaria y más.
En su libro «País sin techo», la abogada y activista Carla Escoffié, hace un recorrido por las regiones clave del territorio mexicano, en las que se reflejan estas dinámicas que afectan a diario a la población; aunque cada una es diferente, en todas existe una constante: la falta de participación en la regulación por parte de las autoridades.
«Podemos ver cómo el gobierno no ha asumido su responsabilidad en ciertas áreas como la adecuación de la legislación y el acceso a la justicia. Estamos acompañados de un Estado que se autolimita en cuanto a su labor en materia de derecho a la vivienda, que entiende que su obligación sólo es no quitarles su casa a las personas, otorgar créditos de Infonavit, y que cree no tiene otra función fuera de eso», comentó en entrevista.
Recientemente, el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó en conferencia matutina que es corresponsable de la crisis inmobiliaria que enfrenta la Ciudad de México; en donde empresarios del sector hicieron proyectos fuera de la ley y terminaron por viciar el mercado.
«Se hicieron muchas riquezas de esa forma los famosos desarrolladores inmobiliarios, pero todo propiciado, tolerado y, a veces, en sociedad con políticos corruptos. (…) Les cuento que hasta yo tuve que ver con eso, confieso que soy corresponsable, porque cuando llegué a ser jefe de Gobierno me encontré que, por la especulación financiera, construían unidades habitacionales en las delegaciones de la ciudad donde había terrenos baldíos o terrenos rurales; inclusive, bosques», dijo el presidente.
El mandatario relató que en aquellos años, el Estado no participaba en la planeación para el desarrollo, lo que provocó que algunas alcaldías crecieran de forma descontrolada; mientras que en otras la población era expulsada.
«Iztapalapa, que en 1970 tenía 500,000 habitantes, ahora tiene más de 2 millones; Tlalpan, tenía 120,000 habitantes, cuando llegamos reportó 600,000. En cambio, la Cuauhtémoc, que tenía 1 millón de habitantes en el 70, cuando llegamos ya sólo eran 500,000; y la Benito Juárez pasó de 600,000 a 400,000», refirió López Obrador.
Cambios positivos, pero intangibles
Para la abogada, la Política Nacional de Vivienda actual ha sido un avance en términos de cómo se aborda teórica y discursivamente la vivienda, pero no ha reflejado cambios tangibles en materia habitacional.
«Hay algunas mejoras que me parecen positivas, pero seguimos en el mismo escenario. No hay una perspectiva de hacia dónde se quiere ir con la vivienda. Seguimos sin tener vivienda de arrendamiento público, por ejemplo. Las cooperativas están abandonadas. Celebro que haya un cambio en el discurso, pero creo que queda mucho por hacer», indicó Escoffié.
Entonces, ¿qué debería hacer el Estado para garantizar el acceso a un techo a la población? La autora propone una larga lista de ejes, entre ellos:
- Actualizar todos los programas de desarrollo urbano.
- Adecuar la legislación en materia de arrendamiento.
- Adoptar medidas para prevenir y mitigar la gentrificación.
- Disponer de edificios públicos de arrendamiento (el Estado como «casero»).
- Establecer mecanismos para atender la discriminación en la compra y venta de vivienda.
- Prohibir el uso de fuerza privada para desalojos.
- Regular los alquileres turísticos.
«Seguimos apostando todo a los créditos Infonavit; está bien que existan, pero no es suficiente. También se tiene que ajustar la legislación en materias de cooperativas, porque es un mecanismo que es el futuro del acceso a la vivienda, especialmente para la población joven», aseguró la activista.
La vivienda como postura política
El derecho a la vivienda es tema profundo y complejo, razón que motiva a Carla Escoffié a publicar su libro, pues considera que es un tema que se debe poner en discusión a nivel social, y no sólo dejarse en manos de académicos y políticos.
Para encontrar y exigir soluciones, Escoffié remarcó que el derecho a la vivienda se debe asumir como una postura política, tal como se ha hecho con otras luchas de importancia para la sociedad, como el feminismo, el tema ambiental y los derechos LGBT.
«En el 2024, los candidatos presidenciales serán cuestionados sobre estos temas; la meta es hacer que la vivienda también se consolide en el debate público, y en eso sí tenemos mucha capacidad como sociedad. Hoy los políticos responden a lo que agita a la población, no necesariamente eso se traduce a medidas concretas, pero sí les obliga a reaccionar a las exigencias. Esto es una invitación para que cada quien, desde su trinchera, asuma el derecho a la vivienda como una postura política, más allá profesiones u oficios», apuntó.
