Álvaro Aragón Ayala
Sin ninguna prueba, sin haber aportado ningún recurso económico propio a la Universidad Autónoma de Sinaloa, Rubén Rocha Moya pretenderá de manera perversa, este viernes, imputar, destituir y encarcelar al Rector Jesús Madueña Molina y al Abogado General de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, mediante un juicio amañado operado desde el Tercer Piso del Gobierno Estatal.
En el montaje criminal de la carpeta de investigación con la que se pretende judicializar al Rector y al Abogado General, no existe ningún razonamiento lógico-jurídico ni pruebas plenas para someterlos a juicio, pero la consigna dictada al Juez de Control Adán Augusto Salazar Gastélum es que les quite los cargos y los encierre.
Rocha Moya maquinó varias demandas contra el Rector, el Abogado General y el Comité de Adquisiciones, sustentadas en mentiras, apoyadas en eventos prefabricados y en supuestas investigaciones «periodísticas” armadas en Palacio de Gobierno y difundidas, previo pago, en los medios de comunicación para “justificar” los procesos penales.
En la audiencia de este viernes, la defensa jurídica de Jesús Madueña y de Robespierre Lizárraga presentarán documentos de prueba que echan por abajo las acusaciones de “abuso de autoridad” que les quieren imputar, pero aun así el Juez de Control, obedeciendo las órdenes del gobernador procederá en su contra tope en lo que tope.
Previa a las demandas operadas siniestramente por la Fiscalía General de Justicia, Rocha Moya se desató en los medios de comunicación una campaña de deshonra contra los funcionarios universitarios, sin embargo, esas publicaciones carecen de valor probatorio en los tribunales judiciales, pero son manoseadas para argumentar la necesidad de que se enjuicie a las autoridades de la Casa Rosalina.
Resulta entonces una perversidad que sea el propio gobierno estatal el que esté pagando millones y millones de pesos para que se estructuren y se difundan esas aparentes indagatorias «periodísticas”. De que sea mismo gobierno el que siembra en los medios las “investigaciones” y “reportajes” que por disposición del gobernador la Fiscalía y el Juez de Control los considera pruebas plenas para imputar delitos de carácter penal.
La realidad procesal aplicable al trámite de las actuaciones judiciales es distinta a la idea que se forjan los lectores, televidentes o escuchas en relación a tal o cual “reportaje”. La verdad es que jurídicamente carecen de mérito probatorio suficiente para sustentar las decisiones de los jueces. Es decir: desde el punto de vista procesal y probatorio no tienen ningún valor.
El gobernador Rubén Rocha sabe bien que las demandas contra el Rector y el Abogado General carecen de veracidad porque fueron montadas en sucesos prefabricados para aparentar la comisión de delitos. El sonsonete gubernamental creado en el sentido de que la UAS no se deja auditar carece de toda lógica. Si no permitiera que se le auditara ni la SHyCP ni la SEP destinaran presupuesto para el funcionamiento de la Universidad.
Los ataques periodísticos contra la UAS y sus funcionarios difundidos para cumplir con los contratos de publicidad es mera propaganda desde la perspectiva de la teoría del periodismo, lo cual significa que no tiene validez en el proceso judicial donde las reglas de apreciación y valoración que dispone el juez deben estar por encima del registro mediático.
