Jennifer Garlem
El Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) de la Ciudad de México, dependiente del Tribunal Superior de Justicia, es un espacio —en teoría— de reunión armónica de menores con padres en proceso de separación o divorcio, que se da a partir de las resoluciones impuestas por los jueces, quienes garantizan la seguridad de los infantes.
Sin embargo, padres de familia señalan que la directora, Aline Liliana Miranda Hernández, se ha encargado de modificar los informes que se envían a los jueces para aparentar que los encuentros se llevan a cabo sin contratiempos, pese a que esto implica poner en riesgo a los niños.
De acuerdo con lo ordenado por los jueces, los menores de edad que corren algún riesgo, deben convivir con sus progenitores en este espacio. Pero muchas veces los niños se rehúsan, tienen crisis de ansiedad, lloran y gritan con tal de no encontrarse con alguno de sus padres. En estos casos, el protocolo indica que el Cecofam debe reportar los incidentes ocurridos; si es que se reportan inconvenientes, Aline Liliana Miranda Hernández se encarga de modificarlos en un acto de corrupción y colusión con los jueces del Tribunal Superior de Justicia.
A decir de los afectados, está claro que la directora del Cecofam deja en segundo plano la seguridad de los menores y pasa por alto el riesgo en el que podrían estar.
Estas irregularidades han llevado a infantes a convivir con padres o madres que asisten golpeados y bajo los influjos de bebidas embriagantes, quienes se ponen agresivos en las instalaciones e incluso han ignorado órdenes médicas. Y es que, además, el centro no cuenta con el personal adecuado para atender casos especiales.
A pesar de ello, el Cecofam hace caso omiso de las alertas y permite que las convivencias se lleven a cabo sin supervisión especializada. De hecho, quienes se encargan de coordinar estos encuentros piden a los tutores de los menores que los convenzan de quedarse, en lugar de reportar e informar los incidentes. Hay padres y madres que han sido acreedores a multas por no llevar o convencer a sus hijos.
Lo que más preocupa a las familias es que, aunque en los reportes se indique que alguna de las partes fue problemática, los documentos son manipulados por la directora Aline Liliana Miranda Hernández en un acto ilegal para aparentar “que todo es amor y felicidad entre padres e hijos”, cuentan los tutores. Este tipo de situaciones permite que los juzgados autoricen más días y tiempo de convivencia a padres y madres que pondrían en riesgo la seguridad de los menores, a pesar de que haya pruebas que demuestran lo contrario.
Y es que la información que genera el centro es catalogada como oficial y confiable, por lo que es usada como prueba en un proceso en materia familiar, en casos donde hay antecedentes de violencia por parte de alguno de los progenitores.
“Últimamente respetan la decisión de los niños, pero no se reportan los problemas que hay, los reportes salen limpios; sabemos que hay veces que los trabajadores sociales si lo indican en reportes, pero ellos mismos aseguraron que quien los edita es Aline Miranda”, aseguró uno de los padres de familia.
“Aunque mi hija no se quería ir con su papá y los trabajadores sociales se percataron, en los reportes aparece que “se fue tranquila y feliz”, comentó otro usuario.
Los padres han cuestionado el porqué de los cambios, pero no han tenido respuestas contundentes y su mayor preocupación es el bienestar de sus hijos, no solo físico, sino también psicológico.
Padres y madres hacen un llamado a las autoridades para supervisar a quienes se encargan de dirigir los Centros de Convivencia Familiar y así erradicar este tipo de violencia hacia los infantes, “no es posible que ellos son quienes se encargan de supervisar el bienestar de los niños y sean quienes más los ponen en riesgo”.
