Álvaro Aragón Ayala
Violando los convenios de colaboración administrativa, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel incurrió en actos de corrupción en perjuicio del Sistema de Administración Tributaria, los cuales fueron solapados, al asumir el cargo de gobernador, por Rubén Rocha Moya, ocasionando un daño a la hacienda estatal de poco más de mil millones de pesos. Dolosamente el gobierno quirinista practicó “auditorías erráticas” para facilitar la evasión fiscal del Grupo Coppel y el Grupo Arhe.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó, en consecuencia, la aplicación de sanciones a Rubén Rocha Moya bajó el criterio de que “la entidad se apartó de los lineamientos expedidos por la autoridad hacendaria federal para la realización de procedimientos administrativos”, vetando, además, al gobierno de Sinaloa para que realice actos de fiscalización de las contribuciones federales por un periodo de cuatro a seis meses, sin derecho a recibir los incentivos correspondientes.
El gobierno de Quirino Ordaz Coppel no sólo incurrió en la práctica de “auditorías erráticas” para favorecer a sus socios en el ejercicio de gobierno y en el entramado de negocios soterrados, sino también obtuvo de manera ilegal recursos del Fondo de Participaciones Federales usando documentación falsa.
Rubén Rocha Moya continuó con esa herencia al simular pagar con recursos propios el Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores del Estado, cuando en realidad los cubre con recursos federales. Esa «artimaña contable» le ha facilitado a Rocha acceder a recursos federales a los que no tiene derecho.
Sin aceptar su responsabilidad, Rubén Rocha dijo que los juicios que se resolvieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la SHCP (SAT) “por errores de otros” y faltas cometidas en la práctica de auditorías a empresas, afecta en dos sentidos a la administración estatal: por un lado, no pueden hacer autorías y en consecuencia no puede acceder a ingresos adicionales y; dos, están expuestos a una posible multa de mil millones de pesos.
Aunque forzosamente tiene que acatar el fallo o sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pues es plena y llana en contra del gobierno estatal y a favor del SAT, Rubén Rocha dijo que le ha pedido revisar jurídicamente el caso a Enrique Inzunza Cázarez para ver si se incurrió en alguna responsabilidad. “Tenemos que revisar”, agregó.
Buscando “lavarse las manos” de la protección que le dio a Quirino Ordaz, a quien, al tomar el cargo, le pudo a ver exigido el cumplimiento de compromisos con el SAT y demandarle que no le dejara “la víbora chillando”, Rocha Moya, presionado por los medios, ofreció su versión en torno al trinquete que impactó de manera negativo las finanzas públicas estatales. Esto fue lo que se le preguntó y dijo:
—¿Cuál fue? ¿De cuánto fue este error que cometió el gobierno de Quirino con el SAT?
—De más de mil millones de pesos.
—¿Cuál es el origen, gobernador, de esto?
—El origen es que hicieron unas auditorías erráticas, que no siguieron el procedimiento que demanda el SAT. El SAT concesiona, de alguna manera, a través de un convenio, hacer estas auditorías a los gobiernos estatales.
—¿Qué empresas son, gobernador?
—Son Coppel y Arellano.
—Gobernador, pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Les condonaron las auditorías?
—No, eso no lo sé yo. No conozco. Lo que pasa es que ni siquiera concluyeron las…
—¿Las auditorías?
—Sí, hicieron un procedimiento inadecuado que se da cuenta el SAT y suspende, y suspende y procede legalmente contra el convenio de colaboración. Incluso mi gobierno ya tuvo efecto. Es decir, a mí me informaron el primer día, el día que tomé posesión, y a partir del siguiente día, que es el primero de noviembre, ya empezó una sanción y nos hicieron una sanción de seis meses. Los primeros seis meses de mi gobierno hubo una sanción por el SAT y no se…
—¿De cuántas?
—La sanción consistía en que no podías hacer auditorías.
—Oiga, gobernador, ¿esas auditorías no se concluyeron de manera dolosa o por omisión o cómo?
—Pues seguramente que se hicieron con una falla que perjudicaba el erario.
—¿Fue doloso entonces?
—Sí, seguramente que sí, si no hubiera procedido el SAT.
—¿Para el gobierno del estado qué va a implicar?
—Bueno, para el gobierno del estado primero ya implicó, ya le dije. Los primeros seis meses de mi gobierno la sanción consistió en que no nos daban…
—¿Porcentaje?
—Sí, o sea, auditorías. Y eso pues tiene… es una cantidad importante. Y luego, en la negociación, en la búsqueda, nosotros logramos que se suspendiera esa sanción. Continuamos, recurrimos nosotros a la Suprema Corte y se resolvió ahora en la semana. En los términos que digo. Es decir, la Suprema Corte ratificó de nuevo lo que había dicho antes.
—¿Y ahora tendrán que pagar?
—Ahora tenemos que… estamos haciendo, no solo ahorita, lo estamos haciendo desde tiempo atrás. Mientras está transcurriendo el proceso, lo estuvimos haciendo, ¿por qué? Porque los abogados en general nos decían, ‘van a perder el caso’. Entonces estamos buscando la manera de que el SAT tenga una consideración a lo que fue el nuevo gobierno. Y creo que lo podemos lograr, pero no hay nada concreto todavía. Necesitamos inmediatamente ver. Ya el secretario de Finanzas tiene cita con el SAT para el martes siguiente.
—¿Habrá alguna responsabilidad administrativa en contra de aquella administración o ya no hay nada que hacer?
—Yo no sé. Tenemos que revisar. Aquí el secretario (General de Gobierno) está revisando las cosas jurídicas. Tenemos que revisar la cuestión jurídica, a ver cómo está.
—¿Usted ya habló con Quirino (Ordaz), gobernador?
—No, para nada. En realidad, el día que me entregó ese día, él y yo lo supimos. Me dijo, ‘oye, pues ahí está’. Entonces en aquel entonces, imagínense ustedes, faltarme 2 mil 200 millones para pagar el aguinaldo y una presunta multa de mil millones de pesos.
—Pero como que él ya sabía cómo estaba el ‘enjuague’ ahí.
—No, pues él supo incluso. Yo no sé si antes lo supo, pero yo el 31 de octubre lo supe, que fue el día que rendí protesta.
—¿Qué sigue, gobernador, con este asunto?
—Nosotros le vamos a dar seguimiento, el seguimiento jurídico, a ver qué. Pero la cuestión que nos interesa mucho es que no vayamos a tener afectación a recursos. ¿Cuáles son las posibles afectaciones? Una, que te digan, no puedes por un tiempo hacer auditorías. Y eso a nosotros nos afecta. Porque de las auditorías que practican los gobiernos de los estados en el convenio de coordinación, pues te queda un recurso de las auditorías que tú haces. Y la otra es que te digan, además tienes que pagar los mil millones de pesos.
