Alelhí Salgado
Hace ocho años, hombres armados vestidos de civil, a bordo de vehículos de la Policía Federal y la Policía Ministerial de Tlaxcala, detuvieron y torturaron a Keren Ordoñez para obligarla a asumir la responsabilidad de un delito que no cometió. Hoy, el verdadero autor del crimen está libre y ella purga una condena de 50 años que no le corresponde.
“Llevo ocho años buscando justicia. Ocho años alejada de mi hija, de mi familia y de la idea de mi libertad por un crimen que no cometí. No hay pruebas sólidas en mi contra. Lo único que hice mal fue tener una hija con la persona equivocada”, dijo la joven a EL UNIVERSAL en una llamada telefónica desde el Centro de Reinserción Social en Apizaco, Tlaxcala.
Keren Selsy Ordoñez Hernández tenía 19 años cuando fue detenida. Es originaria de Xalapa, Veracruz, lugar donde creció en un contexto vulnerable.
Estudiaba la preparatoria abierta los fines de semana y trabajaba todos los días para mantener a su hija, fruto de una relación con el presunto responsable por el delito de secuestro, del que hoy la fiscalía de Tlaxcala acusa a Keren.
“No sabía quiénes eran. Pensé que era un secuestro y tuve miedo por la vida de mi bebé. Me asfixiaron, me golpearon y le pusieron la pistola en la cabeza a mi hija para convencerme, con amenazas, de firmar una declaración de algo que yo no hice”, recordó Keren.
“[Los policías] me amenazaron con desaparecerla si yo no firmaba esos documentos. Ella [su hija] tenía un mes de nacida y no tenía acta de nacimiento. Cuando me detuvieron yo iba caminando a casa de mi expareja para pedirle dinero para mantenerla. Yo no hice nada, no cometí ningún delito. Mi único error fue buscarlo para pedirle dinero para su hija”, reiteró la joven que hoy ya tiene 27 años.
Antes de que Keren fuera detenida y procesada por un crimen que no cometió, soñaba con ser sicóloga. Estudiaba la preparatoria abierta los sábados y trabajaba entre semana para mantener a su pequeña hija Ashley, pues sus padres no tenían recursos económicos suficientes para sostenerlas a ella y su bebé.
Hoy, en el Centro de Reinserción Social de Apizaco, mientras escucha su música favorita, Keren trabaja en un taller de costura, donde puede generar ingresos mínimos para enviar a su familia.
“Trabajo para Ashley. Mi vida es Ashley. Yo desconocía a qué se dedicaba su papá porque antes de que ella naciera yo me alejé de él. Él se deslindó de apoyarme. Es más, a mí me detuvieron en Xalapa, pero el crimen que cometió fue en Huamantla, aquí en Tlaxcala, lugar que yo no conozco y tampoco conozco a las demás personas que nombran en el expediente.
“Me tuvieron nueve horas en una casa de arraigo donde me torturaron. Supuestamente argumentan que por recorridos y un grito de auxilio me detuvieron, pero yo estaba en la vía pública, de camino a buscar recursos para mi niña porque yo vivía con mis papás y ellos que son la prueba viviente de que no soy culpable. Han luchado junto a mí por ocho años para que se me devuelva mi libertad”, narró Keren entre lágrimas.
Además de las negligencias y abusos cometidos contra la joven durante su detención, las autoridades no tomaron en cuenta el interés superior de la niñez, acciones inmediatas para salvaguardar la integridad física y mental de la menor y ningún familiar fue alertado sobre su paradero. Fue 12 días después cuando su abuela materna logró que la bebé fuera devuelta a su hogar.
En contraste, la expareja de Keren fue detenido y procesado el mismo día por el mismo secuestro. Recuperó su libertad en 2019 tras cumplir una condena de cinco años de prisión, debido a que era menor de edad en el momento en que fue detenido y desde entonces no ha vuelto a ver o hablar con Ashley, Keren o su familia.
“Veo a mi hija cada ocho meses o cada medio año. Procuro hablar diario con ella por teléfono para que sepa que la quiero porque ella sufre mucho. En noviembre tuve una audiencia en la que pensé que iba a recuperar mi libertad, pero no pasó y la vi llorar. Ella también ya está cansada”, explicó la joven madre.
“Soy inocente. No hay pruebas sólidas contra mí. Yo quise pedir apoyo económico para mi hija, sólo eso. No cometí otro delito para pasar ocho años peleando por mi libertad. Quiero recuperar mi vida y la felicidad de mis padres y de mi hija”, pidió.
En 2021, el Centro Prodh asumió la defensa legal de Keren, debido a las múltiples violaciones a sus derechos humanos e irregularidades cometidas durante su proceso. Antes, contó con diferentes defensores públicos que incumplieron con su obligación de brindarle una defensa adecuada. Actualmente, Keren se encuentra inmersa en una batalla para que se modifique su sentencia y volver a ser libre.
“Las mujeres somos más y mal juzgadas. Conozco a varias en mi misma situación, que han sufrido violencia, que no hay pruebas en su contra pero han recibido sentencias largas, mientras que los hombres quedan en libertad porque no se juzga con perspectiva de género».
“Muchas somos madres solteras, a muchas nuestras familias nos esperan y yo ya llevo ocho años aquí, donde me rebotan la audiencia porque la víctima no se presenta, me rebotan el cierre, me difieren y me niegan el avance de mi caso. Lo único que quiero es ver a mi hija feliz, trabajar para ella, volver a caminar por Xalapa, recuperar mi libertad”.
