Gerardo Hernández
El avance es lento, en la última década el universo de trabajadores remunerados sin acceso a una institución de salud apenas se ha reducido un punto porcentual. Se trata de empleados con un patrón que deberían tener esta prestación, pero carecen de ella.
Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, en 2024 el eje central de la conmemoración es ‘Mi salud, mi derecho’, el tema “fue elegido para defender el derecho de todos, en todas partes, a tener acceso a servicios de salud”, indica la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En el caso de México, y específicamente en el mercado laboral, la deuda aún asciende a 43.9% de los asalariados. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste es el universo de personas que pese a tener un empleador, no tienen asegurado este derecho como prestación.
“Tiene mucho que ver con la informalidad. Es uno de los derechos laborales que se deberían de cumplir y para más de la mitad de la población no se cumplen. Es un espejo de lo que pasa con la informalidad, la cual ha caído, pero no sustancialmente. Y ambas cosas son reflejo de lo caro que es formalizar el trabajo y la carga social que enfrentan las empresas, de las cuales muchas son pequeñas y micro”, afirma Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de su Estudio sobre los servicios de salud en el trabajo en México reconoce que “existe un alto índice de trabajo informal” en nuestro país, eso implica que una buena parte de las personas con un empleo no estén cubiertas por servicios de seguridad y salud laboral, aunque la normatividad sí lo prevé.
“La informalidad en México implica no tener acceso a la seguridad social; es decir, vivir en un estado de desprotección que afecta tanto al trabajador como a su familia. Todavía hay muchas empresas que evaden la responsabilidad de brindar seguridad social desde el momento de la contratación”, destaca el organismo.
El panorama de las instituciones de salud en el trabajo aún no se consolida. “Por desgracia, la cifra negra de personas que ejercen trabajo sin acceso a seguridad social es aún muy difícil de cuantificar. La informalidad sigue siendo la ‘parte oculta del iceberg’”, dice Rubén Balbuena, consultor en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Aunque los trabajadores que no tienen acceso a servicios de salud como prestación pueden ser atendidos en las instituciones públicas y esto no se les puede negar, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el servicio tiene “costo cuando no se demuestre el pago de contribuciones”, advierte la OIT.
En México, opina Ana Gutiérrez, no se ha tenido una reforma al sistema de seguridad social que permita ampliar el acceso a la salud a más trabajadores. “Realmente nos genera un rezago en trabajo digno. Si queremos tener empleos de calidad y que le den las condiciones de vida necesaria a los trabajadores, es un aspecto que se tiene que atender”.
“Para los patrones de micronegocios inscribir a un empleado en el IMSS es algo muy caro. No es que los patrones no sepan que es su deber o no deseen hacerlo, pero las condiciones de competencia muchas veces no dan para ello. Además, en México sólo hay una opción legal para esto: el IMSS; es decir, no existe la posibilidad de cumplir con la ley inscribiendo a los trabajadores a un seguro privado, como ocurre en Estados Unidos”, apunta Rubén Balbuena.
Además de esto, señala el especialista, la baja calidad en la atención de los trabajadores como tiempos de espera muy largos, genera que los empleadores, principalmente los pequeños, se cuestionen “si realmente vale la pena hacer tanto esfuerzo por pagar un servicio que ni siquiera es efectivo. A veces es más rápido pagarle al trabajador la consulta en una farmacia y cooperarle para los medicamentos manteniéndolo en la informalidad”.
Las facturas ocultas
Pero el hecho de que cuatro de cada 10 personas con un empleo remunerado no tengan acceso a un servicio de salud sólo genera un círculo vicioso que afecta tanto a los empleados como a las empresas. “La informalidad implica un estado de estrés constante o de inseguridad ante el temor de estar en un estado de incapacidad en el que ya no pueda generar ingresos (…) el hecho de que un trabajador no esté protegido merma su productividad y su calidad y esperanza de vida”, advierte la OIT.
En eso coincide Ana Gutiérrez. Para la especialista, esta situación genera riesgos para los trabajadores que están expuestos a accidentes laborales o enfermedades que les impidan continuar en el mercado.
“También está el tema de la productividad, entre menos derechos laborales cumples como empleador, más volatilidad sienten los trabajadores y puede haber menos productividad. Realmente hay una serie de riesgos que no sólo generan un detrimento para las condiciones laborales, sino que también inhiben el funcionamiento de las empresas”, expone la especialista.”, expone.
De acuerdo con la OIT, uno de los impactos negativos de esta situación es que no se cuenta con registros de cuáles son los accidentes, enfermedades de trabajo, los tratamientos que reciben, ni el impacto económico y social de las afectaciones en salud de esta población.
“En la práctica nos encontramos con obstáculos: apenas poco más de la mitad de las empresas cumple con la legislación. La observancia de la normatividad suele ser realizada en su mayor parte por grandes empresas y centros de trabajo de notorio tamaño y participación, mientras que los negocios pequeños suelen verse rezagados en su cumplimiento”, advierte el organismo.
