Horas antes de que fuera divulgada por tres medios la investigación periodística de Laura Castellanos sobre la masacre de Apatzingán, ocurrida la madrugada y mañana del pasado 6 de enero, el gobierno federal anunció que había recibido un video de manera anónima y de cuyo contenido podían “inferirse presuntos actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad de elementos de la Policía Federal”. El responsable de la Comisión Nacional de Seguridad, Alejandro Rubido, anunció también que se había dado parte a la PGR y a su unidad de asuntos internos.
Hasta el momento no hay noticia sobre lo que ha aportado de información dicho video. No se sabe tampoco si es o no la versión nunca difundida, por el medio en el que publicaba la periodista, de la investigación realizada por Castellanos. Al no encontrar otra salida, decidió poner a disposición de otros tres medios la investigación especial con 39 testimonios, documentos e imágenes inéditas. La revista Proceso, la cadena Univisión y el portal Aristegui Noticias tuvieron acceso a los materiales obtenidos por Castellanos y elaboraron, de manera independiente, reportajes especiales que difundieron en sus respectivos espacios entre el 18 y 19 de abril.
A raíz de esa divulgación conjunta y de las declaraciones del secretario Osorio Chong sobre que se harían investigaciones al respecto, se sabe que la PGR, la CNDH y la Comisión de Atención a Víctimas están, cada una por su lado, ampliando las indagatorias. Aún no se tiene noticia de sus resultados.
La periodista Peniley Ramírez escribió en la primera parte del reportaje para Univisión: “Al menos 16 civiles de las autodefensas que murieron violentamente en un pueblo del estado de Michoacán en enero habrían sido acribillados por la Policía Federal y no en un cruce de fuego como aseguró el gobierno”.
La revista Proceso publicó un amplio texto escrito por la propia Castellanos. En el primer renglón reproduce uno de los 39 testimonios recogidos, en donde se narra la manera en que habrían sido masacrados los civiles, sin armas: “‘¡Mátenlos como perros!’, gritaron los policías federales al atacar a tiros a un centenar de miembros y simpatizantes de la Fuerza Rural que estaban en plantón en los portales del Palacio Municipal de esa localidad, a las 2:30 de la madrugada del pasado 6 de enero”.
El portal Aristegui Noticias, además de presentar un especial multimedia, elaboró y divulgó conjuntamente con Proceso un videorreportaje cuyo título, #FueronLosFederales, fue tomado de uno de los múltiples testimonios. Al momento de escribir este texto, el video -disponible en YouTube- sumaba más de 1,400,000 vistas y la frase como hashtag se mantuvo por horas dentro de las tendencias de Twitter, señal del interés que despiertan, en una parte de la sociedad, sucesos tan trágicos como impunes.
A la investigación de Castellanos la antecedieron otras de muy alto impacto como las que ha publicado Reforma con testimonios e imágenes que mostraron, desde los primeros momentos, indicios de ejecuciones extrajudiciales.
De acuerdo a la narración de Castellanos a las 7:45 de la mañana, un comando de policías federales “descargó sus ametralladoras M-60 sobre una docena de vehículos que transportaban a guardias rurales y familiares iracundos por la agresión de la madrugada”. Los testimonios dan cuenta que la gente fue detenida. A algunos los arrodillaron para después acabar con su vida. La investigación de Castellanos amplía y consolida la hipótesis de que en Apatzingán se practicaron ejecuciones extrajudiciales a manos de federales. La versión oficial, como se sabe, apunta en otro sentido. Se habló de fuego cruzado e incluso de “fuego amigo” para explicar la muerte de los civiles.
En las últimas horas ha empezado a circular y publicarse un pronunciamiento de un robusto grupo de organizaciones y personas en donde se exige “rendición de cuentas urgente y ejemplar” para el caso Apatzingán. El comunicado firmado por 63 organizaciones y 59 personas exige “la presentación urgente de resultados convincentes en las investigaciones… de no haber una respuesta coherente con la gravedad de las imputaciones, una vez más se minará el apoyo y la confianza social que deben estar en el soporte de la función policial en un Estado democrático de derecho”. El texto recuerda que Reforma informó que “todavía el 5 de marzo la Policía Federal dio a conocer en una respuesta de información que no tenía en sus archivos ningún documento respecto a una investigación interna sobre el caso contra sus agentes”. No puede pasar desapercibido, para nadie, este llamado público. Es la señal de vida de la sociedad organizada frente a acontecimientos que apuntan a crímenes de lesa humanidad.
Fuente: ntrzacatecas.com
