Diana Nava
Bernarda Tuz habita la única casa de La Noria que puede alumbrarse durante la noche. En el único cuarto de concreto en su vivienda de este pueblo de Quintana Roo, la electricidad que produce un pequeño generador solar se utiliza para prender tres focos –uno de los cuales alumbra su patio, donde también cocina– y una serie de luces de colores que adornan un altar de la Virgen de Guadalupe y otros santos de la religión católica. Solo se pueden encender por algunas horas al día, y Bernarda y su familia eligen la noche. De lo contrario, su sistema de generación falla y deja a la casa sin electricidad.
En ninguna otra vivienda, de las cerca de 20 que hay en esta comunidad maya, se puede prender un foco o utilizar un electrodoméstico. La Noria —en donde cerca de la mitad de los habitantes no habla español— nunca ha tenido electricidad. Se fundó hace cerca de 80 años y ese tiempo es el que acumula sin luz eléctrica, dicen sus habitantes. «Aquí no hay nada, más que velas todos los días. Cuando se oscurece, ya solo nos subimos a la hamaca, me quedo platicando con mi esposo y me quedo dormida», dice Bernarda.
Quienes viven en La Noria forman parte de los mexicanos que habitan en el 1% de las viviendas en el país que no tienen acceso a energía eléctrica, según el panorama sociodemográfico de 2020 que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En un conteo anterior, de 2015, el porcentaje que no tenía electricidad era de 1.3%. Es decir, en cinco años se avanzó muy poco para dotar de cobertura eléctrica a quienes no la tienen. Como esta comunidad, suelen ser poblaciones generalmente indígenas, que viven en zonas remotas sin acceso a la red, en localidades urbanas marginadas o sin recursos para cubrir el gasto que representa el servicio.
Un 1% puede parecer poco, pero eso significa que más de 352,000 hogares, o cerca de un 1.2 millones de personas —tomando en cuenta que, de acuerdo al Inegi, un hogar es ocupado en promedio por 3.6 individuos— no tienen luz eléctrica. Los datos de la Secretaría de Energía plasmados en su Programa Sectorial indican una cifra mayor, con un conteo en 2018 de al menos 2 millones de mexicanos sin acceso a electricidad. La estatal CFE afirma en su plan de negocios de 2020 que en ese mismo año había 32,000 poblados en el país pendientes de electrificar.
José Antonio Vega, coordinador de CFE Distribución, dice en entrevista que este número ha cambiado en los últimos años, y afirma que el país ha alcanzado una electrificación de 99.15%, al reducir a 12,332 las localidades que carecen del servicio. Esos datos, de momento, no están incluidos en ningún documento oficial.
En el país, pese a las condiciones de viento y sol que facilitan el uso de múltiples tecnologías renovables y de uso local, miles de comunidades siguen viviendo en la oscuridad. El crecimiento en la generación en esas zonas, dicen los especialistas, continúa centralizado en la estatal CFE y enfocado a satisfacer a las grandes industrias, que demandan cerca del 60% del total. Los estados con mayor rezago son Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, en ese orden.
Las 50 personas que habitan este poblado maya, según conteos oficiales —aunque ellos aseguran que son más—, forman parte del decil más bajo de lo que se considera “pobreza energética”, un concepto que se utiliza para describir la falta de acceso total a la electricidad, a los servicios y comodidades que ésta trae consigo o a la falta de acceso a opciones de energía de bajos niveles contaminantes, lo que ocasiona el consumo de energéticos de baja calidad, como el carbón. Carecer de energía constante y eficiente es la primera parte de la cadena que conduce a la pobreza.
“¿Entonces la pobreza energética no es un problema en México porque casi el 100% de la población tiene electricidad? Pues sí lo es. Resulta que una cosa es el acceso a la electricidad y otra que tú puedas disfrutar los servicios que te da la electricidad, ahí es donde se abren aún más las brechas y se generan la desigualdad y el círculo de la pobreza”, dice Rigoberto García Ochoa, un académico del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y uno de los pocos investigadores en América Latina que se centra en este tema. Según su último estudio, por publicarse en los próximos meses, cuatro de cada 10 hogares en México viven en un cierto grado de pobreza energética. Los habitantes de La Noria se encuentran en el más severo.
La pobreza energética en el país no tiene una medición homogénea, y los organismos federales sólo contabilizan a quienes carecen del todo de energía eléctrica, dice México Evalúa.
EN UN ESTUDIO PUBLICADO ESTE JUEVES, ESTE CENTRO DE ANÁLISIS —CON QUIEN EXPANSIÓN REALIZÓ UNA ALIANZA PARA ESTE REPORTAJE— trata de arrojar claridad sobre el tema. “La problemática de la pobreza energética es que no cuenta con fuentes de información fáciles de sistematizar ni con indicadores homogéneos y de publicación frecuente que permitan conocer su magnitud y dinámica. La falta de este conocimiento limita el diseño de políticas públicas efectivas y las oportunidades de planeación y acción desde los sectores público, privado y social”, dice el documento.
Mientras tanto, los habitantes no saben lo que es vivir con electricidad. Julio Nahuat, el más viejo de la comunidad, dice que está “a siete años de llegar a los 100”. Toda su vida ha transcurrido entre la luz del sol y las velas. En las mañanas va a trabajar a su milpa y se acuesta a dormir cuando ya no hay luz, cuenta en maya. Poco ha cambiado, pero la ceiba —un árbol tropical— que sembró cuando llegó a la comunidad ya cumplió 70 años y supera los 30 metros. De todos modos, a Julio no le urge tener electricidad en el futuro. Se está quedando ciego.
En todas las casas de La Noria se repite la misma imagen: un panel solar a lo alto ya roto o descompuesto. Y dentro de ellas un fogón y las hamacas, en donde duermen.
OLVIDADOS EN LA OSCURIDAD
En La Noria el día dura lo que dura el Sol. Para este poblado situado en Felipe Carrillo Puerto, en el centro de Quintana Roo, un día nublado o de invierno implica vivir a un ritmo más rápido: salir a trabajar antes, preparar apresuradamente los alimentos e irse a dormir más temprano. Una vez entrada la noche, la comunidad queda en total oscuridad.
Desde hace 30 años, dice Narciso Nahuat Witzil, quien hasta hace unos días era el delegado de la comunidad, los habitantes han enviado escritos anuales a las autoridades municipales, a los gobernadores y hasta a los presidentes de la República para que les instalen la infraestructura necesaria para abastecerles de electricidad. Nunca reciben respuesta, dice el representante de La Noria. Lo más que obtienen es un sello o una firma de “recibido” en los documentos, cuenta mientras sostiene la última carta que han escrito, esta vez para Andrés Manuel López Obrador. “Me dirijo a usted para solicitarle la instalación de energía eléctrica en nuestra comunidad, ya que no contamos con dicho servicio básico y es primordial para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas”, dice el escrito con fecha del 3 de mayo pasado, y que fue entregado a un miembro de la ayudantía presidencial.
Narciso Nahuat muestra el último documento que han enviado para solicitar acceder al servicio de luz eléctrica. Este último fue dirigido al presidente López Obrador y recibido por un miembro de su ayudantía.
En 2018 las cosas parecían haber cambiado un poco. Antes de concluir su administración como presidenta municipal, la priista Paoly Perera, cuenta Narciso, entregó un sistema de paneles solares a cada una de las casas. Fueron suficientes para prender al menos cuatro focos en sus casas, encender la televisión, escuchar la radio y utilizar una lavadora. Algunos de quienes ahí viven compraron electrodomésticos de segundo uso o a plazos, como el ex delegado y su esposa Wendy, que adquirieron una lavadora por 3,500 pesos para que ella dedicara menos tiempo a los quehaceres domésticos.
Hoy ya no la pueden utilizar. Wendy bromea con que deberá usarla como mesa o como un mueble más porque se ha aburrido de tenerla dentro de su casa sin funcionar. “Me acostumbré mucho a la luz. Aunque fuera de noche podía ‘tortear’ (hacer tortillas), hacer la comida, prender los focos y hacer de todo. Ahora ya no puedo”, dice mientras enumera cada uno de los aparatos que tiene en casa y que no puede utilizar: una licuadora, un reproductor de dvd, una televisión. Sólo la radio, que funciona con pilas, se mantiene encendida.
La mayoría de los sistemas solares funcionaron sólo durante dos meses, dicen los habitantes de La Noria. El resto dejó de servir tras el paso del huracán Delta, en octubre de 2020, o tras la llegada de Grace en agosto de este año. Todas las casas replican la misma imagen: en una de las paredes hay un sistema instalado que ya no funciona y una batería que podría confundirse con un pequeño mueble, utilizada hoy para sostener algunas pertenencias. Afuera, a lo alto, sobresale un panel solar roto o empolvado.
Los paneles que recibieron en La Noria durante la administración pasada formaron parte de un programa federal que se desprendió del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), un mecanismo diseñado desde 2013, pero que comenzó a hacerse efectivo cuatro años después, con la meta de electrificar a este tipo de comunidades. La Secretaría de Energía es la responsable de gestionar el fondo, pero en 2019 la CFE se convirtió en la operadora del programa que recibe los recursos de este vehículo. Antes de ello, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) era el encargado de ejecutar lo relacionado con los sistemas solares que se llevan a estas localidades.
Cuando están en un radio de hasta cinco kilómetros y tienen hasta 12 viviendas, las comunidades son elegibles para que la red de la compañía se extienda hacia su localidad. Sin embargo, cuando están a más de cinco kilómetros, sin importar el número de habitantes, o si están en el radio pero tienen menos de 11 hogares, la estrategia es llevar sistemas solares aislados o granjas solares.
Y para ser tomados en cuenta y candidatas a ser calificadas como elegibles, las comunidades deben inscribirse en una convocatoria de la Secretaría de Energía, algunas veces mediante los gobiernos municipales o estatales. Pero los habitantes de localidades como La Noria ignoran la existencia de estos procedimientos o ni siquiera saben español, el idioma en el que se lleva a cabo el trámite. “Habrá a quien no lo tengamos considerado, y eso no significa que no se tiene la necesidad”, admite José Antonio Vega, de CFE.
Algunos de los habitantes adquirieron electrodomésticos cuando se les dotó de los paneles solares que hoy ya no funcionan. Ninguna de sus adquisiciones, como esta lavadora, puede ser utilizada.
El gobierno actual ha decidido continuar con el uso y gestión del FSUE, que nació con la reforma de 2013 y se financia con los excedentes de las pérdidas técnicas del Mercado Eléctrico Mayorista. De aprobarse la iniciativa de reforma presidencial en materia energética, este último desaparecería, aunque, dice Vega, el fondo seguiría existiendo.
El funcionario de CFE asegura que la estatal ha “aprendido las lecciones” de la gestión pasada y ahora busca que la ejecución del proyecto que lideran, denominado Programa para el Desarrollo de Electrificación, sea más cercano a las comunidades y que a éstas se les dé el conocimiento técnico suficiente para dar mantenimiento a los sistemas que reciben. Porque ahora, una vez que la CFE instala los sistemas de generación, la responsabilidad pasa a ser completamente de los pobladores.
“Esto ocurre de manera constante. Los gobiernos llegan, instalan los proyectos y se van. No hay ninguna transferencia de conocimiento, ni ninguna apropiación socio-técnica de la tecnología. Otra cosa es que la gente realmente se apropie de la tecnología, la use a su favor y utilice sus habilidades, incluso para su mantenimiento”, explica Eduardo Aguilar, un académico de la Universidad de Monterrey.
Eso sucedió en esta localidad: el gobierno municipal instaló los paneles, pero no explicó cómo darles mantenimiento ni ofreció servicios de reparación. El sistema solar de la casa de Bernarda es el único que funciona porque el menor de sus hijos ha aprendido a arreglarlo. Pero el resto espera que algún funcionario vaya de nuevo a su comunidad.
Históricamente, México ha abordado muy poco la pobreza energética bajo un enfoque de política pública que integre a las comunidades, el sector público y el sector privado, concluye México Evalúa en su estudio. Tampoco se reconoce totalmente de manera jurídica. “Está oculta en el marco normativo y en el discurso político, aún cuando está carencia es muy visible en los hechos”, dice este análisis.
La administración actual ha dado un paso importante, afirma Ana Lilia Moreno, una de las autoras del estudio de México Evalúa. En el último Prosener, se menciona por primera vez el concepto de pobreza energética y su erradicación destaca entre los objetivos. Sin embargo, existe el riesgo de que se quede en meras palabras.
El documento sólo menciona “acciones puntuales” para abordar el problema, con medidas generales sin mecanismos claros de implementación o monitoreo. “Es un buen inicio que se reconozca la existencia de la problemática en términos conceptuales, pero falta mucho. En el programa ya está reconocida la pobreza energética como un problema público, pero el paso siguiente es una programación específica para la atención de esta problemática a gran escala. Son acciones simples, como que los hogares más vulnerables que usan leña o carbón puedan tener ductos (de salida de humo) en sus casas”, explica Moreno.
La Secretaría de Energía es el organismo que debe coordinar la estrategia para erradicar esta problemática, al ser la entidad encargada de establecer y coordinar la política energética del país, según México Evalúa. Pero hasta ahora, no existe algún documento programático que marque los pasos de una probable estrategia contra la pobreza energética, con objetivos y mediciones a gran escala. La dependencia no respondió a la petición de entrevista para este reportaje.
La CFE, dice su representante, romperá este año el récord de gestión de proyectos para electrificar a sitios que no cuentan con el servicio, con alrededor de 6,000, que incluyen sistemas aislados, granjas solares —pequeños parques para llevar electricidad a una comunidad— o crecimiento de la red. Desde 2017, cuando entró en funcionamiento el fondo, el número más alto de proyectos fue de 2,800 durante el último año del sexenio pasado.
Pero las últimas cifras de la CFE contabilizan planes que aún no han sido terminados, y tampoco cuentan con un indicador de tasa de éxito que indique si estos se han convertido en una solución de largo plazo o ha sucedido como en La Noria, donde sistemas de alto costo, como una batería para almacenar energía, se han convertido en un mueble más en los hogares. En total, dice el funcionario, alrededor de 300,000 mexicanos se han beneficiado del programa de la estatal para abatir el rezago de energía durante los últimos tres años, pero solo 30,000 son resultado de sistemas fotovoltaicos individuales y 4,500 de las granjas solares.
La falta de transparencia en la gestión y los resultados de este tipo de iniciativas, dice México Evalúa en su documento, no permite evaluar el éxito de las acciones tomadas. La Secretaría de Energía ha dejado de transparentar el funcionamiento del FSUE, y la CFE solo entrega los resultados a la dependencia. “A pesar de que no contamos con una estrategia diseñada para combatir la pobreza energética, sí hay algunos esfuerzos que apoyan esta causa como el FSUE. Sin embargo, debido a la poca idoneidad de la transparencia, no es posible determinar el impacto real que tienen este tipo de esfuerzos”, explica Viviana Patiño, otra de las autoras del documento.
Narciso, el exdelegado de la comunidad, pregunta en reiteradas ocasiones si López Obrador ha anunciado que ya llegará la luz a su comunidad. Dice que él no tiene forma de enterarse, pues no puede escuchar todo el tiempo su radio porque es de pilas y comprarlas resulta muy costoso. También dice que se siente mal con sus vecinos, porque está a punto de concluir su periodo como delegado y las cosas no han cambiado.
CASI 500 PESOS EN VELAS
En cuanto anochece, Maricruz Cen Canul enciende cuatro velas que se mantendrán prendidas hasta que Jesús, su hijo de tres años, por fin decida dormir. Cada vela, que compra en Tepich, el pueblo cercano de donde es originaria, cuesta cuatro pesos. Las familias del lugar consumen entre dos y cuatro velas diarias, lo que equivale a un gasto mensual de entre 240 y 480 pesos, según sus propios conteos. Un hogar de La Noria tiene un ingreso promedio de 2,000 pesos al mes, lo que implica que entre el 12% y el 24% de sus ingresos los destinan a aliviar la ausencia del servicio eléctrico.
El último censo del Inegi asegura que ningún estrato de la población mexicana gasta más del 10% para iluminarse. Los habitantes de La Noria son la excepción. Lo mismo ocurre en Kankabchen, una comunidad con cerca de 40 habitantes a la que solo se puede acceder caminando, a través de la selva y mediante una vereda ya marcada por quienes ahí habitan. Pocos entienden y hablan español, no tienen señal para comunicarse vía celular, tampoco un sistema de agua, y mucho menos electricidad.
Ahí no llegaron los paneles solares que recibió el otro poblado hace unos años. Kankabchen solo sabe de velas, y cada vez es más difícil comprarlas, dice Auri Alicia, quien roza los 40 años y tiene siete hijos. Ninguno de ellos, cuenta, ha sabido lo que es crecer con energía eléctrica o estudiar en un salón de clases en donde haya luz. El ritual en Kankabchen es también el mismo todos los días: apenas comienza a meterse el Sol, todos y todas se dirigen a sus casas, prenden una o varias velas, encienden la candela —como denominan al fuego que generan con leña— si es que la noche está fría, se recuestan en su hamaca y esperan a que la vela cese o a que el sueño los venza. Lo que llegue primero.
El uso de leña y fogones es otro problema derivado de esta “pobreza energética”. Según el Inegi, en México hay 4.8 millones de hogares que consumen leña o carbón para calentar agua y alimentos. Esto los coloca en una condición de precariedad energética y vulnerabilidad por la toxicidad del combustible.
Las mujeres son las que más sufren por el uso de estos combustibles. “Son ellas quienes, por mantenerse en el hogar, resultan ser las más susceptibles a inhalar gases tóxicos producidos por estos insumos, y por ello son consideradas las mayores víctimas de la falta de acceso a energéticos modernos”, dice México Evalúa en el documento publicado hoy. Quienes utilizan carbón o leña son más susceptibles a padecer la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la novena causa de muerte en el país. “Varias investigaciones arrojan que el desarrollo de EPOC se da por la inhalación (de gases) en espacios cerrados, y así identificamos un impacto muy fuerte en los mexicanos, sobre todo en las mujeres. Vincular la pobreza energética con la salud abre una gran brecha oportunidad”, dice Moreno.
Las casas de La Noria y Kankabchen tienen un olor a leña constante. Bernarda tiene su cocina fuera de casa, pero ella y su esposo duermen con la candela cuando hace frío. La dejan encendida durante toda la noche.
Bernarda Tuz hace tortillas en el fogón que tiene en su patio. Todos los hogares de La Noria cuecen sus alimentos con leña, la mayoría cocinan dentro de sus casas, en donde también está su dormitorio.
LAS CASAS VACÍAS
Una de las 21 estaciones del Tren Maya estará en Felipe Carrillo Puerto, el municipio en donde están estas comunidades mayas. En la casa de Narciso hay un documento pegado en la pared que da cuenta de las asambleas que se han hecho. Los habitantes de La Noria no saben con certeza qué tan cerca pasará de sus casas, pero esperan que aumente la posibilidad de que llegue la electricidad.
Y hace aproximadamente dos meses, comenzó a construirse un nuevo proyecto en un terreno cercano a donde llega el camino que lleva a la comunidad desde una de las carreteras que unen Yucatán y Quintana Roo. Una manta anuncia una inversión de 2.5 millones de pesos para un módulo comunitario. La promesa: una sala de usos múltiples, una cancha de fútbol y alumbrado público. Maricruz dice que también les han prometido que, con esta construcción, se les dotará de una red gratuita de internet. Hoy, en La Noria solo hay un punto, frente a la casa de Bernarda, en donde se pueden enviar y recibir mensajes. Las llamadas quedan reservadas para las visitas a Tepich, el poblado cercano. Pero de la luz eléctrica en las casas, no hay noticias.
Para abatir el rezago energético, se necesitará un esfuerzo entre los tres órdenes de gobierno. Los especialistas recomiendan el desarrollo de proyectos de autoconsumo, como la generación distribuida a base de paneles solares, junto a modelos donde las comunidades participen de manera activa y no bajo un esquema asistencialista. México Evalúa señala que dentro de esta problemática hay un potencial mercado “en el que los consumidores de bajos recursos contribuyan a generar demanda y el sector privado genere la oferta al amparo de un Estado regulador fuerte”. Se trata de un enfoque de triple hélice, dice Moreno, que reúna al sector privado, público y social en una estrategia.
Pero dentro de un discurso que promete ayudar constantemente a quienes viven en pobreza, parece que esto no es prioritario. En los últimos tres años, el gobierno y el sector privado que participa en el mercado eléctrico se han enfrascado en una batalla ideológica y legal por los cambios que ha propuesto el presidente para devolver la rectoría de la industria a la estatal CFE. En este debate, las comunidades sin luz han vuelto a quedar fuera del radar, dicen los entrevistados. La iniciativa presidencial busca establecer el acceso a la energía como un derecho humano, pero las investigadoras de México Evalúa afirman que la pobreza energética no es una prioridad de la política pública, pese a que hay algunos intentos por combatirla.
“Si pensamos en terminar con la pobreza energética, (la iniciativa) no va por ahí, más bien va por el control del Estado. Y la experiencia histórica nos demuestra que ese control no significa beneficio para las comunidades, sobre todo para las más vulnerables”, dice el académico de la Universidad de Monterrey.
En esta situación, algunas de las casas de La Noria se han quedado vacías. Maricruz cuenta que las familias que vivían allí se han movido a Tulum o Cozumel para trabajar en los hoteles de la zona. La migración hacia esos sitios siempre ha existido, pero en los últimos cinco años ha sido más frecuente. Pero Bernarda dice que no se imagina viviendo fuera de La Noria. Maricruz tampoco quiere irse. Ni Narciso, que sigue preguntando sobre la posibilidad de que el presidente haga algún comentario sobre ellos en su siguiente conferencia.
En las casas de La Noria se pueden observar instalaciones de luz ya sin utilizar o focos que ya no pueden ser prendidos.
Publicado en Expansión
