Enrique Sánchez
Cada día, algún país en el mundo ejecuta o condena a muerte a al menos una persona como castigo por delitos como homicidio, tráfico de drogas, terrorismo, adulterio, espionaje, oposición al gobierno, ofensa a la religión y fraudes financieros.
Al cierre de 2021, la organización Amnistía Internacional registró dos mil 052 condenas a muerte en 56 países, lo que supuso un incremento de 39% con respecto a las registradas en 2020.
Al finalizar ese mismo año había en todo el mundo al menos 28 mil 670 personas condenadas a la pena capital.
En cuanto a las ejecuciones, se contabilizaron 579 (24 de ellas mujeres) repartidas en 18 países, los mayores casos en China, Irán, Arabia Saudita, Egipto y Siria, lo que supuso un incremento de 20% respecto a las 483 registradas en 2020.
Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte. En este contexto, no todo es desesperanzador, dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México.
En 1977, solamente 16 países habían abolido totalmente la pena de muerte. Para finales del año 2021 ya más de 108 países, más de la mitad de los países del mundo, ya han abolido esta pena”, afirmó.
Consideramos que es un gran logro para la organización, pero, yo diría, para la humanidad en su conjunto”, agregó Olivares.
PANORAMA NACIONAL
Respecto a México, en 2008 abolió formalmente la pena de muerte en la Constitución, aunque en los hechos no la aplicaba desde el 9 de agosto de 1961 cuando después de un juicio militar se envió al paredón en la ciudad de Saltillo, Coahuila, al soldado José Isaías Constante Laureano por insubordinación y asesinato.
Donde sí ha habido mexicanos ejecutados es en Estados Unidos, 15 en total en casi un siglo.
El primero fue en 1926, Agapito Rueda, condenado luego de asaltar un tren y asesinar a custodios de un banco. El más reciente, en febrero de 2020, Abel Revill Ochoa, quien recibió una dosis letal de pentobarbital en la prisión de Huntsville, Texas tras una condena por homicidio.
Resalta el caso de Ricardo Aldape Guerra, el único preso mexicano que se libró de ser ejecutado en 1997, gracias a presiones de activistas y gestiones diplomáticas.
La pena de muerte es irreversible y se pueden cometer errores. La pena de muerte es la pena máxima. No se puede descartar el riesgo de ejecutar a personas inocentes. Desde 1973, más de 160 personas solamente en Estados Unidos fueron ejecutadas y después fueron exoneradas y liberadas”, dijo Olivares.
Según la Cancillería mexicana, el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en los Estados Unidos analizó 180 casos y logró revertir la pena en 19 de ellos.
Hoy, 53 mexicanos enfrentan en el extranjero procesos penales que pueden derivar en la pena capital, mientras que 50 de ellos ya cuentan con una sentencia.
Con eso, se incrementó la cifra de abogados consultores de 55, en septiembre de 2021 a 191 hasta junio de 2022.
El mayor número de casos en el país vecino se agrupan en California y Texas, mientras que se tiene el registro de dos mexicanos en una situación similar en China.
Una de las razones por las que desde Amnistía Internacional estamos haciendo esta labor contra la pena de muerte tiene que ver con que es una pena que ha sido demostrada que se aplica en particular hacia grupos tradicionalmente discriminados”, agregó la especialista.
Lo que sucede con las personas mexicanas en Estados Unidos es que la mayor parte de las personas que son condenadas a pena de muerte alrededor del mundo, son personas que forman parte de incidencias políticas, de grupos discriminados, personas migrantes, personas pobres, detalló Olivares.
POPULISMO PUNITIVO
A pesar de que no es válida en nuestra Constitución, gobernantes y partidos políticos han hecho públicas sus propuestas para retomar este castigo.
En 2008, Coahuila presentó una reforma al Código Penal para establecer la pena de muerte a secuestradores que asesinaran a sus víctimas. La propuesta se aprobó en lo local, pero no avanzó a nivel federal para hacer la enmienda constitucional.
Un año después, el Partido Verde presentó una iniciativa con el objetivo de reformar la Constitución “para establecer nuevamente las bases constitucionales que permitan al legislador federal y local regular los supuestos en los que sería aplicada la pena de muerte a los responsables de la comisión del delito de terrorismo, privación ilegal de la libertad y homicidio calificado”. La propuesta no prosperó.
Más reciente, en septiembre pasado, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, anunció que propondría el castigo para violadores y asesinos como una forma de enviar un mensaje a quienes pretendan cometer este delito. La idea no ha tenido eco.
Lo que estamos observando son puras acciones de populismo punitivo en el sentido de hacer un llamado a la población pensando que el endurecimiento de las penas podría inhibir los delitos o contribuir a disminuir la impunidad cuando eso no ha sucedido ni en México ni en ningún lugar del mundo”, señaló la directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
Hoy, el 20 Día Mundial estará dedicado a reflexionar sobre la relación entre el uso de la pena de muerte y la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
Publicado en Excélsior
