Eduardo C. Lazcano Ponce*
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) conmemora este año dos aniversarios icónicos: 35 años de su creación y los primeros 100 años de la Escuela de Salud Pública de México (ESPM), integrada organizacionalmente a nuestro instituto.
Actualmente –gracias a una visión autocrítica que nos empuja a evolucionar, a no ser autocomplacientes y a funcionar como un verdadero brazo académico de la Secretaría de Salud–, el INSP se encuentra en un proceso denominado Renovación institucional para contribuir al fortalecimiento del sistema nacional de salud y el bienestar social, encaminado a contribuir a resolver las necesidades de salud del entorno nacional y regional.
A lo largo de su historia, el INSP ha generado iniciativas que se han traducido en políticas públicas, no a través de espacios de opinión, sino de la generación de evidencia científica y su revisión por pares académicos.
Durante la actual administración federal –especialmente a partir de la pandemia– se han publicado múltiples opiniones en medios de difusión masiva por parte de integrantes de la academia y ocasionalmente del propio INSP. Muchas de estas expresiones comparten un tono de denostación y clara animadversión política hacia la transformación del sistema de salud que está en curso.
Es claro que ellas pueden ser una legítima manifestación de las posiciones personalísimas que todo el mundo tiene derecho a sostener ante los cambios que vivimos. No obstante, cuando una postura política personal se presenta bajo el manto de una adscripción académica, quien la emite está obligado a aclarar que no representa la oficial de su institución, y queda aún más obligado cuando su opinión puede ocultar un conflicto de intereses. Cuando éstas se refieren a políticas y programas públicos es deseable hacer explícitos los conflictos de intereses que potencialmente influyen en la imparcialidad de la opinión.
De otra manera, las opiniones de quienes han sido actores políticos y por esa razón han influido en las políticas del sistema de salud podrían pasar por análisis imparciales, rigurosos y justos, en nada influidos por la posición institucional que en el pasado tuvieron.
El INSP impulsa la pluralidad y la multiculturalidad y respeta la libre expresión de las ideas de todos los integrantes de su comunidad. Como institución de investigación y docencia, asume el compromiso de generar y difundir conocimiento que, con base en la mejor evidencia, fortalezca el ejercicio del derecho a la salud y el derecho de los ciudadanos a ser informados. Por ello, en aras de salvaguardar los derechos de quienes son informados –y dado el peso que puede tener una adscripción institucional de cara a la opinión pública– es importante que al hacer declaraciones de cualquier tema y ante cualquier medio, sus investigadores hagan explícita la distinción entre un posicionamiento institucional (el cual requiere de un consenso académico previo); la difusión de resultados de investigación, o la expresión de opiniones personales.
La buena comunicación no busca vencer, sino convencer. En el caso de la salud, la búsqueda de los mejores argumentos en un clima de respeto es fundamental, dado el posible efecto sobre el comportamiento de las personas en función de los servicios preventivos y de atención. Las opiniones públicas en este campo deben ser extremadamente responsables, e indicar si existe un potencial conflicto de intereses.
Por eso, quienes en el pasado tuvieron en sus manos la conducción de la política de salud deben señalarlo. Advertir si participaron en el diseño, desarrollo o evaluación de las políticas y programas que han sido suprimidas y ahora defienden, para que el público construya su juicio sobre la base de la verdad completa, y no sobre la verdad a medias.
Como señalé líneas arriba, en el INSP tenemos como valor el respeto irrestricto de la autonomía y la independencia académicas, las que fortalecen la capacidad institucional para llevar a cabo una práctica de investigación y docencia libre y de alta calidad. Sus miembros somos privilegiados con el derecho de expresarnos y actuar conforme a nuestros valores personales. Pero la libertad para comunicar implica una responsabilidad paralela. Esta responsabilidad es la manifestación de los conflictos de intereses. Sin ambos, la ética de la comunicación no se cumple.
* Director general del INSP
Publicado en La Jornada
