César Arellano García
En el país no existe presupuesto específico para la atención a la salud mental de niñas, niños y adolescentes, señaló la asociación civil World Vision México. En conferencia dijo que hay poca inversión para el derecho a la participación y protección de todo tipo de violencia destinado a este grupo de la población, pues indicó que del total del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2023, sólo el 11 por ciento, es decir, 8.2 millones de pesos, será empleado a programas y acciones para tal fin.
El organismo humanitario presentó el informe Peso por peso: la inversión de México en la niñez y adolescencia, un análisis acerca del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 a 2023, sobre la asignación de recursos dirigidos a programas y acciones.
“La asignación de presupuesto para brindar atención a este grupo es una obligación desde el 2015, pero consideramos que no se han destinado montos suficientes para atender las problemáticas que viven estos grupos poblacionales”, afirmó Miguel Ángel Laporta, director nacional de World Vision México.
La asociación civil, detalló que la distribución de recursos para más de 40 millones de infantes y adolescencias contrario a ascender, disminuyó al pasar del 12 por ciento de gasto total en 2022 al 11 por ciento en el 2023.
“La violencia, trabajo infantil y migración de niñas y niños adolescentes son los temas en los que menos invierte México. El presupuesto destinado para su atención en el 2023 sólo es del 0.04 por ciento. Esta determinación no se ha incrementado desde el 2012”.
Esta disminución, apuntó, representa un retroceso en materia de derechos humanos y a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, “poniendo en riesgo” la vida e integridad de las niñas, niños y adolescentes de México. Asimismo, especificó, el 79 por ciento del gasto destinado a las infancias, se va a nómina de personal docente y estructura, y no a la creación de políticas públicas ni servicios de respuesta a las problemáticas mencionadas. “En cuanto a los subsidios dirigidos a las entidades federativas, no se prioriza a niñas, niños y adolescentes en la distribución, operación y administración del recurso público, tampoco cuentan con procesos claros de transparencia”.
Por ello, hizo un llamado a las autoridades “a homologar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de incorporar el interés superior de la niñez y adolescencia como un eje transversal que impregne a todas las instituciones y acciones de la administración pública federal.” añadió Tonatiuh Marcos, director de incidencia en políticas públicas.
Publicado en La Jornada
