Issac Castañeda Gómez
La iniciativa de dos congresistas de Estados Unidos para que el Ejército de Estados Unidos intervenga en México para combatir a los cárteles de la droga ha provocado molestia al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a la que ahora se sumaron gobernadores de la 4T, de Morena, se pronunciaron por la defensa de la soberanía y rechazaron dicha acción militar.
Aseguraron que las organizaciones criminales dedicadas a la droga solo serían un pretexto para la irrupción de las Fuerzas Armadas en el país, por lo que realizaron una condena enérgica y aseguraron que el tráfico de drogas y fentanilo requiere una atención integral, gracias a la cooperación de ambos países.
“Por principio, rechazamos cualquier declaración o acción que atente contra nuestra soberanía. Consideramos que es fundamental entender el problema en toda su complejidad y que debe reconocerse que el poder de las organizaciones criminales se basa en el abastecimiento masivo de armas de alto poder provenientes de los Estados Unidos”, afirmaron en un comunicado firmado por los mandatarios estatales de Morena.
Al respecto, también señalaron a la industria farmacéutica de Estados Unidos por ser parte de la crisis de opioides que perjudica a ambos países y ha causado un aumento de la criminalidad, así como el trasiego de drogas sintéticas desde territorio mexicano.
Citaron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que informó el decomiso de 5 mil kilos de fentanilo en 2021, aunque más del 80% de los portadores eran ciudadanos estadounidenses que buscaban cruzar a su país.
“Expresamos nuestro total apoyo al gobierno federal y reiteramos nuestro compromiso con el combate frontal a las organizaciones del crimen organizado que operan transnacionalmente y lucran, tanto en México como en Estados Unidos y otros países”.
Y, más allá de una intervención militar, los representantes de la 4T indicaron que el crimen organizado requiere de colaboración bilateral e internacional, la cual respete la soberanía de los países involucrados, es decir, México y Estados Unidos.
Además, dieron una serie de medidas para combatir al crimen, entre las cuales resalta la inteligencia financiera, una vigilancia de la política de salud y el freno al tráfico ilegal de armas que empodera a las organizaciones del crimen organizado.
