Juan Carlos Cruz Vargas
Lejos de plantear una estrategia robusta para enfrentar la delincuencia organizada, desde el robo de vehículos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado en el olvido el mantenimiento, funcionamiento y modernización del Registro Público Vehicular (Repuve).
Además el mandatario dejó abierta la puerta para la entrada de los llamados “autos chocolate” mediante el Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, que amplió tres meses a partir de fines de marzo.
En su conferencia mañanera del 23 de marzo último, el presidente López Obrador dijo que su medida “ayuda en el tema de la seguridad el tener el registro… Hay delitos que se cometen en estos vehículos y no podemos identificar a sus auténticos dueños porque no están registrados, o porque los ingresaron y luego los vendieron, cambió de propietario, se los roban y le dan un mal uso”.
De acuerdo con el Decreto publicado el 29 de diciembre de 2022 y del cual recientemente el gobierno extendió el plazo, tiene como objetivo fomentar la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentren en el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas mediante las facilidades administrativas y estímulos que en el mismo se prevén.
De hecho, lo anterior es una continuación del decreto publicado el 18 de octubre de 2021 y, según el Diario Oficial de la Federación (DOF), a lo largo de 2022 se realizaron reformas para incluir a más estados.
Para el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, el programa para legalizar los “vehículos chocolate” tiene tres impactos negativos para México.
La venta de autos seminuevos en el mercado interno, la importación de unidades “basura” de Estados Unidos y, lo peor, el fortalecimiento del crimen organizado que usa este tipo de vehículos para actividades ilícitas, sin que se tenga un Repuve actualizado y creíble.
En entrevista con Proceso, advierte que en la primera línea de afectación está el mercado formal de vehículos usados.
“Hemos observado en los estados de la frontera, mayormente, una disminución en la en la venta de vehículos usados en los negocios formales, no únicamente la de los distribuidores, sino otros negocios que se encuentran establecidos y especializados, donde se reportan disminuciones en el ámbito de 15% a 20%”.
Otro aspecto negativo de los autos chocolate es que se trata de “basura automotriz” porque son unidades que proceden de los remates de subastas como siniestrados, declarados pérdida total, y “por supuesto que no satisfacen ningún elemento de seguridad en sus condiciones físico-mecánicas”.
Agrega que el decreto federal “ha venido a ocasionar de manera directa el fortalecimiento y el beneficio económico para los grupos criminales que controlan el territorio, a partir de este negocio que es la compra-venta de autos provenientes de Estados Unidos, pues tienen un control de las operaciones ilegales en el territorio, principalmente en la frontera norte”.
De acuerdo con la Interpol, organización policial integrada por 195 países miembros, entre ellos México, para los grupos delictivos organizados la adquisición, envío y comercio de vehículos robados es una forma de obtener beneficios con pocos riesgos.
A menudo, expone la corporación en su página web, se trafica con vehículos robados con el fin de financiar y realizar otras actividades delictivas, como el tráfico de estupefacientes, armas o personas, así como el terrorismo internacional.
Además, el mercado ilícito de piezas de recambio es una fuente de ingresos lucrativa para las organizaciones delictivas que les ofrece muchas aplicaciones prácticas.
Este fenómeno no solamente tiene un impacto económico en la industria, sino que también pone en peligro a los conductores, pues es probable que las piezas de recambio ilícitas no cumplan las normas de seguridad reconocidas, alertó la corporación internacional.
La delincuencia relacionada con vehículos es uno de los 16 delitos que tiene en la mira la Interpol, además de la delincuencia organizada, crímenes de guerra, terrorismo, tráfico de drogas, delincuencia financiera, delitos contra menores, trata y tráfico ilegal de migrantes, entre otros.
La situación relacionada con el robo y uso ilegal de los vehículos se agrava por el abandono del Repuve, creado en septiembre de 2004 en el sexenio de Vicente Fox, y que ahora depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Su objetivo, en teoría, es otorgar seguridad jurídica a los actos que se realicen con vehículos que circulan en el territorio nacional, mediante la identificación vehicular.
Además, tiene atribuciones para dictar actos administrativos y dictar e imponer sanciones, conforme a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, la Ley del Registro Público Vehicular, el Reglamento del SESNSP y el Reglamento de la Ley del Registro Público Vehicular.
“Falta voluntad política para que exista, por parte del Estado mexicano, un control vehicular eficiente a partir de la constitución de un registro público vehicular que funcione. Desafortunadamente, desde la creación del registro público vehicular a partir de la de la ley que lo crea, publicada el 1 de septiembre de 2004, no ha habido una atención a la importancia de este, de esta institución”, advierte Rosales Zárate, quien colabora con al AMDA desde 2004.
Eso no es todo, detalla que las intermitencias en su funcionamiento agravan la situación y, para ello, lo que tenemos es una base de datos que no es confiable, que tiene distorsiones en la información que arroja, que no tiene una capacidad para ser utilizada de manera eficiente por los órganos de seguridad del Estado.
“Mucho menos para generar inteligencia de mercado para los usuarios y los agentes económicos que proporcionamos información como la industria automotriz, la banca, las aseguradoras, etcétera”.
El presidente de la AMDA va más allá: “Por otro lado, (el Repuve) tampoco cumple el objetivo de brindar seguridad jurídica a la ciudadanía, evitando la circulación y el emplacamiento de vehículos robados. Entonces es un verdadero desastre y los pocos recursos humanos y técnicos de los que dispone el Repuve están siendo utilizados casi en su totalidad para llevar a cabo la regularización del contrabando automotriz”.
Ejemplifica que, cada vez de forma creciente los estados están emplacando vehículos robados o clonados, es decir, a los cuales se les modifica el Número de Identificación Vehicular (NIV) y se les coloca la identificación de un auto que ni siquiera ha sido vendido en la distribuidora.
“Ese vehículo ya se encuentra registrado, ya tiene placas otorgadas ¿Y qué es lo que están emplacando? Un vehículo robado. Entonces, todo esto es consecuencia del desastre que vivimos entre la obsolescencia del Repuve y, por supuesto, la falta de obligaciones verificables y que haya un sistema nacional por parte de los gobiernos estatales”, expone Guillermo Rosales.
El presidente no les habla
El 10 de noviembre de 2022, Carlos Jiménez, titular de Daños y Automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), coincidió con el presidente de la AMDA en impulsar la modernización del Repuve, con lo que se crearán herramientas robustas que permitan modernizar la estrategia de seguimiento al delito de robo.
De acuerdo con dicha institución privada, si bien el robo en general de vehículos disminuyó 1% en los últimos 12 meses hasta marzo, las cifras son relativas, pues se hurtaron 60 mil 705 autos, es decir, un promedio de 166 vehículos por día.
Sin embargo, el robo de equipo pesado y motocicletas creció 26.5% y 19.3%, respectivamente en el último año.
“Entonces, una institución que tiene como función brindar seguridad jurídica a todos los propietarios y usuarios de vehículos, y combatir o servir para combatir y prevenir el crimen, ahora está siendo utilizada para alentar el contrabando y para legalizarlo. Estamos en el peor de los mundos”, sentencia Rosales Zárate.
El presidente de los distribuidores automotrices denuncia que no ha habido diálogo sobre el tema con el gobierno de López Obrador, tampoco sobre la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera que, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del lunes 15, rondan ya el millón y medio de unidades legalizadas, con una derrama para el erario de poco más de tres mil 600 millones de pesos.
“Pese a nuestra disposición y petición formal de establecer el diálogo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con el mismo Registro Público Vehicular, incluso desde semanas antes de la publicación (de la regularización de autos chocolate), se incumplió el compromiso de que íbamos a ser considerados en la redacción o los lineamientos para poder emitir ese programa de regularización; cosa que no se cumplió y desde que se publicó el decreto tampoco han sido atendidas nuestros llamados al diálogo”, concluye Guillermo Rosales.
