Álvaro Aragón Ayala
A más de un año de que Rubén Rocha Moya emprendió la persecución política y judicial contra los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa porque le rechazaron su Ley Estatal de Educación Superior y no le quisieron ceder el control de la institución, el saldo es altamente negativo, sobre todo para el gobernador quien fortalece a nivel nacional su imagen de autócrata. A estas alturas, es claro que la agresión se resolverá en los Tribunales Federales, no en la esfera local en donde se construyen demandas ilegales por encima de los dictámenes positivos de la Auditoría Superior de la Federación.
Los daños del ataque rochista a la Universidad son todavía impredecibles, aunque la valoración arroja que Rubén Rocha, una vez que se convenció de que jamás tendrá el dominio de la Casa Rosalina, trata de hacer el mayor daño posible para poner en riesgo la viabilidad de la institución como formadora de generaciones de profesionistas que coadyuban en la transformación y crecimiento de Sinaloa. El conflicto generado por Rocha colapsa el estado de gobernabilidad y coloca al régimen estatal en un estatus de crisis permanente por la invasión de demandas sin sustento jurídico y el uso faccioso de las instituciones gubernamentales.
El autócrata posado en el Tercer Piso ha requerido del apoyo extraordinario de amanuenses y bocas de ganso selectivamente escogidos entre universitarios y jubilados uaseños amargados, anarquistas, cuya encomienda es la agitación en el campus y la siembra de una narrativa anti-UAS, sin embargo el pasado de estos personajes los desnuda: en la «tempestad» buscan el apoyo del gobernador para intentar ganar espacios en la institución cuando hay antecedentes de que su quehacer ha infligido un daño inmenso a la juventud y al patrimonio de la Universidad.
La Fiscal de Justicia, Sara Bruna Quiñónez, se espanta cuando se habla de que los juicios por ella inventados con el apoyo de los jueces locales pueden ser valorados en una mesa de diálogo y negociación en la Secretaría de Gobernación porque sería tanto como “ponerle la soga al cuello” ya que pasaría de acusadora a acusada. No es un secreto que la Fiscal por instrucciones del gobernador fabrica demandas con “recortes de periódicos” y fotocopias de contenidos de plataformas digitales. Sara es parte de la conspiración rochista.
En apego a las facultades que le concedió el Consejo Universitario, el Rector Jesús Madueña Molina, suspendido ilegalmente de su cargo, se negó desde un principio a transitar con el gobernador en el proyecto de romper la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa para introducir un nuevo modelo de control en el que la toma de todas las decisiones recaerían en Rubén Rocha, con la trasferencia, incluso, del pago y los contrato de los trabajadores uaseños a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, lo cual “reventaría” el contrato colectivo de trabajo y eliminaría la jubilación dinámica.
La posición firme de Jesús Madueña provocó la ira de Rubén Rocha que ordenó la prevaricación de delitos y el acoso informativo-periodístico contra las autoridades uaseñas montando la narrativa de los malos manejos de los recursos de la Universidad con relatorías fantasiosas, novelescas, galácticas, que causan hilaridad social. La persecución rochista raya en el secuestro de empleados de la institución en las instalaciones de la Fiscalía de Justicia para someterlos a presión psicológica e intentar sacarles declaraciones contra los directivos de la Casa Rosalina.
Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de la Rectoría, con alto valor cívico y estatura moral a toda prueba, enfrenta la embestida. Rubén Rocha no lo quiere porque defiende con argumentos jurídicos y políticos la autonomía de la Casa Rosalina. Es tal el odio que le profesa el gobernador que llegó a inventar una ocurrencia estúpida: que los títulos firmados por Robespierre no tenían validez cuando la facultad de dictaminar en torno a legitimidad de los documentos no le corresponde al gobernador, sino al Consejo Universitario y a la Secretaría de Educación Pública.
Rubén Rocha, quien pretende destruir a institución de enseñanza superior actuando de manera errática y perversa, cree que con judicializar y encauzar carpetas de “investigación” en los tribunales locales que carecen de competencia tratar asuntos de jurisdicción federal -versus la UAS- doblará a las autoridades, sin considerar que los Tribunales Federales ya decretaron la inconstitucionalidad de la Ley Estatal de Educación Superior y ya dictaminaron que la mayoría de las demandas penales carecen de sustento legal.
El gobernador, que con sus acciones viola la autonomía de la Casa Rosalina, teme sentarse en una mesa de diálogo y negociación en la Secretaría de Gobernación porque los argumentos que ha esgrimido contra las autoridades de la UAS no tienen peso jurídico, académico ni administrativo, y porque la narrativa que ha construido para deshonrar a las autoridades e intentar meterlas a la cárcel es producto de su mente enferma que sueña con imponer su ley en la máxima casa de estudios contra lo estipulado por la Constitución y la Ley General de Educación Superior.
