Diana Lastiri y Daniel Escobar
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá rescatar dos de los 109 fideicomisos eliminados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el año 2020.
Se tratra del Fideicomiso de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para Víctimas y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE).
En el caso del Fideicomiso que beneficia a las Víctimas, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá buscará revertir su eliminación u ordenar la creación de un fondo similar que garantice, cuando menos, que el 0.014% del Prespuesto de Egresos de la Federación (PEF) se destine para el objetivo que cumplía originalmente.
Por ello, ante la Primera Sala de la Corte propondrá este miércoles amparar al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y declarar que la extinción de dicho fondo provocó la desatención de diversas reparaciones del daño, evidencia de la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado en beneficio de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.
“El que la entrega de recursos a víctimas dependa de lo que se reporte como decomisado, daña francamente los derechos humanos reconocidos, por nuestra Constitución Federal y normativa internacional, en favor de las víctimas de delito y de derechos humanos. Los bienes muebles e inmuebles derivados de los decomisos dependen del resultado de un procedimiento penal cuya duración no es menor”, indica el proyecto del ministro.
Añadió que, debido a la diversidad de mecanismos de venta de los bienes decomisados para conseguir recursos para la Comisióin de Atención a Víctimas (CEAV) y cubrir otros gastos, las cantidades que puedan ser obtenidas son variadas y dependen de factores no seguros.
Para el caso de FIDECINE, el ministro sugiere amparar a la empresa Enda Films, por considerar que la eliminación de dicho fideicomiso para apoyar proyectos fílmicos mediante recursos públicos, es inconstitucional.
El jurista argumenta que al haberse desaparecido el FIDECINE de la Ley Federal de Cinematografía, el gobierno de AMLO incumple con la obligación que tiene de prever herramientas que garanticen cultura a la sociedad y la libre expresión
“La derogación de los preceptos que articulaban al FIDECINE crea un vacío normativo en el que ya no se prevé el establecimiento de medidas positivas a cargo del Estado para garantizar la participación cultural y la libre manifestación de ideas a nivel de legislación”, indica en el proyecto que también será presentado este miércoles.
Agregó que tales deberes, no se subsanan con los mecanismos que cree el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), ya que en dado caso al no quedar estos plasmados en alguna legislación, generan incertidumbre en la población.
“No puede subsanarse con un acuerdo de naturaleza meramente administrativa emitido por el Instituto Mexicano de Cinematografía, pues implica un problema de seguridad jurídica en tanto su continuidad y vigencia no pueden ser garantizados cada ejercicio fiscal”, puntualizó.
Anteriormente otra productora llamada Springall Pictures, fue amparada por la Segunda Sala de la SCJN contra la extinción del FIDECINE por lo que ordenó al Congreso de la Unión reponerlo mediante otro mecanismo legal que atienda las funciones que tenía.
